Por: Mariana Álvarez Orellana. Rebelión. 06/01/2019
Los principales desafíos del 2019 para el gobierno que preside Martín Vizcarra serán los de implementar una serie de reformas en la justicia y en la estructura política del Estado que garanticen estabilidad jurídica y social, en un Perú donde el crecimiento de la economía se basa en la explotación de los recursos minerales y de la mano de obra.
Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal peruana invocó a los poderes del Estado, pero también a todos los peruanos, a seguir luchando contra el flagelo de la corrupción, lo que pasa de forma ineludible, por la consolidación de las instituciones que luchan contra la corrupción de funcionarios, la criminalidad organizada.
Cabrejos instó a poner en marcha “una reforma integral que ponga la política al servicio del ciudadano, y no una política al servicio de los políticos, sin olvidar que faltan todavía muchas obras de la ´reconstrucción”. Señaló que otro de los grandes flagelos es la violencia contra la mujer. “Esto se tiene que terminar, debemos afrontarlo con sanciones ejemplares para los agresores y con la participación ciudadana para denunciar sin esperar a que una mujer sea violentada”.
Tras el referéndum del 9 de diciembre, el Gobierno deberá implementar “una serie de reformas en la justicia peruana y en la reforma política que garantice estabilidad jurídica al país y procesos democráticos que transfieran el poder político en instituciones de estructuras sólidas que garanticen a largo plazo credibilidad en las reglas de juego en el país”, señala el empresario Salomón Lerner, director del portal Otra Mirada.
En la consulta popular, Vizcarra logró una contundente victoria que abrió un buen debate sobre las acciones que se deben tomar para adelantar los cambios que signifiquen terminar con el ciclo neoliberal que se inició 26 años atrás con la constitución fujimorista. Más del 80% de los votantes aprobó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la regulación del financiamiento de los partidos políticos, la no reelección de congresistas y rechazó el retorno a la bicameralidad.
Los resultados fortalecieron a Vizcarra, quien necesitaba ese resultado para confrontar a un fujiaprismo (fujimoristas y apristas, éstos seguidores del exmandatario Alan García, quien no logró asilo en Uruguay) quienes, sintiéndose amenazados y con sus líderes presos o en camino a estarlo, lo atacan desde el Congreso.
El 2018, quizá el año de la transición hacia la democratización del país, dejó varias situaciones de impacto político, social y económico que incluirán en el futuro peruano y, sobre todo, en este 2019 que ya llegó. En 2018 surgió un nuevo presidente tras la renuncia del corrupto Pedro Pablo Kuczinsky –el del indulto al dictador genocida Alberto Fujimori-, hubo un referéndum (participación popular poco común en la historia política del país, cuatro expresidentes investigados por corrupción.
El tsunami político siguió hasta el mismo final de año, con la infundada decisión del Fiscal General Pedro Chávarry de relevar de sus cargos a los fiscales del equipo especial Rafael Vela y José Domingo Pérez, que investigan los sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht, incluídos a expresidentes. Las serias protestas hicieron que Chávarry dejara sin efecto la remoción, que había polarizado nuevamente al país.
“No queda otra salida. Declarar en emergencia el Ministerio Público se hace imperioso ante la inaceptable decisión del fiscal de la Nación”, señaló un editorial del conservador El Comercio. “Esto es un atropello que constituye la toma de la Fiscalía por parte de una organización criminal que venimos investigando. Se busca evitar que el convenio de colaboración eficaz no llegue a ser de conocimiento público, evitando y perjudicando la averiguación de la verdad”, denunció Vela.
Y es por estas idas y venidas por lo que un elevado porcentaje de ciudadanos no tiene confianza en que se logre la transformación que garantice verdaderos cambios que se requieren para darle la seguridad jurídica y de estabilidad política al país.
