Por: Stella Calloni. La Jornada. 08/09/2017
Buenos Aires. El Fiscal federal argentino, Federico Delgado, resolvió la apertura de una causa penal para investigar la responsabilidad del presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete Marcos Peña Braun, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, imputados por presunto encubrimiento en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, durante una represión de la gendarmería Nacional, de una protesta de mapuches, en Esquel provincia de Chubut.
El funcionario judicial pidió al jefe de Gabinete Marcos Peña que informe de manera “urgente” qué tareas desplegó la Gendarmería en la ruta 40 el pasado 1 de agosto, cuando desapareció el joven artesano que acompañaba solidariamente a los mapuches.
Delgado reclamó en un dictamen presentado ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral que se pidan copias de todo lo ocurrido en Esquel, y recomendó que el magistrado de Chubut, Guido Otranto, sea apartado de la causa central porque fue quien ordenó el operativo en que ocurrieron los hechos.
La causa se inició con la denuncia que presentaron el pasado 29 de agosto Graciela Rosenblum y José Schulman, en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y por Jorge Cholvis, Eduardo Barcesat y Arístides Corti, en su carácter de miembros de la asociación civil Instituto Arturo E. Sampay, misma que fue y fue aceptada el pasado 6 de septiembre por Canicoba Corral.
De acuerdo al funcionario judicial “surge que los nombrados denunciaron dos hechos concretos: en primer lugar, la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1 de agosto pasado en la localidad de Esquel, provincia de Chubut; y en segundo lugar, que no hay resultados sobre su paradero.
Además en la denuncia se postula la tesis de “un encubrimiento por parte de las autoridades públicas, también la violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad”.
Especifica el magistrado que según se desprende de la denuncia, la desaparición de Maldonado sucedió cuando participaba en un reclamo en solidaridad con los integrantes de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, próximo a la Ruta 40, en el cual intervino la Gendarmería Nacional y añade que esta acción sucedió “conforme el protocolo y las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación y por orden del juez federal de Neuquén, Guido Otranto”.
Recrea los hechos de ese día cuando Maldonado, junto con integrantes de la comunidad mapuche, se habría refugiado entre unos arbustos a lo largo de un río cercano, tras lo cual habría sido aprehendido por personal de Gendarmería e introducido en una camioneta de dicha fuerza.
A partir de ese acontecimiento, los denunciantes destacaron la existencia de un “pacto de silencio” de las autoridades estatales, y por eso denuncian el encubrimiento de la desaparición forzada de Maldonado y añaden que estas autoridades “en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”.
Asimismo destaca que el Gobierno Nacional no ha dado, frente a su requisitoria, una respuesta satisfactoria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Interamericana ni a la comisión de la Organización de las Naciones Unidas sobre Protección de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada que también se ha dirigido al gobierno y ha calificado la situación de Santiago Maldonado como “desaparición forzada”.
De acuerdo a esto, disponiendo de los artículos del Código Procesal Penal, se tratará de comprobar la veracidad de la denuncia y en el tema del encubrimiento, aunque se establece que debe intervenir el tribunal del lugar donde ocurrieron los hechos, “consideramos que no puede estar en cabeza del mismo juez que articuló la intervención de la fuerza de seguridad”.
En este caso también es “determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado Nacional” para dar con el paradero de Maldonado.
Este viernes 8 de agosto se cumplen 38 días de la desaparición, que ha conmovido no sólo al país ─donde se juzgó y aún están siendo juzgadas las desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983)─ sino a distintos países del mundo, que han demandado una respuesta al gobierno.
Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, desmintió al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj ─también imputado en estas denuncias─ quien dijo que habían asistido a los testigos en esta causa. Fuimos “nosotros los que trajimos a los testigos y nunca el gobierno les dio protección”. También reclamó una vez más que aparten a la Gendarmería de la investigación y pidió terminar con las versiones falsas y las mentiras que son operaciones “perversas” y crueles que intentan confundir a la población, algo que denunciaron también esta tarde una cantidad de organizaciones sociales que manifestaron frente a la sede de la Gendarmería en esta capital, rodeados de gendarmes y fuerzas de la infantería policial, donde se vivieron momentos muy tensos.
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Fotografía: jornada.unam
