Por: Laura de Grado, Cristina Bazán, Meritxell Freixas y Macarena Baena. 16/03/2025
El avance de las políticas de ultraderecha en países de todo el mundo está suponiendo un importante retroceso de los derechos fundamentales de mujeres y niñas, con un ataque directo a su autonomía y libertad.
Este 8M, Día Internacional de las Mujeres, Efeminista recorre el mundo para mostrar las consecuencias que el avance registrado en los últimos años de esas políticas antifeministas está teniendo para la mitad de la población de países como EE.UU., Argentina, Italia, Hungría o Polonia, entre otros.
Países que se unen a otros muchos como Afganistán, Irán, India, Siria, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua donde, al margen de esa ola reaccionaria y del avance de las corrientes antifeministas y neoconservadoras, las mujeres carecen de los derechos más elementales o éstos son cercenados de manera impune ante los ojos del resto del mundo.
Este 8M, víctimas de esas políticas, activistas y expertas de organizaciones internacionales como Planned Parenthood Federation of America, Amnistía Internacional (AI), el Centro de Derechos Reproductivos, Mi voz Mi decisión, Colectivo Alejandría, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador o Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina, explican a Efeminista su auge y sus consecuencias para mujeres y niñas de todo el mundo.
Objetivos: Aborto, violencia de género, migrantes y personas LGBTIQ+
Y es que uno de los principales objetivos de la ultraderecha es su política contra el aborto, atacando de manera constante el derecho a la interrupción del embarazo y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de niñas y mujeres.
Negar la violencia de género es otra de las estrategias de su discurso. Con la extrema derecha, se desmantelan políticas de protección y se limitan o eliminan los fondos destinados a casas de acogida y programas de apoyo a víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos, mientras que las denuncias de acoso sexual son desacreditadas, lo que favorece la impunidad de los agresores.
Al mismo tiempo, se refuerzan los estereotipos de género que relegan a las mujeres a roles tradicionales de madres y cuidadoras, limitando su acceso a la independencia económica y a la vida pública, y dando lugar a la perpetuación de la brecha salarial y la invisibilización de las mujeres en cargos de poder y toma de decisiones.
Las personas migrantes y LGBTIQ+ también son víctimas de estas políticas regresivas. Los discursos racistas y homófobos de estos grupos políticos hacen aumentar los actos de odio hacia estos colectivos que, además, ven cómo se niegan algunos de sus derechos fundamentales, mientras que los recortes en servicios sociales aumentan su precarización y vulnerabilidad.
El aborto en Estados Unidos, el inicio del retroceso de otros derechos
Estados Unidos es el ejemplo más evidente de un país donde los derechos de las mujeres y de la población LGTBIQ+, que parecían consolidados, se han ido cercenando en los últimos años empujados por el avance de los discursos negacionistas y ultraconservadores y, recientemente, por la llegada nuevamente al poder de Donald Trump y de su vicepresidente J.D. Vance.
El derecho más afectado, sin duda, es el del aborto, cuya protección constitucional se vino abajo cincuenta años después de su aprobación, cuando el Tribunal Supremo revocó, en junio de 2022, la sentencia conocida como ‘Roe versus Wade’.
Tras esa decisión, que tuvo lugar durante el gobierno del demócrata Joe Biden debido al apoyo de tres jueces designados por Trump en su anterior mandato, el aborto se ha prohibido en doce de los cincuenta estados. En otra veintena hay restricciones que van desde las 6 hasta las 23 semanas de gestación, o solo se puede acceder bajo causales, según reportes del Instituto Guttmacher.
“Estamos en una etapa de confusión, de caos, hasta cierto punto en un limbo, y atravesando una crisis de salud pública en materia de salud sexual y reproductiva”, describe a Efeminista la directora de comunicaciones y medios latinos de Planned Parenthood Federation of America (PPFA), Alejandra Soto.
Gabby vive en Florida, donde el aborto está prohibido desde la sexta semana de gestación, y es una de las tantas personas que ha vivido en carne propia las restricciones a este derecho. Cuenta a Efeminista que quedó embarazada porque su anticonceptivo falló después de que entró en vigor la legislación y aunque en un principio tenía claro que no quería tener otro hijo tampoco tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre ello pues el tiempo se le vino encima.
“Florida es muy estricta con las leyes sobre el aborto. Hemos escuchado muchas conversaciones sobre la criminalización y el estado incluso llegó a atacar la campaña de la Enmienda 4 (que habría consagrado el aborto en la constitución). Muchas personas tienen miedo y han adoptado métodos inseguros para proteger su privacidad de la legislación”, explica.
