Por: Zorayda Gallegos. El País. 21/03/2016
La Comisión de Atención a Víctimas fue creada desde 2014, pero sólo ha apoyado a 138 personas debido a las trabas burocráticas que hay en la ley.
Una mañana de otoño de 2005 tres hombres armados secuestraron a Juan. En menos de cinco minutos lo sacaron de su negocio familiar, lo subieron en una camioneta y lo colocaron boca abajo cubriéndolo con un cobertor. “Dame el teléfono de tu papá”, le exigió el líder de la banda, pero el joven de 20 años no recordó el número. El delincuente le arrebató el móvil, marcó, y lo colocó en altavoz. “Papá, tienes que pagar el rescate, si no me van a regresar en pedacitos”, suplicó.
Durante 45 días estuvo con los ojos vendados y sometido a actos de tortura en un domicilio desconocido. Unas semanas antes de navidad, un grupo de policías federales rodeó la casa, rompió puertas y lo sacó de su cautiverio. Aunque algunos de los integrantes de la banda fueron detenidos, otros quedaron en libertad y comenzaron a amenazarlo. Juan –nombre ficticio para no revelar su identidad por seguridad– se fue de México y ahora busca ser indemnizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mexicana (CEAV).
La instancia se creó para reparar el daño ocasionado a quienes han sufrido las consecuencias de la lucha contra el narcotráfico en México. Juan ya completó los requisitos, pero no ha logrado su indemnización porque ahora le piden una sentencia definitiva. Laura Trejo, integrante de Alto al Secuestro, la asociación que lo ha acompañado legalmente, explica que en México la impartición de justicia es lenta y pedir una sentencia firme dificulta la indemnización de las víctimas. “En este caso hubo una sentencia firme, pero una de las secuestradoras se amparó y quedó en libertad por fallas de la autoridad. Ahora le están diciendo que la sentencia ya no es firme, pero eso no le quita la calidad de víctima a él”, explica.
La Comisión funciona desde principios de 2014, pero el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral –eje toral de la instancia– entregó los primeros apoyos hasta principios de 2015. Desde entonces la instancia solo ha garantizado la “reparación integral” del daño a 90 víctimas y ha brindado ayudas económicas a 48 personas. Entre finales de 2014 y enero de 2016, el fondo contó con 1.536 millones de pesos (unos 85 millones de dólares) pero sólo usó el 3% de esa bolsa. Este dinero se destinó para la reparación integral de diversos afectados por la violencia (94%), para las víctimas del caso Ayotzinapa y otros desaparecidos de Iguala (2%), así como para apoyar en los gastos funerarios, médicos y de alimentación de diversos afectados (2,6%).
Entre finales de 2014 y enero de 2016, el fondo de apoyo a víctimas contó con 1.536 millones de pesos (unos 85 millones de dólares) pero sólo usó el 3% de esa bolsa.
Para acceder a los apoyos las personas se deben inscribir en un registro nacional de víctimas, pero no todos logran quedar anotados. A la fecha, 7.640 personas han solicitado ser consideradas víctimas directas e indirectas, pero sólo 3.875 han logrado ser inscritas. Estar en el padrón tampoco les garantiza un apoyo. Sólo el 3,5% de los registrados ha podido acceder a los recursos del fondo de asistencia. De seguir a este ritmo, el Gobierno federal tardaría cerca de 30 años en reparar el daño del resto de las personas que esperan una indemnización o un apoyo.
Otra de las funciones de la Comisión es brindar asesoría legal, pero tampoco se da abasto. La dirección de asesoría jurídica cuenta con 60 abogados que atienden en promedio 120 asuntos cada uno.
Una ley inoperante
Diversas organizaciones y legisladores han advertido que la ley de víctimas resulta inoperante. “No atiende a las víctimas y por el contrario las revictimiza”, dijo la senadora independiente Martha Tagle Martínez en una reunión con agrupaciones de la sociedad civil. El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, también ha señalado las deficiencias operativas.
En entrevista con este medio explica que los afectados que desean contar con apoyos para pagar los gastos funerarios o de traslado tienen que cubrirlo ellos y después presentar los comprobantes. “Los pagos deben ser bajo reembolso, pero generalmente ellos no tienen para erogar esos gastos”. En el caso de las víctimas de un delito que quieren acceder al fondo de reparación tienen que presentar una sentencia definitiva, explica, sin embargo en México el índice de impunidad de los delitos es del 95%. “Debe haber un sistema más sencillo para reparar el daño sin necesidad de esperar una sentencia definitiva”, dice Rochín.
Los casos más complicados de apoyar son los de desaparición forzada. La Comisión, destaca, ha tenido que hacer malabares para liberar ayudas. Uno de los primeros obstáculos que enfrentan los familiares es que en algunas entidades –para que la investigación siga su curso– se les pide publicar un edicto en los medios de comunicación que puede valer mínimamente unos 15.000 pesos (unos 850 dólares). “En muchos casos les cuesta mucho más esta publicación que lo van a recibir de apoyo de la Comisión”.
La función de la Comisión está acotada porque sólo atiende a víctimas de delitos federales. “El gran problema es que el 90% o más de las víctimas son del orden común, se atienden en la entidad federativa”. Además los Estados tampoco han cumplido su parte. Están obligados a crear comisiones locales, pero sólo diez entidades han creado una instancia y apenas en cinco funciona.
UN LARGO CAMINO
Contar con una Ley de Víctimas en México no ha sido fácil. Las primeras exigencias se hicieron en una reunión el 23 de junio de 2011 entre el expresidente Felipe Calderón y diversas organizaciones de la sociedad civil encabezadas por Javier Sicilia. El poeta del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad pidió al mandatario la creación de una ley que atendiera a víctimas. “Aquí, señor presidente, vea bien nuestros rostros, busque bien nuestros nombres, escuche bien nuestras palabras. Estamos una representación de víctimas inocentes. ¿Les parecemos bajas colaterales?” cuestionó el activista.
La respuesta de Calderón fue la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima) que no contó con el aval de las organizaciones sociales porque no tenía un programa claro para atender a los afectados. Javier Sicilia cambió de ruta y entabló reuniones con los legisladores a fin de que impulsaran una ley acorde a la realidad del país.
A finales de abril de 2012 el congreso mexicano aprobó la ley impulsada por Sicilia, pero el Gobierno de Calderón no la recibió con agrado y la vetó. En diciembre de 2012 el mandatario dejó su cargo sin haber promulgado la legislación que le pedían. El 9 de enero del 2013, tras el cambio de Gobierno, el entrante presiente Enrique Peña Nieto expidió la ley y un año después comenzó a operar la Comisión de Atención a Víctimas.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/15/mexico/1458003614_597907.html
Fotografía: twitter
