LA REFORMA EDUCATIVA DE LA IV TRANSFORMACIÓN NACIONAL 6. Problemas técnicos, argumentales y conceptuales

Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro y Marcelino Guerra Mendoza. 25/10/2019

En una entrega anterior (El desafío de los números), señalamos las dificultades que tiene la Iniciativa para obtener las dos terceras partes de los votos en el Congreso de la Unión y la mayoría absoluta de las legislaturas estatales.

Dijimos que los números son insuficientes, que sería necesario establecer un proceso de negociaciones para conseguir los votos en los partidos de la oposición, aún sin acudir al PAN y al PRI.

Las negociaciones son procesos complejos y tenebrosos, a veces se conocen las componendas, como el modo en que MORENA consiguió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; pero la mayoría de las veces no. Seguir ese proceso es muy complicado, es materia de esos recortes etnográficos llamados chismes, de las revelaciones de los participantes, o sencillamente involucrarse en el proceso. No es nuestro caso. Por eso no insistiremos en las oportunidades que se tienen por ahí; esperaremos los trabajos de los periodistas de investigación.

Hay, sin embargo, otro campo en el que se pueden identificar los problemas de la iniciativa, que también abre un abanico de oportunidades para los acuerdos y disensos en el proceso parlamentario.

Señalaremos algunas dificultades técnicas, argumentales y conceptuales de la iniciativa, así como las ausencias más relevantes.

Técnicas

1. En la fracción VII se derogó, sin mencionarse, el primer párrafo, correspondiente a la autonomía de las instituciones de educación superior. No hay en la iniciativa ningún argumento para hacerlo, por lo que lo más seguro es considerarlo una errata imperdonable en una reforma constitucional, como fue advertida inmediatamente por diputados y comentaristas, entre ellos los que escriben este texto. La solución es evidente, solo hay que acudir a los puntos suspensivos, una convención legislativa para indicar que se mantiene igual el párrafo correspondiente. Sin embargo, lo difícil de entender es que un gobierno que inicia tenga un descuido de esta magnitud. Evidentemente, en la discusión de comisiones será corregido.
2. Difícil de comprender es también el error que se encuentra en el transitorio Cuarto, en el que se dice que los recursos del INEE cambian al organismo a que se refiere la fracción VII. Además de una sintaxis deplorable, la fracción mencionada ¡no contempla organismo alguno! En todo caso sería la fracción IX, que refiere un Centro con autonomía técnica y atribuciones relacionadas con las del INEE anterior.
3. El Centro a que se refiere la fracción IX no tiene nombre, aunque en la iniciativa se menciona el Centro Nacional para la Revaloración del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación; el problema es que las funciones que desempeñaría son mucho más que esas, de hecho incluye otras muy distintas, como certificar instituciones.
4. Otra inconsistencia aparece en los cambios a la fracción XXV del artículo 73, que refiere las atribuciones del congreso para legislar. La iniciativa menciona que se sustituye el Servicio Profesional Docente por el Servicio de Carrera Magisterial, como aparece en el transitorio quinto, o el Servicio de Carrera del Magisterio, como se menciona en la página 4. El problema es evidente: se mantiene una atribución que se deroga y no se incorpora una facultad que se propone. ¡Inconcebible!
5. Estas dificultades técnicas son errores evidentes que tendrán que modificarse en comisiones; manifiestan un desaseo inaceptable en la presentación de una iniciativa de reforma constitucional. Son producto de la impericia y de la prisa. La ligereza es mala consejera y peor ejecutora. La endogamia también. No es algo infrecuente, la Iniciativa de EPN tenía errores parecidos; por ejemplo, contenía un error aritmético en la fracción IX que pasó desapercibido en comisiones y en el pleno de la Cámara de Diputados, sólo se corrigió en el Senado. Rayaba en la estolidez. Así es esto, no es extraño, es inaceptable.