Mujeres se manifestaron en 2022 en contra de la decisión del Tribunal Supremo de revocar Roe vs. Wade en Los Ángeles, California. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT
Las restricciones se ceban con las más pobres, racializadas y migrantes
La vocera de PPFA dice que el país está “fracturado” por las políticas de aborto, ya que sus restricciones terminan afectando a las mujeres más pobres, a las racializadas y a las migrantes, quienes no pueden permitirse viajar miles de kilómetros hacia otros estados donde la interrupción del embarazo es legal.
Esta fracturación, dice Soto, crea una gran “confusión” en las mujeres y aumenta el “estigma” ya que, explica, no hay ninguna razón médica para que el límite de semanas de gestación para abortar varíe en función del estado en el que se viva. Y sostiene que una de las consecuencias de esta disparidad es que los médicos deban consultar continuamente a sus abogados sobre si pueden o no prestar atención médica a las mujeres.
“Se sienten atados de manos. ¿Cuándo se ha escuchado que un doctor tenga que hablar con su abogado para ver si le da o no un tratamiento a su paciente?”, cuestiona.
Criminalizar un derecho
En Estados Unidos, la gran mayoría de los abortos (un 63 % según Guttmacher) se realizan con medicamentos. Sin embargo, precisa Soto, en algunos estados el personal sanitario y otras personas pueden ser perseguidas, criminalizadas o sancionadas por facilitar esas medicinas o ayudar a quienes quieren abortar.
Esa realidad puede empeorar y el ejemplo es el estado de Montana, donde se ha presentado un proyecto de ley para catalogar como delito grave que una embarazada residente se realice un aborto dentro o fuera del territorio estatal.
“Aunque este proyecto no se convierta en ley, da la idea a otros estados para adoptar una legislación similar. Todavía no se encarcela a la mujer embarazada, pero es parte de la estrategia y lo están intentando”, asevera.
En 2023, más de 166.000 mujeres viajaron a otros estados para recibir atención médica relacionada con el aborto, el doble que en 2020.
“Patriarcado”, “supremacía blanca” y ataque a la población LGBTIQ+
Para la directora de género, sexualidad e identidad de Amnistía Internacional (AI) Estados Unidos, Karla Gonzáles, las restricciones al aborto y a otros derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+ son parte de una agenda “mucho más amplia” y “mundial” que la ultraderecha está implementado desde hace años y que tiene su origen en “el patriarcado” y la “supremacía blanca”.
“No es algo que ha sucedido de la noche a la mañana y ahora con Trump se ha multiplicado y está atacando a los programas o las iniciativas de diversidad, inclusión y equidad”, explica.
Según el último informe de AI sobre derechos humanos, en 2023 en Estados Unidos se aprobaron 84 proyectos de ley “anti-LGBTI”, lo que cuadruplica la cifra de 2022, normativas cuyo objetivo era limitar o eliminar los derechos de las personas LGBTIQ+.
Con la vuelta de Trump ese escenario puede ir a peor, especialmente después de que decretase que el Gobierno federal “sólo reconocería dos sexos, masculino y femenino”. Semanas después, Human Rights Watch (HRW) alertó de que la administración estaba retirando la financiación y apoyos federales a los procedimientos de atención sanitaria de las personas trans.
Las víctimas de violencia de género también se han visto afectadas por estas políticas tras congelarse los fondos destinados a programas internacionales para la lucha contra esta violencia y a refugios de mujeres supervivientes, añade Gonzáles.
“Casi un millón de mujeres ya no van a tener acceso a programas y servicios” para víctimas de violencia de género, indica.
Latinoamérica, derechos en peligro en países con gobiernos de derecha y de izquierda
En Latinoamérica la arremetida ultraconservadora contra los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+ ha golpeado con fuerza a Argentina, de la mano del presidente de extrema derecha Javier Milei; y a Centroamérica, donde mandatarios como Nayib Bukele, en El Salvador, han radicalizado sus discursos.
Después de haber logrado avances fundamentales como la legalización del aborto en 2020, la ley de cupo laboral travesti-trans y la implementación del DNI no binario, entre otros, Argentina atraviesa hoy un contexto “regresivo” que pone “en riesgo” estas conquistas, dice a Efeminista la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
Miles de mujeres marcharon en 2023 durante el Día de Acción por la Despenalización del Aborto, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Enrique Garcia Medina
El gobierno de Milei y el desmantelamiento de los derechos de las mujeres
El gobierno de Milei -explica- “desmanteló” instituciones, entre ellas el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y “recortó en asistencia y políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género”, como la Línea 144, destinada históricamente a atender llamadas de víctimas de violencia de género y transformada ahora en un servicio general de atención a la violencia, “desconociendo la especificidad de la problemática estructural”.
