Por: Ana Dagorret. 26/07/2023
El uruguayo Daniel Pena es sociólogo y miembro del grupo de investigadores de la Coordinación por el Agua. En diálogo con La tinta, explica los motivos que llevaron al país vecino hasta este momento crítico.
La crisis hídrica debido a la falta de agua apremia al Uruguay. La situación que atraviesa el país vecino no sólo es preocupante para su población, sino que puede leerse como un anticipo de lo que podría vivir la región con la continuidad del modelo productivo.
La noticia sobre la escasez de agua en el país ganó destaque internacional debido a que la problemática llegó a la zona metropolitana, hogar del 60% de su población. Sin embargo, esta circunstancia ya se venía denunciando desde las zonas rurales, donde los pobladores no sólo sufren con la falta del insumo, sino también por las consecuencias de la contaminación de la poca agua que allí llega.
“Hay una pésima gestión de la crisis hídrica y de la falta de agua en cantidad. Pero también ahí hay un serio problema de modelo productivo extractivista y ahí sí entra la forestación (de exóticas), la soja, el arroz, las embotelladoras de agua”, explica en diálogo con La tinta el investigador Daniel Pena, quien forma parte del grupo de Coordinación por el Agua en Uruguay.
Y agrega: “Hay todo un modelo productivo que es el que, de alguna manera, nos está dejando sin agua en cantidad o con agua de una calidad muy mala o envenenada. De hecho, gran parte del agua que nosotros tomamos a diario tiene un montón de residuos de agroquímicos. En general, ni siquiera sabemos lo que estamos tomando porque prácticamente no hay análisis público”.
Si bien el tema ganó relevancia en las últimas semanas debido al peligro real de que el país se quede sin agua para consumo, la contaminación generada por los residuos de agroquímicos también es un problema que afecta a lxs uruguayxs, cuya responsabilidad no se le puede adjudicar solamente al actual gobierno.
“Recordemos que la planta de celulosa Botnia se construyó y empezó a funcionar en período progresista. Si bien el acuerdo lo hizo el Partido Colorado, que era de derecha, se instaló la empresa en acuerdo con el Frente Amplio, que cuando era oposición estaba en contra, pero cuando fue gobierno pasó a defenderlo”, apunta Pena.
El investigador destaca también que la condición en la que se encuentra Uruguay es la de una neocolonia, donde lo producido no sólo contribuye con la contaminación, sino que tiene como destino el abastecimiento de otros países. “Producimos acá la soja que se va, con la que se van a alimentar los chanchos para las grandes ciudades de China, o la celulosa, para generar el papel higiénico o el papel de embalaje que se va a vender a Amazon para transportar su mercadería por el resto del mundo. Esta situación se ha sostenido y profundizado durante los gobiernos progresistas porque el modelo extractivista es el que defienden los progresismos”, resalta Pena.
Las consecuencias de dicho modelo están a la vista hace rato en Uruguay. Comunidades de pescadores artesanales en el río negro quedaron diezmadas con el correr de los años y la profundización del modelo. Según apunta Pena, en la localidad de San Gregorio, de 130 pescadores artesanales, quedaron 20, quienes sólo consiguen pescar el 10% en comparación con años anteriores. “Es realmente un modelo completamente insostenible, pero es la base de los sucesivos gobiernos uruguayos. Necesitan mantener una apariencia de clima de negocio, estabilidad económica y política para poder pedir más préstamos y, con eso, generar políticas sociales que no transforman la realidad en profundidad”, apunta.
Según explica Daniel Pena, esa apariencia de normalidad se hace a costa de la destrucción del territorio. “Hoy estamos pagando las consecuencias en la zona metropolitana, que es el 60% de la población. Pero las consecuencias para el resto de la población ya se viven hace rato. Hemos acompañado casos de trabajadores enfermos o que se están muriendo por la exposición a agroquímicos, quienes son invisibilizados, negados por los sindicatos y escondidos por la prensa”.
Fue sólo ante la posibilidad de que Montevideo se quede sin agua que el gobierno de Luis Lacalle Pou comenzó a tomar medidas, las cuales parecen insuficientes y fragmentadas. “Ante la emergencia, lo que hizo el gobierno es utilizar algunos fondos extraordinarios para hacer obras sin estudios de impacto ambiental y saltándose varios de los mecanismos que evalúan los daños de estas obras. Una de las cuales será en el río San José. Y la verdad es que no se sabe si el caudal del río San José va a aportar al río Santa Lucía, que es de donde toma el área metropolitana. Pero bueno, ahí están haciendo una obra de urgencia en la que se van a gastar 40 millones de dólares, sin saber a cuánta de la población va a suministrar agua”.