La economía, el trabajo, la pobreza
Perú sigue dependiendo de la explotación de su subsuelo y las perspectivas económicas seguirán dependiendo de los precios de los minerales y algunos productos agroindustriales como el café, el cacao, la plata, en medio de la guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China, y en especial a los Tratados de Libre Comercio en diferentes áreas geográficas especialmente Europa y Asia.
Carlos Oliva, ministro de Economía, siguiendo el recetario del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que con menor ruido político se podría poner en marcha medidas que impulsen la economía, e insistió en la “flexibilización” del régimen laboral, en busca de mejorar la productividad y competitividad del país minero que pese a una turbulencia política local habría crecido este año un 3.9%.
La arremetida antisindical y precarizadora del empleo del ministro contraría lo declarado un mes atrás por Vizcarra, quien salió al cruce de la campaña empresarial y señaló que “Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral”.
Anteriormente hubo otros intentos de “flexibilización” laboral con la excusa de adquirir mayor productividad y competitividad en el mercado global: la llamada Ley Pulpin (aprobada y derogada por el Congreso tras las movilizaciones juveniles) y un proyecto de ley “de esclavitud laboral” que proponía cambios en las modalidades de capacitación técnica, también rechazada por trabajadores jóvenes y sindicatos.
Para la derecha empresarial, el mercado laboral peruano es “rígido”, especialmente en el procedimiento de despido, lo que deriva en una la alta informalidad (que alcanza a la mitad de los trabajadores) para evitar los costos laborales que suponen cumplir con las normas legales. Del 50% con contrato laboral, alrededor del 70% son temporales, es decir, no requieren de un proceso de despido, pues tienen contrato a término.
El objetivo real de la reforma laboral es debilitar a los sindicatos mineros, de algunos bancos, industrias y grandes comercios. Son un grupo de grandes empresas que pueden pagar indemnizaciones con tal de prescindir de los sindicatos. Para lograr esto, buscan aprovechar la popularidad de Vizcarra ganada en la lucha contra la corrupción y creen que si éste impulsa dicha reforma, no tendrá la oposición de la opinión pública ni de la mayoría de los ciudadanos.
“Cualquier esfuerzo que no se acompañe con un incremento de no menos de tres puntos del PBI en los ingresos tributarios, llevando la presión tributaria entre 16 y 17%, trastocaría las posibilidades del país, de lograr el déficit fiscal, el ciclo expansivo de la economía que el Banco Central no aplica”, señala Lerner.
El mayor empleo (y más divisas para el país) se puede lograr con planes que impulsen la diversificación del sector productivo con la agroindustria, construcción de viviendas populares, telecomunicaciones, forestal, turismo, acuicultura, gastronómico, confecciones. Se deberán dar las condiciones necesarias para el crecimiento por inversiones y no solo exportaciones de productos primarios, insisten los analistas.
Mientras muchos se preocupan solo de la situación en Lima, olvidan en sus análisis la extrema pobreza en las zonas rurales donde habitan ocho millones de peruanos. Hasta el momento no se han visto planes ni esfuerzos para considerar la prioritaria atención en la sierra y la selva, con inmensos recursos que no son explotados por falta de infraestructura, conectividad en carreteras, mercado interno, tecnología y apoyo a las comunidades y cooperativas para alcanzar niveles mínimos de supervivencia.
Si bien el combate a la corrupción seguirá siendo el reto más importante para el Ejecutivo junto a la búsqueda de una mayor seguridad ciudadana y la reducción de la violencia, especialmente contra el niño y la mujer, el gobierno no debiera olvidar reconstrucción del sistema de salud (avanzar en la lucha contra la anemia y la desnutrición y la reincidente tuberculosis) y pensionario, así como la deficitaria educación pública, abandonada en su infraestructura, locales sin agua potable ni luz.
Difícil año, el 2019. Con aquellos que se apropiaron del país por casi tres décadas muy nerviosos (y sus líderes presos o al borde) y un abajo dispuesto a salir a la calle para impedir que nuevamente le estafen el futuro.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ.
Fotografía: estrategia.la