En 2024, se registraron 252 femicidios, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un 8 % más que en 2022. El anuncio de Milei de eliminar este delito del código penal implica, según AI, “invisibilizar una realidad que se sigue cobrando vidas”.
Con la llegada del ultraconservador al poder, también se ha registrado un “notable aumento” de las barreras de acceso al aborto, uno de los mayores logros del feminismo argentino. Según IA, en 2024 las consultas sobre obstáculos para interrumpir un embarazo crecieron un 275 % respecto al año anterior.
“Estamos en una situación de crisis total en la medicación abortiva y anticonceptiva porque el año pasado se entregaron las últimas medicaciones y para 2025 no hay planificación”, advierte a Efeminista la doctora Julia Bazán, médica de familia de un hospital público en la provincia de Buenos Aires.
“Se vuelve a exponer a las mujeres a los abortos inseguros” con la compra de pastillas por Internet que provocan hemorragias e infecciones, advierte.
El discurso antifeminista de Milei también apunta a las personas LGTBI: “Les niega el derecho a la identidad de género” y “las estigmatiza”, dice Belski. Ante este escenario, Jenny Durán, activista feminista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, valora que los feminismos ya hablen de “fascismo” para referirse a la negación de los derechos de la mitad de la población.
Derechos estancados en Honduras, Guatemala o Nicaragua
Además, en países como Honduras, Guatemala o Nicaragua, donde sus gobernantes se han identificado como políticos de izquierda, los derechos de las mujeres, especialmente los reproductivos, siguen anclados en el siglo pasado y las tasas de feminicidios, violencia física y sexual y de embarazos infantiles son alarmantes.
La vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez, explica a Efeminista que pese a los avances legislativos que experimentó Colombia hace tres años cuando despenalizó el aborto hasta la semana 24, o los registrados en México, donde cada vez más estados legalizan la práctica, todavía hay países donde se mantienen prohibiciones totales con “un impacto terrible en la vida de las mujeres, las adolescentes y las niñas”.
Cuatro de los diez países del mundo con las penas más severas sobre el aborto están en Centroamérica y el Caribe: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Además Guatemala, Costa Rica y Panamá no aplican las leyes que permiten abortar por motivos de salud, riesgo de muerte o violación.
La violencia sexual es “generalizada y sistémica”
En Guatemala, por ejemplo, la violencia sexual es “generalizada y sistémica”, según ha documentado HRW. Producto de esas violaciones, miles de niñas quedan embarazadas cada año y son forzadas a una maternidad no deseada ante la imposibilidad de acceder a un aborto, lo que trunca su futuro y su vida.
En Honduras, organizaciones feministas constataron que, en 2024, el 76 % de las víctimas de violencia sexual eran niñas y en el 77 % de los casos el agresor era un familiar o una persona conocida por la menor. Más del 90 % de esos delitos continuaban impunes por la lentitud de las investigaciones.
Mientras que en Nicaragua, la violencia sexual contra niñas y adolescentes es una de las más graves de la región. En 2018, según cifras de IPAS, el 41 % de los peritajes médico-legales por violencia sexual se realizaron en niñas y niños de entre 0 y 12 años y el 40 % en adolescentes de entre 13 y 17 años. El 99 % de las víctimas eran mujeres.
“Creo que la razón fundamental por la cual no se avanza es porque seguimos viviendo en unas sociedades patriarcales, donde la norma que rige es la que escribieron los hombres y, cuando digo la norma, no hablo solamente de la legal, sino también de la social y cultural”, dice Martínez.
Varias personas tocan instrumentos durante una jornada de manifestaciones por el Día Internacional de la Niña, en 2021, en Ciudad de Guatemala. EFE/ Esteban Biba
Niñas y maternidades forzadas
La violencia sexual “se ha normalizado de una forma muy brutal en la sociedad”, hasta el punto de que “muchas veces no es percibida como tal o es justificada”. Por lo que Martínez urge a combatir lo “cultural y lo social” para poder avanzar en lo legal.
Con la campaña Niñas no madres, el Comité y otras organizaciones lograron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenara a Nicaragua y Ecuador por el caso de tres niñas a quienes, tras ser violadas y quedar embarazadas, no se les permitió abortar, y les ordenó despenalizar la práctica.
Sin embargo, la implementación de este fallo no será posible por el momento en Nicaragua, ante la negativa del Gobierno de Daniel Ortega de “cumplir con los derechos humanos”, lamenta Martínez.
Y muestra su preocupación porque “perfiles que no vienen desde el mundo de los derechos humanos” estén llegando a instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya han comenzado a instalar discursos en contra del avance en derechos, entre ellos los sexuales y reproductivos.
