Por: Marcelino Guerra Mendoza, Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal. 18/02/2019
En los Cortocircuitos dedicados a analizar la Iniciativa de reforma presentada por AMLO, hemos realizado una descripción minuciosa de sus características, principales cambios y problemas identificados, al mismo tiempo que intentamos mostrar el método de análisis utilizado (¿Qué se mantiene y qué cambia? La problematización; Estrategias, objetos y objetivos, Formas de institucionalización; El desafío de los números Problemas técnicos, argumentales y conceptuales).
Las condiciones cambiaron; hace unos días se abrió un nuevo frente de disputa que obligará a negociar. El panorama ya era de por sí complicado para los legisladores de MORENA, los números no les alcanzan. A esto se suma el hecho de que la iniciativa de López Obrador ya no es la única iniciativa a discutir.
Pero esto no es todo, no son nada más dos iniciativas opuestas a discutir. A la fecha, tan solo en la cámara de diputados existen 17, mientras que en la de senadores hay 12. La mayoría propone cambios de algunas fracciones al texto del tercero constitucional o bien a las leyes secundarias. Como sea, no podrán ser ignoradas, deberán ser incorporadas al debate legislativo. Por eso resulta necesario estar al día, prestar atención a los detalles, tratar de reconocer las partes y su relación con el todo, incluyendo las condiciones políticas siempre cambiantes en las que se desarrolla el proceso.
Con la intención de abonar a este ejercicio, en esta entrega realizamos una comparación inicial entre la reforma 2012, la Iniciativa de la cuarta transformación y la del Pacto por México reloaded, como le hemos llamado a la elaborada por un grupo de académicos y presentada por los partidos del Pacto por México más Movimiento Ciudadano (La reforma se calienta).
En este momento, desconocemos hasta dónde, cómo y de qué manera será reformado el artículo 3° y sus respectivas leyes secundarias. Ubicar lo que se quita, agrega, modifica, cambia o ratifica, en la otra, ayuda a vislumbrar el significado y sentido político de las diferentes iniciativas, adoptando como marco de referencia la reforma 2012, esa que se ha prometido cancelar y por lo mismo, nos tiene en este debate.
Como hemos dicho repetidamente, una reforma es un proceso dirigido por una racionalidad gubernamental, busca lograr determinados objetivos y se vale de un conjunto articulado de estrategias. Es decir, las reformas nunca son un acto o un conjunto de actos aislados ni estáticos, sino todo lo contrario, son acontecimientos agonistas, con diferentes aspectos en disputa y diversas vertientes de conflicto.
La primera cuestión a destacar la diferencia en las condiciones particulares en las que surge cada una. Mientras la reforma 2012 se aprobó en tan solo diez días, la de AMLO será discutida en un plazo mucho más largo; cuatro meses durará el debate, dicen, pero el asunto puede prolongarse más.
El cuadro siguiente resume las características del proceso en que surge cada iniciativa.
Bajo la idea de un parlamento abierto, el Congreso ha organizado diversos foros y consultas para promover el debate; en estas circunstancias, ha aparecido en escena la otra propuesta de reforma. Como dijimos en el último cortocircuito, ya nada será igual; el solo hecho de que exista una contra-reforma procedente del bloque opositor, recontextualiza la situación.
Ahora entremos en algunos detalles; veamos cuál es para cada una el problema a resolver, y cómo pretende hacerlo, es decir, mediante qué estrategias y quiénes serán los organismos responsables de llevarlas a cabo.
Como puede apreciarse, existe un cambio de narrativa entre la reforma vigente y las iniciativas de AMLO y la otra; el punto de partida y los argumentos utilizados para formular el problema, son muy distintos; también se aprecian variantes en las estrategias y el tipo de organismos que proponen.
- Sobre la problematización
En la reforma 2012, los bajos resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos en las pruebas estandarizadas internacionales fueron el principal argumento para colocar la calidad como el principal problema a resolver.
Por su parte, la Iniciativa de AMLO identifica la desigualdad estructural, así como la desvalorización y el maltrato al magisterio que trajo consigo la “mal llamada reforma educativa”, como el problema a atender. La problematización ha sido examinada con detalle en otros Cortocircuitos mencionados al inicio de este texto, para quien quiera profundizar en el asunto.
Ahora bien, en la iniciativa del bloque partidista firmante del Pacto por México, el problema y a la vez intención, es mejorar, modificar e innovar tanto la reforma anterior como la que propone AMLO. En la exposición de motivos, la argumentación está claramente dirigida a interpelar tanto el contenido como la forma de la iniciativa de la cuarta transformación: respecto a la reforma 2012, los señalamientos giran en torno a los problemas en su implementación, consideradas imperfecciones que pueden corregirse.
Como es sabido, el tema de la calidad es central en la reforma 2012, pero también está presente en las dos iniciativas en disputa. En el texto constitucional aún vigente, la calidad educativa se define como el máximo logro de aprendizajes en los alumnos; éste se conseguiría a partir de la idoneidad de los maestros; las evaluaciones de ingreso, diagnóstico, permanencia y promoción, fueron el medio para determinarla.
En cambio, la iniciativa de AMLO propone eliminar formalmente la serie calidad-evaluación-aprendizaje y en consecuencia, al INEE. Pero al incorporar el concepto de excelencia, no termina de desligar por completo la calidad ni la evaluación de los procesos educativos, dos caras de la misma moneda en la reforma neoliberal del 2012.