Argumentales

1. La problematización de la iniciativa es muy económica; es decir, está poco fundamentada, carece de explicaciones, datos y referencias.
2. La parte referida a las desigualdades históricas, que es la matriz de problematización central de la IV Transformación, es auto-referencial. Como no explica las desigualdades educativas ni las relaciones con las históricas, parece más un artilugio retórico que un diagnóstico sustantivo.
3. Donde se observan mayores deficiencias argumentales es en las dificultades de la reforma del Pacto por México. Se mencionan cinco, de pasada, sin más explicación que el poder del locutor: “se debe priorizar el diálogo ante cualquier otra imposición de estructuras normativas”; “el uso de la fuerza y la imposición no es la forma idónea para la construcción de los grandes acuerdos”; “un error aplicar criterios sancionadores y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia”; “pretenden poner todo el énfasis de la supuesta mejora de la enseñanza en la sujeción a procedimientos mecánicos de evaluación, alejados de las vivencias compartidas por profesores y alumnos, y de las necesidades específicas de las diferentes culturas, regiones costumbres y otros factores que inciden en la educación, los cuales no pueden ser medidos a través de programas computacionales que solo registran uno de los muchos aspectos que deben ser tomados en consideración para impartir una educación de excelencia y la preparación de quienes imparten”.
4. La cancelación de la “mal llamada reforma educativa” se hace para detener las afectaciones laborales y administrativas de que fue víctima el magisterio nacional; sin embargo, en ningún momento se aclaran cuáles fueron, por qué fueron causadas y a quiénes, durante cuánto tiempo, cuáles son sus efectos y demás.
5. La argumentación continúa señalando “que se ha observado que las expresiones de descontento hacia la Reforma Educativa han tenido como consecuencia que exista resistencia a la aplicación de la misma por parte de los docentes y que estos se adhieran a la evaluación de desempeño…de una forma no participativa, generando que el objeto por el que la misma fue aprobada no cumpla con los impactos deseados en el aprendizaje…”; de nueva cuenta, la argumentación es débil, en tres sentidos: ¿dónde se encuentra la observación referida? ¿por qué debemos aceptar el enunciado sin prueba alguna? ¿dónde están los estudios que muestren que los impactos en el aprendizaje no son los esperados? Si no tenemos esos datos, ¿cómo saber que fueron causados por la participación forzada de los docentes en las evaluaciones y no por otros factores? ¿y si esos otros son los que hay que atender?
6. A partir de estas consideraciones, la Iniciativa continúa: “es por ello, que resulta necesario colocar en el primer plano el reconocimiento de la función magisterial y establecer procedimientos de estímulos y valoración positiva del esfuerzo que realizan los docentes en las aulas…”. Muy bien, ¿para qué? ¿Los programas de estímulos, que conocemos desde hace años como Carrera Magistral, han generado efectos positivos en el aprendizaje? ¿Dónde están los estudios que prueban eso? De otro modo: los programas de estímulos, que no son universales por definición, ¿qué efectos generan en la educación? ¿Por qué reeditar programas ancestrales sin someterlos a discusión? ¿No tendrían más impacto otros programas que sean universales y garanticen estabilidad laboral, por ejemplo?
7. Los problemas argumentales se vuelven patentes en el caso del párrafo sobre la abrogación de la “Reforma Educativa”, francamente incomprensible, con una sintaxis lamentable, en el que se propone el Consejo Consultivo del Centro Nacional para la Revaloración del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Un Centro que desde su nombre intenta ser el revés del INEE, pues cómo se dice en la Iniciativa “se percibió como instrumento persecutor, por lo que se cancela”. La debilidad argumental es manifiesta: ¿el INEE es un centro persecutor nada más? ¿Sólo hace eso? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿Es un exceso de sus atribuciones, o solo una percepción equivocada? El problema es que si es una mala percepción, con solo cambiarla es suficiente, por tanto, se podría sostener. O peor, si se le quita el nombre y la percepción, pero se mantienen sus funciones, entonces puede continuar. La anemia argumental es peligrosa: en lugar de fundamentar la desaparición del INEE, se propicia su defensa, conservación y en todo caso, su remozamiento.