Negación de las personas trans en El Salvador
La activista trans salvadoreña y directora del Colectivo Alejandría, Karla Guevara, hace seis años que pelea por conseguir su cambio de nombre oficial. En El Salvador no existe una ley de identidad de género, por lo que emprendió un proceso en los juzgados de familia de San Salvador, su ciudad natal.
“Luego de tres años de un proceso difícil, revictimizante y discriminador, el juzgado accedió al cambio de nombre y género de mis documentos de identidad”, explica a Efeminista.
Sin embargo, y “a pesar de contar con una sentencia judicial que lo dictamina”, la alcaldía de la ciudad, del mismo partido que el Gobierno de Bukele, se opuso a expedirle una nueva partida de nacimiento con su nuevo nombre y género.
Aunque denunció por “incumplimiento de sentencia judicial”, su caso no prosperó porque el Estado recurrió al Tribunal Constitucional salvadoreño y ahora está en “un limbo jurídico”.
“Hay una persecución política para atacarme y han bloqueado el cambio de mi nombre y género como un revanchismo político también”, acusa Guevara.
Rechazo a la educación sexual
La líder de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, Morena Herrera, asegura a Efeminista que el Gobierno de su país “está reaccionando a los avances de los derechos de las mujeres que se han ido construyendo después de la guerra”.
Ha frenado políticas de educación sexual –”que ni siquiera bajo el alero del FMLN se incorporaron de forma eficaz”, critica– y de formación de policías con perspectiva de género y, en 2024, el Gobierno eliminó los lineamientos de atención para personas LGBTIQ+ en centros de salud y prohibió que las instituciones estatales se refirieran al acrónimo LGBTIQ+.
Una persona muestra un gran documento de identidad en medio de una marcha en 2023 en la que exigían una ley de identidad de género en San Salvador. EFE/ Miguel Lemus
Los derechos de las mujeres, en riesgo también en Europa
“Los derechos de las mujeres siempre están en riesgo y es muchísimo más evidente cuando hay gobiernos que dan alas a una serie de narrativas y políticas. Y eso lo hemos visto en Estados Unidos, pero también lo estamos viendo en varios países de Europa”, asegura a Efeminista la responsable de Campañas sobre Mujeres de Amnistía Internacional, Mónica Costa Riba.
Entre los derechos en jaque, Costa destaca los sexuales y reproductivos, especialmente el acceso a un aborto seguro, libre y gratuito. Se calcula que en toda Europa más de 20 millones de mujeres no tienen garantizado ese derecho, y hay países como Andorra o Malta en los que “está totalmente penalizado”.
O como Polonia, que tiene una de las leyes del aborto más restrictivas de todo el continente. El texto, de 1993, solo permite abortar en caso de violación o incesto, o riesgo para la salud física de la madre. Hasta 2020 también se podía en caso de malformación del feto, pero durante el gobierno de ultraderecha del Partido Ley y Justicia (PiS), el Tribunal Constitucional eliminó este supuesto, que era al que podían acogerse la mayoría de mujeres.
La promesa electoral del primer ministro, Donald Tusk, y su Coalición Cívica de avanzar hacia un aborto libre, legal y sin riesgos, no se ha cumplido desde su llegada al poder en 2023.
“El aborto está increíblemente penalizado en Polonia”
“El aborto está increíblemente penalizado en Polonia, sobre todo, a nivel de ayuda. En principio, tras el cambio de gobierno, las embarazadas no son penalizadas por abortar, pero todo lo de alrededor sí está penalizado”, explica Costa.
Esto incluye a las personas y organizaciones que ayudan o facilitan el acceso al aborto, como el personal médico, activistas o quienes brindan apoyo logístico, como transporte o asesoría legal. Esta criminalización supone, en realidad, “un impedimento para acceder a un aborto seguro”.
Añade que aunque la situación política ha cambiado, “la narrativa anti derechos de las mujeres” está muy presente en la sociedad polaca como resultado de años de políticas nefastas para ellas.
Mujeres marcharon a favor del aborto el 8 de marzo de 2024 en Varsovia, Polonia. EFE/EPA/ALBERT ZAWADA
Justyna Wydrzyńska, condenada por ayudar a abortar
En este contexto, la activista Justyna Wydrzyńska, una de las defensoras de los derechos reproductivos más reconocidas en el país, ha sido criminalizada por su labor de acompañamiento y apoyo a mujeres que deciden abortar.
Su historia comenzó en 2006, cuando ella misma se sometió a un aborto en un contexto de total desamparo. Fue en ese momento cuando fue consciente de la falta de apoyo institucional y de la estigmatización. Desde entonces, Wydrzyńska ha sido una voz activa en organizaciones como Abortion Dream Team, Women on Web o Abortion Without Borders (AWB).