En contraste, los autores de la reforma del Pacto por México recargado, argumentan que la Constitución está basada en el imperio de la ley, en la igualdad de la misma y en la separación, independencia y respeto de los poderes; en tono imperativo, afirman que ese debe ser un compromiso indeclinable, enviando así un claro mensaje al actual gobierno. Por otra parte, en una especie de balance de la reforma 2012, consideran como avances sustantivos: hacer explícita la obligación del Estado de ofrecer una educación basada en los principios de calidad y equidad; el afianzamiento de un sistema Nacional de Evaluación, al igual que la prescripción del mérito como principio rector de la carrera docente. La calidad es mencionada en varias partes del texto, pero con una connotación distinta: es un atributo inherente al derecho a la educación.
La iniciativa del Pacto se presenta como un “acto de voluntad constructiva”, para que se incorporen componentes que contribuyan a la mejora continua de la educación, se mejoren los aspectos imperfectos del texto vigente y se mantengan aquéllos que han contribuido a robustecer (sic) el sistema educativo.
- Sobre las estrategias y organismos
Como es sabido, en la reforma 2012 la evaluación docente fue fundamental; en tanto aspecto central, condujo a definir varios tipos de evaluación, así como a crear nuevas reglas y organismos, entre los que destaca el INEE.
En la de AMLO se plantea transformar la evaluación punitiva en formativa, subordinándola a la capacitación y actualización, como respuesta a la promesa de cancelación de la reforma. Propone la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) por percibirse como un instrumento persecutor para el magisterio, lo cual supone abrogar la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En su lugar se anuncia la creación de un Centro Nacional para la Revaloración del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. También plantea crear un Consejo Consultivo para el trazado de un proyecto educativo de gran visión, que sirva de base para establecer programas de mediano plazo, y de este modo evitar cambios abruptos o interrumpir procesos y proyectos importantes.
Del mismo modo, plantea elevar los ingresos de la magisteria, pero nada se dice acerca de qué pasará con la plaza, otrora garantía de estabilidad. En ningún lado se menciona regresar a los maestros al apartado B de la Ley Federal del Trabajo, como estaban antes de la reforma 2012. Por tanto, se desconoce cuáles serán los mecanismos y criterios específicos para concretar la revalorización del magisterio.
Por su parte, la Iniciativa del Pacto por México propone la incorporación del enfoque de derechos humanos y la igualdad sustantiva; la incorporación de principios como inclusión, interculturalidad, equidad y desarrollo sostenible; el reconocimiento de las y los educandos (no niñas, niños y jóvenes), como titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación. También agrega elementos que desde su perspectiva, mejorarían el texto vigente; es el caso de la eliminación de los efectos de la evaluación de permanencia. Finalmente, reivindica la rectoría del estado, la calidad como “cualidad inherente al derecho a la educación” y el mérito como principio rector de la carrera docente, presentes en la reforma 2012.
Algunas estrategias puntuales son alinear la política educativa a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU; fortalecer las escuelas Normales públicas, a fin de que dispongan de libertad académica y autonomía de gestión. El ingreso al servicio docente y la promoción del maestro se harán por medio de evaluaciones integrales y obligatorias.
En cuanto a los organismos, propone crear un Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación (CENMCE) con Autonomía Política, verdaderamente independientemente de los requerimientos de la SEP. Una especie de INEE que no cometa los mismos errores que el actual, porque al parecer, quienes suscriben esta propuesta, consideran que ese fue el pecado mortal cometido por un instituto en vías de extinción.
Hasta aquí, hemos mencionado solo algunos de los elementos de la iniciativa que bajo el membrete Red Educación y Derechos, presentaron un grupo de académicos a la oposición parlamentaria. A reserva de efectuar un análisis más detallado, llama la atención la narrativa de derechos que acompaña al concepto de calidad. También la insistencia en el cumplimiento de acuerdos y compromisos con organismos internacionales, tales como la ONU. El documento es extenso, bastante más amplio, con nuevos conceptos, mayores detalles y argumentos, a diferencia de la propuesta de AMLO. En otra entrega profundizaremos en todo ello.
Y bueno, mientras transcurre el proceso legislativo, el modelo educativo de la reforma anterior, que entró en vigor apenas en agosto de 2018, sigue operando en las escuelas de educación básica sin restricción alguna. Prácticamente ninguna iniciativa lo discute, mucho menos contempla su posible cancelación.
Pero todo indica que su suerte está echada; la decisión sobre su permanencia, continuidad o transformación, no requiere de la aprobación del Congreso. De hecho, Esteban Moctezuma informó en días pasados, que se instrumentará otro modelo próximamente (La SEP anuncia nuevo modelo educativo)
Ante este panorama, son múltiples las interrogantes aún sin respuesta. Van algunas: ¿Al quitar lo punitivo de la evaluación, la magisteria recuperará la plaza perdida? ¿La actualización así como los estímulos prometidos darán certidumbre profesional y laboral a la magisteria? ¿El Consejo Consultivo que elaborará el proyecto educativo nacional de largo plazo que a su vez será la base de programas a mediano plazo, garantizará la educación con equidad, el bienestar social y una vida digna a la población? ¿Qué tipo de educación se planteará para la formación de niñas, niños y jóvenes? ¿Cuáles serán los aprendizajes esperados para la actual y las futuras generaciones? ¿Cómo será la formulación de la política, programas y proyectos para el proceso educativo en las escuelas y aulas? ¿Cómo participarán los padres de familia en la educación obligatoria de sus hijos? ¿Sobre qué versará la capacitación y evaluación de la magisteria?
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