Por: TeleSUR. 27/03/2025
“Queremos que nuestros niños sean bien educados, nos encanta que vayan a la escuela”, declaró Trump mientras rubricaba su orden para desmantelar la entidad federal encargada de la educación en territorio estadounidense.
Con la justificación de «devolver el control de la educación a los estados y a los padres», el actual inquilino de la Casa Blanca, el magnate Donald Trump, oficializó —con la firma de una orden ejecutiva— una de sus promesas en campaña electoral: clausurar el Departamento de Educación, un propósito manifestado por los republicanos conservadores durante décadas en los Estados Unidos.
Este ataque directo a la enseñanza pública y universitaria, que constituye la acción más radical del mandatario contra el sistema educativo federal hasta el momento, tendrá un impacto significativo en la asistencia a estudiantes con ciertas necesidades especiales y reducirá el tamaño de las clases, así como el apoyo para maestros y trabajadores sociales.
Y si bien la eliminación absoluta del Departamento requiere la aprobación del Congreso, lo que deja en el aire el futuro de muchas de sus funciones, el jefe de Estado ha reducido su personal en un 50 por ciento, cancelado contratos y eliminado varios programas desde que inició su segundo mandato presidencial el pasado 20 de enero.
Las consecuencias de una vieja promesa
De acuerdo con el presidente de EE. UU., la actual secretaria de Educación, Linda McMahon, será la encargada de facilitar el cierre de la entidad que, a diferencia de otros países, no administra de manera directa las escuelas públicas, porque la educación se gestiona a nivel estatal y municipal.
No obstante, el Departamento de Educación sí opera fondos federales equivalentes al 14 por ciento del presupuesto de las escuelas públicas, recursos imprescindibles para programas de inclusión. Asimismo, esta decisión tendrá un impacto negativo sobre universidades y estudiantes.
Esta secretaría maneja casi 1.5 billones de dólares en deuda estudiantil para más de 40 millones de personas. Por tanto, la aplicación de la orden ejecutiva pondría en riesgo el acceso a préstamos y asistencia financiera, a la vez que perjudicaría la educación superior en el país.
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Durante uno de sus primeros actos como el 47.º presidente de EE. UU. en enero pasado, Trump manifestó: “en años recientes… los padres han atestiguado a escuelas adoctrinando a sus hijos en ideologías radicales antiestadunidenses mientras deliberadamente obstruyen la supervisión de los padres”.
Desde entonces, ha apostado por una agenda favorable para privatizar la educación. Como parte de su estrategia, que incluye el impulso de «programas de opción escolar» para desviar fondos públicos a instituciones privadas y religiosas, el desmantelamiento del Departamento de Educación ocupa una posición estratégica: podría debilitar normativas sobre equidad racial y de género, afectando programas de diversidad e inclusión impulsados en las últimas décadas.
Los recortes presupuestarios como arma de presión
En paralelo a esta medida a escala federal, el Gobierno de Trump ha usado fondos como arma política contra varias universidades del país, como Harvard, Columbia, Yale y la Universidad de Pennsylvania. A partir de amenazas sobre supuestos recortes al presupuesto, la Casa Blanca ha intentado influir en la gestión académica y en los contenidos que imparten.
A inicios de este mes, la Universidad de Columbia recibió un recorte de 400 millones de dólares en subvenciones federales, luego de las manifestaciones estudiantiles a favor de la causa palestina y contra el genocidio sionista, lo que afectó proyectos de investigación médica y científica. Para recuperar parte de estos fondos, la administración de EE. UU. puso como condición que se le entregue el control del Departamento de Estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África a la Casa Blanca por cinco años.
En tanto, la casa de altos estudios de Pennsylvania enfrenta la posible suspensión de 175 millones en apoyos debido a su política sobre atletas transgénero. Mientras que en la Universidad Johns Hopkins, los recortes han provocado la eliminación de 2.000 empleos. Estas presiones han generado alarma en el ámbito académico, ya que sientan un precedente peligroso de intervención gubernamental en la educación superior.
Estas reformas y mecanismos de presión ofrecen algunas pistas de la política trumpista en torno a la educación, una que favorece la privatización de la docencia y, por otro lado, establece límites a la autonomía académica.
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Fotografía: Resumen latinoamericano.