Hace cinco años, en febrero de 2020, la activista facilitó unas píldoras abortivas a una mujer y el marido informó a la policía, lo que provocó que Justyna fuera acusada de ayudar a un aborto (artículo 152.2 del Código Penal) y de poseer medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado. Fue condenada a ocho meses de trabajos comunitarios.
Pese a las enormes dificultades y a las amenazas judiciales, Justyna Wydrzyńska nunca se ha planteado abandonar su lucha.
“Sabía que si mostraba miedo todas las activistas que hacen este trabajo podrían desaparecer. Supe que tenía que mostrar que soy fuerte y que no tengo miedo, aunque realmente estaba asustada porque la cárcel era muy posible”, comenta.
“No estamos dispuestas a esperar a que las leyes cambien”
Tras cumplir condena, su sentencia fue anulada con el argumento de que hubo irregularidades lo que motivó la reapertura del caso y la posibilidad de ser encarcelada.
“No hay garantía de que el veredicto sea menos severo que el anterior. El nuevo juez podría considerar que lo que hice es un crimen”, explica.
Aunque el cambio de gobierno en 2023 ofreció una ligera esperanza, asegura que “realmente no ha cambiado nada” ya que “la ley, los médicos, el fiscal y los jueces siguen siendo los mismos”.
La activista y su equipo en Abortion Dream Team han ayudado a más de 47.000 mujeres a acceder a un aborto en el último año, un logro impresionante, teniendo en cuenta las dificultades legales y sociales que enfrentan.
“El objetivo principal es apoyar a las mujeres y a las personas gestantes. No estamos dispuestas a esperar a que las leyes cambien, nos organizamos entre nosotras para ayudar a quienes lo necesitan”, asegura con determinación.
Italia, Meloni y la erosión de derechos
En Italia, donde antes de la llegada al poder de la ultraderechista Giorgia Meloni el acceso al aborto ya era difícil pese a ser legal, desde 2022 la erosión de este derecho se ha acelerado. El principal obstáculo, del que colectivos feministas y organizaciones no gubernamentales llevan años alertando, es la objeción de conciencia.
El 63,4 % de los ginecólogos se declararon objetores, porcentaje que se eleva al 85 % en lugares como Sicilia o Abruzzo, según datos de Médicos del Mundo recogidos en 2021. La ONG también señala que las mujeres son obligadas a escuchar el latido fetal o que son víctimas de actitudes hostiles y lenguaje ofensivo por parte del personal sanitario.
En abril de 2024 el gobierno de Meloni aprobó un paquete de enmiendas que incluye el permiso a las organizaciones antiabortistas a entrar en las clínicas donde las mujeres abortan. Y consiguió eliminar de la declaración conjunta del G7 de junio de 2024 el respaldo explícito a la interrupción voluntaria del embarazo “segura y legal” que se determinó en la cumbre de 2023.
“Me preocupa mucho que este Gobierno conduzca a peores consecuencias para las mujeres porque lo estamos viendo en otras partes de Europa, estamos retrocediendo”, lamenta la activista italiana, Ginevra Contini.
El estigma del aborto en Italia
Contini fue una de las activistas que durante 2023 recogió firmas en el país para la campaña Mi voz, Mi decisión, con la que se pretende garantizar el acceso al aborto seguro, gratuito y accesible en Europa. Y constató que el aborto “sigue siendo un tabú” del que no se habla abiertamente “por miedo a ser juzgadas”.
“Creo que lo que está haciendo Meloni es tratar el derecho al aborto como un tema divisorio recurriendo a la religión, pero hay mucha gente católica que está a favor del aborto y del derecho a decidir”, explica.
Ella misma sufrió los obstáculos que ya existían en el país antes de la llegada de Meloni. Recuerda que en el hospital donde abortó hace seis años “había un cartel muy grande con una imagen de un feto y mensajes religiosos”.
Además, tuvo que enfrentarse al cuestionamiento por parte del personal médico, lenguaje humillante, violencia institucional, falta de información y constantes trabas y retrasos en los procedimientos.
“Me dijeron que tenía que hablar con un psicólogo para asegurarme de que realmente quería hacerme el aborto”, recuerda. Un mes mas tarde de abortar tuvo una hemorragia y cuando acudió al hospital, su ginecóloga no la quiso recibir y le llego a decir: “Tú querías hacerte un aborto, ahora no te quejes”.
El derecho al aborto, sin garantía en gran parte de Europa
Hay países como Eslovaquia donde, pese a que el aborto es accesible, hay constantes intentos de restringirlo por parte de partidos políticos vinculados a grupos antiderechos, explica la experta de Amnistía Internacional.
