Por: Lara Goyburu. 30/08/2024
En un contexto de retroceso en materia de políticas contra la violencia de género es fudamental repensar y reponer las herramientas para su erradicación.
La violencia contra las mujeres y diversidades en Argentina persiste como un problema profundamente arraigado, con un impacto devastador no solo en las víctimas directas, sino también en el tejido social y económico del país. En un contexto de crisis económica y políticas de ajuste, las consecuencias de esta violencia se hacen aún más evidentes y graves.
Según datos del observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven,” en 2024 se ha registrado un femicidio cada 37 horas, lo que evidencia la persistencia de la violencia de género en el país. Este dato es solo un reflejo de una problemática más amplia que afecta todos los niveles de la sociedad. Los casos de violencia contra figuras públicas de la política argentina como Fabiola Yáñez, esposa del expresidente Alberto Fernández, y Lourdes Arrieta, diputada nacional, han reavivado el debate sobre la gravedad de este flagelo, destacando las carencias en los sistemas de protección, la transversalidad del problema, y la urgente necesidad de políticas más efectivas y coherentes para enfrentarlo desde sus raíces.
Violencia y economía: un ciclo vicioso
De todas las posibles violencias contra mujeres y diversidades, la violencia económica es una de las formas más insidiosas, aunque sean otras las que más prensa obtienen. En un contexto de ajuste y recesión, muchas mujeres se ven atrapadas en ciclos de dependencia financiera que les impiden escapar de relaciones abusivas. Este tipo de violencia no solo afecta a las mujeres a nivel individual, sino que también tiene un impacto significativo en el desarrollo económico del país. Según un informe de la OCDE, la violencia de género puede reducir el PIB global en aproximadamente un 2% al año, lo que equivale a una pérdida anual de más de 1,6 billones de dólares.
En Argentina, donde la economía enfrenta una de sus peores crisis en décadas, este impacto es aún más agudo. Las políticas de ajuste, que incluyen recortes en programas sociales, los programas de contención a víctimas de violencia de género, y una reducción en las transferencias a las provincias, a lo que se suma un discurso antifeminista extremo, agravan las desigualdades y perpetúan la dependencia económica de las mujeres. La administración nacional actual, con su enfoque radical de terapia de shock y su agenda de liberalización económica y desmantelamiento de programas de protección, contención y promoción, ha exacerbado estas dinámicas, dejando a muchas mujeres y diversidades en una situación de vulnerabilidad extrema.
Política y violencia de género
La violencia de género no es solo un problema social o económico; también es un fenómeno profundamente político. Según un informe de ONU Mujeres, alrededor del 60% de las mujeres que ocupan cargos públicos en América Latina han sufrido algún tipo de violencia política. En Argentina, este fenómeno se ha manifestado con especial intensidad en el ámbito de las redes sociales, donde el discurso de odio y las agresiones son moneda corriente. Y esto no solo sucede contra políticas opositoras, sino que como se ha visto en los últimos meses, también sucede contra las propias aliadas políticas como una herramienta de disciplinamiento, que no escapa a las lógicas más conocidas de la política global.
La administración actual ha tomado medidas que no solo han aumentado la desigualdad, sino que también han debilitado las bases de la democracia al crear un ambiente de confrontación y polarización constante. La falta de un liderazgo opositor cohesivo y la fragmentación de las fuerzas políticas han dejado a amplios sectores de la sociedad, incluidos aquellos más vulnerables a la violencia de género, sin una representación efectiva. Aunque se repudia ampliamente lo que se ha revelado sobre la situación de la ex pareja presidencial, no existe una voz o conjunto de voces unificadas que retomen con fuerza la agenda de diversidades y, al mismo tiempo, cuenten con el apoyo ciudadano mayoritario, lo que presenta un desafío significativo de cara a las elecciones intermedias de 2025.
El impacto global de la derechización y sus efectos en la igualdad de género
Pero no somos nunca una excepción. Este escenario de violencia y crisis no es exclusivo ni autóctono. A nivel global, la derechización de la política global plantea una amenaza real para los derechos humanos y la igualdad de géneros. La expansión de partidos de extrema derecha, que promueven agendas nacionalistas y antiinmigración, especialmente en Europa y los Estados Unidos, podría erosionar los avances logrados en las últimas décadas en materia de derechos de las mujeres y diversidades.
En este contexto, la promoción de la independencia económica de las mujeres y la lucha contra la violencia de género se convierten en imperativos no solo para la justicia social, sino también para la estabilidad económica y política a largo plazo. La historia económica de Argentina y otros países muestra que las políticas que ignoran la equidad y la inclusión social no solo son moralmente indefendibles, sino que también son insostenibles a largo plazo.
La necesidad de un cambio de paradigma
Promover la autonomía financiera de las mujeres es esencial, no solo como una estrategia para combatir la violencia de género, sino también como un motor de crecimiento económico. En países como Argentina, donde las mujeres constituyen una parte considerable de la población en edad laboral, la violencia de género actúa como un freno al crecimiento económico sostenible y equitativo. La exclusión de las mujeres y diversidades del mercado laboral, emprendedor, productivo y financiero, debido a los diferentes tipos de violencia económica, más o menos visibles o conscientes, no solo perpetúa la desigualdad de género, sino que también priva a la economía de una fuerza creativa, inversora y de trabajo esencial para su desarrollo.
Los esfuerzos para la promoción de la autonomía financiera no solo son cruciales para la seguridad de las mujeres, sino que también tiene un impacto positivo en la economía general, al aumentar la participación femenina en la economía formal y reducir los costos asociados con la violencia de género. La independencia económica de las mujeres, desde pequeñas emprendedoras hasta grandes empresarias, contribuye significativamente al crecimiento económico y la equidad social del país.
Abordar la violencia de género con seriedad y eficacia es una necesidad imperiosa para asegurar un futuro próspero y equitativo para todos. La erradicación de la violencia contra las mujeres y diversidades y su empoderamiento económico en todos los niveles es, en última instancia, una inversión en el desarrollo sostenible del país. Promover un enfoque integral que incluya la mejora de los sistemas de protección, la promoción de la independencia económica de las mujeres y diversidades y el fortalecimiento de las políticas públicas que aborden las causas profundas de la violencia de género es, en última instancia, pensar en un programa de estabilización y desarrollo inclusivo y sostenible en el largo plazo
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Fotografía: El estadista. La desigualdad de género ha tomado una visibilidad pública sin igual en los últimos años. .