Ante la urgencia, también empiezan a aparecer los oportunistas. Un ejemplo claro es el proyecto Neptuno, a través del cual el gobierno uruguayo busca privatizar el proceso de potabilización del agua, actualmente gestionada por el Estado a través de Obras Sanitarias del Estado (OSE). El mismo está pensado para ser utilizado con el agua del Río de la Plata, el cual, según Daniel Pena, tampoco está exento de agentes contaminantes. “El Río de la Plata ya está sumamente dañado por toda la cuenca que viene de Paraguay, de Argentina, de Brasil, que tiene importantes volúmenes de agroquímicos y floración de cianobacterias cada vez que hace calor. Hasta ahora, lo que sabemos es que el proyecto Neptuno va avanzando. La empresa presentará la carpeta y se está evaluando a qué empresa se le va a dar la obra, cuyo costo original es de 200 millones de dólares”, expone el investigador.
Una de las medidas que el gobierno uruguayo llevó adelante para hacer frente a la escasez de agua en el territorio fue la retirada del impuesto al valor agregado al agua embotellada. Esta medida, lejos de resultar en un beneficio para la población, reduce los ingresos del Estado en beneficio de las grandes empresas. En el análisis de Daniel Pena, “lo que hizo el gobierno es aumentar la renta de las empresas privadas, ni más ni menos que a la principal dueña de agua del mundo, la francesa Danone. Esas son las medidas que ha tomado hasta ahora. Yo diría que muy insuficiente y que no está dando respuesta”.
Por otro lado, el gobierno también ha impulsado el envío de camiones cisterna para algunos hospitales y escuelas, al tiempo que ha suministrado agua embotellada en algunas instituciones. Se sabe también que fueron conformadas comisiones de padres de alumnxs que se han autogestionado para responder a la crisis hídrica. Algunos municipios también han impulsado medidas dirigidas hacia la población más vulnerable, aunque, en la condición de escasez inminente, la respuesta estatal es por demás insuficiente.
Donde existe cierto nivel de organicidad es en algunas instituciones como sindicatos y organizaciones estudiantiles. Sin embargo, el investigador de la Universidad de la República advierte: “No está habiendo una respuesta de las grandes organizaciones, justamente porque tienen una cercanía muy directa con el progresismo y el progresismo tampoco está haciendo una crítica profunda de esto”.
Uruguay fue el primer país del mundo en definir el derecho al agua potable como un derecho humano en su Constitución. A su vez, el código de agua de 1978 define el posible pago de un canon por el uso del agua industrial y comercial. Sin embargo, el mismo nunca fue reglamentado y, en la actualidad, los únicos que pagan por el agua en Uruguay son los usuarios. “Cuando uno compra agua embotellada, está comprando plástico y trabajo. El agua y la materia prima no está siendo pagada por la empresa, entonces eso ni siquiera está en discusión en el gobierno”, cuestiona Daniel Pena. “Gran parte de estas empresas tienen zona franca, es decir, libre de todo impuesto. Todo eso no está en discusión ni en este gobierno ni en la oposición, ni en las grandes organizaciones que movilizan a las masas, porque hace parte estructurante del modelo productivo y de esta lógica de desarrollo depredadora”.
En un análisis más general del momento que vive Uruguay ante la escasez de agua, el entrevistado advierte sobre posibles repercusiones ante la falta de organización popular para la defensa de los recursos y los territorios. “La gente sigue creyendo que estos megaemprendimientos como el de la celulosa y la forestación, como la soja, como el arroz, generan trabajo y generan riqueza para la gente. Y la verdad es que quienes recorremos el territorio, quienes estamos en contacto con la organización y con las personas que lo están sufriendo, lo que vemos -y además con las estadísticas oficiales también- es que cada vez hay menos empleo, cada vez hay menos gente viviendo en el territorio y cada vez la gente está más enferma”.
Tanto el acuerdo de silencio del oficialismo y oposición como los aparatos de comunicación de las grandes empresas contribuyen con la desinformación que termina perjudicando a las poblaciones locales. “Es difícil decirle a un vecino cualquiera: ‘Mirá, cuidado, cuando vos estás usando internet, en realidad, estás haciendo evaporar un montón de agua, haciendo perder tierras cultivables para que haya fotovoltaica, eólica. Estás emitiendo carbono porque, en realidad, cuando hay sequía, no hay agua, entonces las hidroeléctricas no funcionan, hay que quemar petróleo para producir energía que va a usar el data center’. Eso es súper complejo de aplicarlo”.
Ante la situación actual, los grupos de trabajo e investigación como la Coordinación por el Agua vienen librando una batalla que se presenta por demás difícil debido a la resistencia que estos debates generan. Mientras el gobierno uruguayo espera por la llegada de la lluvia para saldar el debate acerca de los problemas estructurales de abastecimiento, la población uruguaya y los pueblos de la región continúan en la lucha para garantizar un recurso reconocido como derecho humano.
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Fotografía: La tinta. Getty Images.