Ahora, el discurso de Trump “da muchísimas alas a todos estos grupos que llevan mucho tiempo trabajando para restringir el acceso al aborto en Europa”, avisa Costa.
Algo parecido ocurre en Hungría, donde desde septiembre de 2022 el gobierno ultraconservador de Viktor Orbán obliga a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo a asistir a sesiones de asesoramiento con el servicio de protección familiar y a escuchar el latido del feto. La actual ley, de 1992, permite abortar hasta la semana 12 o hasta la 24 en caso de patologías del feto incompatible con la vida o de riesgo de muerte para la madre.
En España también ha habido intentos por parte del partido de ultraderecha Vox y de grupos católicos de recortar los derechos sexuales y reproductivos. En 2022, en Castilla y León, propusieron el llamado “protocolo provida” que pretendía obligar al personal sanitario a ofrecer a las mujeres que quisieran abortar escuchar el latido fetal y una ecografía 4D. Actualmente el 81 % de los abortos en España se realizan en clínicas privadas.
Hungría contra los derechos de las personas LGTBIQ+
Hungría otro de los países que está en el foco, en este caso por el ataque directo a los derechos de las personas LGTBIQ+. Desde que el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán llegara al poder en 2010 su Gobierno aprobó una serie de leyes que limitan los derechos de las personas LGTBIQ+ en el país.
La conocida como Ley de propaganda aprobada en 2021 por el partido de Orbán, Fidesz, ha limitado el acceso a información y educación entre la juventud y ha generado un ambiente de miedo e intimidación entre la población queer, según Amnistía Internacional.
La ley prohíbe representar y promocionar las “identidades de género y orientaciones sexuales diversas”, es decir, todo lo que esté fuera de la cisheterosexualidad, en la educación pública, los medios de comunicación, la publicidad, o las actividades comerciales.
Una librería de Budapest ha sido multada con 32.000 euros por vender libros de contenido homosexual sin el envoltorio exigido.
“Lo más importante es el miedo que genera la ley y que trabajadores culturales y artistas recurran a la autocensura, para evitar conflictos (con el Gobierno)”, explica a Efeminista el escultor y artista Gideon Horváth.
Prohibición de la Marcha del Orgullo Gay
El artista ha enfrentado varios intentos de censura por parte de las instituciones húngaras, aunque destaca que en Budapest, gobernada por un alcalde progresista, en las entidades del Ayuntamiento los proyectos se realizan sin problemas.
“El asunto tiene historia en Hungría, ya antes de la caída del Telón de Acero (1989) la censura era un instrumento al que se acudía. Hay que conocer el contexto histórico para entender porqué sucede eso tan fácilmente en este país”, concluye el artista.
Hace unos días, Orbán anunció su intención de prohibir en el futuro la Marcha del Orgullo Gay, que se celebra desde 1997 en julio en Budapest.
Italia, la lucha de las madres lesbianas por no perder derechos sobre sus hijas e hijos
Padua, en Italia, es otro de los lugares donde se han conocido intentos de recortar derechos por parte de la ultraderecha, en este caso los de las familias homoparentales.
Greta y Alessandra (nombres ficticios), madres de una niña de 5 años, son una de las 37 familias a las que la Fiscalía de Padua llevó a juicio para tratar de retirar el apellido de la madre no gestante del certificado de nacimiento de su hija.
En 2023 Meloni ordenó a los ayuntamientos prohibir que las parejas homosexuales pudieran inscribir en el registro civil a sus hijas e hijos como descendientes de los dos progenitores. La consecuencia es que solo se reconoce a la madre gestante y se impide que la otra madre (aunque haya donado sus óvulos y aportado la carga genética) figure en el registro y que la menor lleve su apellido.
En el caso de Greta y Alessandra, esto supone que la niña pierde la línea hereditaria de una de las madres y los derechos que ello conlleva, tanto para la madre como para la hija, a la que deja en una situación de desprotección respecto a los hijos e hijas de parejas heterosexuales.
El problema, cuentan, es que existe “un limbo legal” desde que en 2016 Italia aprobó las uniones civiles homosexuales (no el matrimonio) pero sin elaborar una ley clara sobre los derechos parentales de estas familias.
Actualmente la pareja está “a la espera” de que el Tribunal Constitucional se pronuncie y cree jurisprudencia al respecto.
“Lo estamos pasando muy mal porque faltan leyes que nos protejan”, lamentan Greta y Alessandra, y explican que si los gobiernos anteriores hubieran blindado los derechos de las parejas LGTBIQ+, ahora a Meloni le hubiese costado más cercenarlos.
