Por: Salvador Camarena. El Financiero. 05/09/2017
Houston, tenemos un problema. O muchos, pero éste es uno muy delicado. No es nuevo, pero hoy tenemos nuevos y escabrosos detalles.
Ese problema se podría llamar el día que las universidades aceptaron prostituirse al firmar convenios con entidades del gobierno federal.
Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentan estos días una serie de reportajes sobre un mecanismo de desvío de recursos en donde ocho universidades tuvieron un rol protagónico.
Cito párrafos del reportaje:
“El esquema es simple: para eludir la Ley de Adquisiciones –que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir–, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. La ley permite hacerlo, pero sólo si las universidades realizan al menos 51 por ciento del servicio contratado (ninguna respetó eso).
“Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre 10 y 15 por ciento del total del convenio. Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados.
“De las 186 empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015, declaró ‘fantasma’ a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando las buscó para revisar su legalidad.
“Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.
“Hay casos donde el esquema involucra hasta 12 empresas en un mismo contrato. Una o dos empresas realizan el servicio y el resto cobra por no hacer nada.
“Por ejemplo, el gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, estaba al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en 2013, cuando el organismo firmó tres convenios por 491 millones de pesos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict) de la Universidad Autónoma del Estado de México, un fideicomiso público que ofrece asesorías, outsourcing o capacitación, y cuya gestión es independiente de la Universidad.
“Para hacer los servicios ‘de control, operación y soporte’ de la red interna de Banobras, el Fondo contrató a dos empresas, una de ellas Intellego Servicios de Consultoría S.A. de C.V., que se quedó con una comisión y que a su vez contrató a cinco más. Todas, excepto una, tienen una constante: irregularidades –como que no tienen ni siquiera dirección fiscal– que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa.
“La única localizada, que opera de forma aparentemente legal, fue QUITZE, S.A. de C.V. Recibió 452 mil 500 pesos para realizar los servicios, es decir, 1.18 por ciento del monto original de los convenios firmados por Banobras. Prácticamente nada. Del resto, 490 millones de pesos, no hay rastro.”
Los periodistas apenas si revisaron 73 convenios suscritos en 2013 y 2014. Hasta tres mil 433 millones de pesos se habrían perdido en los mismos. Y las universidades fueron cómplices de ello. Hay más de dos mil 61 convenios de ese tipo.
Si las casas de estudios donde formamos jóvenes se corrompen, ¿qué nos queda?
Tenemos un problema. Uno muy grande. Ojalá visiten animalpolitico.comy/o contralacorrupcion.mx.
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Fotografía: elfinanciero
