Por: Samuel Bregolin. 08/11/2023
Además de otros crímenes durante la dictadura de Ríos Mont, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico destaca que que las violaciones y las violencias sexuales fueron empleadas como estrategia de guerra
A distancia de más de cuarenta años desde la dictadura de Efraín Ríos Montt, según la FAFG, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, encargada de abrir las fosas comunes y reconocer las víctimas, solo el 5% de las 40.000 desaparecidas y desaparecidos han sido encontrados e identificados.
La guerra civil guatemalteca, que ocurrió entre 1960 y 1996, fue uno de los conflictos más duros y horrendos de toda América Latina. Los pueblos indígenas, reconocidos en aquel entonces como enemigo interno por parte del ejército de Guatemala, fueron víctimas de genocidio. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que en 1996 fue encargada de escribir el informe final del conflicto, fueron 200.000 las víctimas y 40.000 las personas desaparecidas. Entre otros crímenes, en el informe la comisión destaca que las violaciones y las violencias sexuales fueron empleadas como estrategia de guerra para disgregar el tejido social indígena e imponer el sometimiento de esas poblaciones a las fuerzas armadas militares.
Hoy en día, aún hay decenas de casos judiciales en curso, entre ellos también los relativos a la violencias sexuales ocurridas durante el conflicto. La causa judicial denominada “Zepur Zarco” acusa algunos soldados de violación y esclavitud doméstica contra seis mujeres de etnia Ixil, que fueron obligadas a cocinar para los soldados durante más de seis meses. El caso Zepur Zarco fue el primer caso judiciario en el cual se logró demostrar que, en un contexto de conflicto armado y genocidio, es posible reconocer y condenar los crímenes de violación sexual a distancia de varias décadas desde los hechos.
El caso judiciario denominado “Mujeres Achí” acusa a seis patrulleros del ejército de Guatemala de haber abusado sexualmente de 30 mujeres de etnia Achí, condenados a 30 años de prisión en primera estancia, el proceso está en ese momento interrumpido, a la espera que se confirmen las fechas para la segunda estancia. Otros importantes procesos, relacionados con casos de violencias sexuales durante el conflicto armado, son el caso genocidio Ixil, el caso del diario militar, el caso Molina Thiessen, el caso Creompaz y el caso Rancho Bejuco. Por mencionar solo los casos judiciales más importantes y visibles.
Las razones por las que los juicios por el conflicto se han retrasado durante tantos años son numerosas: el ejército guatemalteco nunca ha reconocido el genocidio y obstaculiza por todos los medios la ejecución de los casos judiciales. Además, muchos grandes empresarios que han sido implicados en el conflicto temen que los juicios puedan afectarles. El trabajo de las defensoras y de los defensores de los derechos humanos es constantemente obstaculizado y discriminado por el “pacto de corruptos”, así como las guatemaltecas y los guatemaltecos se refieren a la elite política y económica, lo que dificulta el avance de los procesos pero también el cambio político en el país.
En Guatemala no existe una memoria histórica compartida, las hijas y los hijos de personas cercanas al ejército o a la guerrilla tienen dos visiones completamente distintas de lo que ocurrió, y en muchos casos simplemente ignoran los hechos. El paso de los años obliga a pensar nuevas estrategias para involucrar las nuevas generaciones y hacerlas cocientes de los hechos ocurridos en el país durante la segunda mitad del siglo pasado. La Pantalla itinerante de la Fundación Ixcanul, así como otras manifestaciones culturales, tienen como objetivo de reunir generaciones distintas frente a la misma pantalla y fomentar el diálogo y la construcción de la memoria histórica.
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Fotografía: El salto diario