Dos jóvenes se miran y se abrazan durante una manifestación a favor de los derechos LGTBI en Italia. EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO
Incumplimiento del Convenio de Estambul
El auge de las ultraderechas también ha traído consigo el negacionismo de la violencia de género y la legitimación de narrativas que cuestionan tratados internacionales contra la violencia machista como el Convenio de Estambul.
Este instrumento jurídico que establece normas para prevenir, perseguir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas entró en vigor en Europa el 1 de agosto de 2014 y ha sido ratificado por 38 países. En octubre de 2023 entró en vigor en la Unión Europea.
La adhesión conjunta de la UE permite aplicar políticas globales y coordinadas a nivel comunitario y obliga a los Estados miembros a aplicar normas vinculantes para luchar contra la violencia de género. Con ello los seis países -Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia- que no lo habían ratificado a título individual, tienen la obligación de adaptar su jurisdicción al tratado.
“El convenio de Estambul es un instrumento importantísimo para los derechos de las mujeres y para prevenir la violencia de género”, defiende la experta de Amnistía Internacional. No obstante, países como Turquía lo ha abandonado y Polonia se ha planteado salir.
El negacionismo de la violencia de género también ha sido una de las insignias de la ultraderecha en España. Uno de los impactos más notables ha sido la eliminación de las concejalías de igualdad en los ayuntamientos de Huelva, Valladolid, Toledo, Burgos, Talavera de la Reina, Orihuela o Elche, todos ellos gobernados por una coalición de Vox y el PP desde las elecciones municipales de 2023.
Además, desde que consiguieron representación parlamentaria y se hicieron con parte del poder autonómico impiden o boicotean cualquier declaración institucional sobre violencia machista o en defensa de los derechos de las mujeres.
La movilización y la solidaridad “es clave”
Este retroceso global no es una situación pasajera, advierte Costa Riba, y su alerta es clara: la amenaza a los derechos de las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+ lleva años aumentando y no muestra señales de disminuir.
Por eso, asegura, “la movilización es clave”, ya que este retroceso afecta a toda la sociedad.
“Pensar que esto no te afecta a ti es un error. Nos afecta a todos porque el debilitamiento de derechos no es algo que se quede en un ámbito lejano; es una cuestión que nos toca como sociedad”, explica Costa.
La solidaridad con las personas más vulnerables es ahora más crucial que nunca, añade, y destaca que ya existen numerosos colectivos organizados que están luchando para frenar estas políticas y narrativas regresivas.
“Es esencial visibilizar y apoyar esas alternativas, y unirse a los esfuerzos de quienes ya están construyendo una sociedad más tolerante donde los derechos humanos sean la pieza angular”, concluye.
Coincide con ella la activista salvadoreña Morena Herrera: “Los feminismos y las personas que forman parte de las comunidades LGBTIQ+ tenemos propuestas de cambio de vidas cotidianas, que no solo cambian el imaginario de la gente, sino también las maneras de relacionarse”.
“Cuando hablamos de poner la vida en el centro, cuidarnos y cuidar a los demás, estamos situando la convivencia en otro lugar, en un lugar que es atractivo y que ha calado”. Se trata, insiste, de “una de las propuestas de transformación social más profundas” que va más allá de los poderes institucionales porque pasa por los “poderes personales y las relaciones”. “Es un cambio civilizatorio”, concluye.
Al margen del retroceso de los derechos de millones de mujeres y niñas en todo mundo por el avance de la extrema derecha, hay países como Irán, Afganistán, India o República Democrática del Congo en los que la vida de mujeres y niñas carece de valor, y son sistemáticamente despojadas de los derechos más fundamentales, mientras que en zonas de conflicto como Palestina o Ucrania la violencia sexual sigue siendo utilizada como arma de guerra y mujeres y niñas afrontan un recrudecimiento de la violencia de género y sexual, sobrecarga de cuidados y pérdida de derechos sexuales y reproductivos.
Afganistán, “los derechos de las mujeres se limitan a comer, beber y respirar”
En palabras de la activista afgana Mina Rafiq, “los derechos de las mujeres afganas se limitan ahora a apenas comer, beber y respirar en un espacio sofocante”.
La llegada de los talibanes al poder en Afganistán en 2021 ha representado un retroceso significativo para las mujeres, que han visto cómo se aniquilaban sus derechos.
Las afganas enfrentan prohibiciones en áreas clave como la educación, el trabajo y la vida social, con medidas como la segregación en parques y la exigencia de un tutor masculino para salir de casa.
“Las mujeres afganas se enfrentan a un futuro oscuro e incierto. Es posible que la próxima generación ni siquiera sepa qué significa ser mujer, qué son sus derechos o qué es la educación”, asevera Rafiq.
Irán, subordinación y castigo de las mujeres
En Irán, las mujeres están al frente de la lucha por las libertades civiles, enfrentando una doble represión: la impuesta por el régimen islámico y la discriminación por su género.
Desde la Revolución Islámica de 1979, las leyes han subordinado a las mujeres, obligándolas a depender de la autorización masculina para trabajar o estudiar. Activistas como Narges Mohammadi y Nasrin Sotudeh se han convertido en símbolos de la resistencia, que se intensificaron con el movimiento “Mujer, Vida, Libertad” tras la muerte de Mahsa Amini en 2022.
A pesar de la brutal represión, que dejó más de 500 muertos, las mujeres continúan desafiando el régimen, negándose a usar el velo como acto de resistencia. Sin embargo, esta lucha tiene un alto costo, con la condena a muerte de varios activistas. Pese a todo, persisten en su desobediencia civil, la única vía posible para recuperar sus derechos.
Una mujer sostiene un cartel a favor de la lucha de las mujeres en Irán, durante una protesta en Lisboa, en 2022. EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES
República Democrática del Congo, la violencia sexual como arma de guerra
En la República Democrática del Congo, la violencia sexual se ha convertido en una herramienta de guerra, especialmente en las provincias orientales, donde grupos armados y fuerzas militares la utilizan para deshumanizar a las poblaciones civiles.
En 2023, Médicos Sin Fronteras atendió a más de 25.000 mujeres víctimas de este abuso, principalmente en Kivu del Norte, cifra que sigue aumentando por la intensificación del conflicto, como la ofensiva del grupo M23. Los campos de desplazados, donde más de 400.000 personas buscan refugio, son epicentros de violencia sexual.
La falta de infraestructuras y la vulnerabilidad de las víctimas, especialmente mujeres solas, facilitan los ataques. Las supervivientes sufren la secuelas físicas y psicológicas y enfrentan un fuerte estigma social que las margina aún más.
Siria, las consecuencias de años de conflicto
En Siria las mujeres también sufren las consecuencias de una guerra civil prolongada y una crisis económica, viéndose obligadas a asumir el rol de proveedoras familiares, a pesar de las restricciones impuestas por grupos islamistas conservadores. Pese a que la situación es crítica, en algunas zonas urbanas entre la juventud persiste la esperanza de avanzar en los derechos de las mujeres, con un creciente debate.
México, diez feminicidios al día
Las secuelas físicas y psicológicas son una parte de lo que enfrentan las mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio en México, donde cada día son asesinadas diez de ellas, quienes critican también un sistema judicial lento, que las revictimiza y que no siempre castiga a sus agresores, según testimonios de afectadas y organizaciones defensoras de las mujeres recogidos por EFE.
Para la especialista acompañante de mujeres en albergues de resguardo en Jalisco, Ángeles González, la reforma judicial es una oportunidad para que las y los jueces tengan perspectiva de género y que los casos de violencia feminicida transcurran de manera más justa y rápida.
“Es uno de los poderes que le faltaba transversalizar la perspectiva de género, si ya la tenemos en la Constitución y si ya está en los lineamientos de política pública, van a tener que hacerlo”, concluyó.
Gaza, violencia sexual, matrimonios forzosos y pérdida de derechos
Casi un año y medio después de que comenzase la ultima ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, la violencia y los continuos ataques han dejado un impacto devastador en las mujeres y niñas palestinas, quienes frente a su capacidad de resistencia, han tenido que enfrentarse a un recrudecimiento de la violencia de género y sexual, a matrimonios forzosos, a la sobrecarga de cuidados o a la pérdida de derechos sexuales y reproductivos.
Así lo evidencia el informe Agentes del cambio: El papel de las organizaciones palestinas dirigidas por mujeres en situaciones de crisis, de Solidaridad-ActionAid, que documenta los impactos diferenciados por género de la emergencia en Gaza a través de testimonios de activistas, trabajadoras y lideresas comunitarias.
India, una violación cada 16 minutos
En India se reporta una violación cada 16 minutos. En 2022, se registraron 31.500 casos de violación, muchos de ellos en espacios públicos. Activistas denuncian la falta de intervención de testigos, la impunidad y la deficiencia en la infraestructura y presencia policial como factores que agravan la situación. Casos como el asesinato de una médica en Calcuta en 2024 y la violaciones grupales a mujeres y niñas reflejan la urgencia de reformas.
Integrantes de organizaciones no gubernamentales protestaron en India contra la violencia sexual. EFE/EPA/JAGADEESH
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Fotografía: Efeminista.