Conceptuales

1. Los problemas conceptuales de la Iniciativa son mayores. Cuando decimos conceptuales nos referimos a su sentido estricto, es decir, de concebir algo, de unir dos o más entidades para formar una tercera. Como dicen los expertos, el concepto es una unidad cognitiva de significado. Por eso cuando decimos que la iniciativa tiene dificultades conceptuales nos referimos al modo como se construyen políticamente las experiencias y se transforman en unidades de significado y significantes particulares. En el caso de la Iniciativa, hay muchos sin definición explícita, derivados de falencias cognitivas y otros de repetición plana.
2. Empecemos por la dificultad más general, abstracta si se quiere, que deriva de la admisión simple y llana de una narrativa de la reforma anterior como laboral, mal hecha y mal llamada educativa. La Iniciativa la refiere una y otra vez, por eso considera que cancelar la reforma equivale a abrogar las leyes del INEE, del SPD y los cambios a la LGE de septiembre de 2013, además de la reforma constitucional a los artículos 3º, 31 y 73. Como la reforma era laboral, centrada en la evaluación, entonces se derogan algunos incisos, se abrogan las leyes, se cambian la desvalorización del magisterio por un centro de reconocimiento, se recicla Carrera Magisterial y ya está. En una sola operación se cancela la reforma, se establece la educación superior como obligatoria, se involucra al Estado y se garantiza que las reformas no puedan ser impuestas sino discutidas por la existencia de un Consejo Consultivo de largo plazo. ¿Y si la reforma educativa de EPN no fuera solo eso? Nosotros hemos insistido y mostrado hasta la saciedad, que esa es una concepción equivocada y simplona de la reforma neoliberal, que en realidad es mucho más compleja y abarca muchos más aspectos del sistema educativo que esta reforma ni siquiera los considera pero siguen operando, como los CIEN y el Nuevo Modelo Educativo, para poner solo dos ejemplos, pero hay más, como el SIGED, el FONE, y toda la concepción neotaylorista de la práctica docente. Eso no está en la iniciativa, nunca lo consideró, por lo que, en toda lógica, va a continuar.
3. Los problemas conceptuales de esta Iniciativa se revelan como adecuaciones de la reforma anterior; límites de legitimidad y de implementación (pocas evaluaciones, estándares errados, hipertrofia burocrática). No considerar otros aspectos de la reforma, que están ahí, que se tienen que aplicar, presupuestar y gestionar, equivale a aceptarlos, no a cancelarlos.
4. La iniciativa presenta nuevos criterios educativos, como la equidad y la excelencia, que no están definidos, aunque sirva, el primero, de eje estratégico de la IV Transformación; y el segundo, de sustituto retórico de la calidad. El problema de la equidad, por ejemplo, es que tiene una concepción muy simple, muy por encimita. Por una parte, parece como un decorado, un contexto en el que se desenvuelve el sistema educativo, que lo afecta pero no lo constituye. Se observa muy claramente en los sujetos de la intervención y en los programas que se mencionan para atenderla: indígenas, discapacitados, jóvenes fuera del sistema, exclusiones, rezagos…Es una viejísima concepción de modelos, superados en las ciencias sociales. La desigualdad no es un contexto, es un elemento constituyente de las instituciones educativas, del sistema educativo, de la subjetividad que se genera y de las prácticas que lo reproducen. Solo basta ver la configuración infraestructural del sistema, la presupuestal, la de contenidos y métodos, las representaciones y demás. La lucha contra la desigualdad, en consecuencia, no consiste solo en incorporar a los rezagados a un sistema desigual, sino de cambiar la constitución del sistema.
5. Lo mismo ocurre con conceptos como bienestar personal, vida digna e integralidad. Antaño, los criterios de la educación estaban definidos en la fracción II, como aquel célebre de la definición de la democracia en el inciso c; ahora la iniciativa deroga el criterio de la calidad, en el inciso d) de la fracción II, e incorpora el e, en el que se da una definición de la equidad como política incluyente adecuada a la diversidad cultural y étnica, para combatir desigualdades regionales, sociales y de género. Además de incluir educación indígena, bilingüe y bicultural, una antigualla según los expertos en la materia, y la atención a zonas vulnerables. En otras palabras, la equidad en la definición de la iniciativa es un programa para atender desigualdades sociales, regionales, de género y étnicas, mediante los programas incluyentes, compensatorios y regionales de antes. Nada más, sin relacionarla con el bienestar personal y de la población, ni diferenciarla de las políticas de igualdad.

Ausencias 

1. Los diagnósticos son conjuntos narrativos organizados a partir de problemas construidos y sus efectos temporales; por eso no solo registran los signos actuales sino las tendencias del porvenir. Esta es una de las ausencias más significativas de la Iniciativa: no contiene ninguna discusión sobre las tendencias contemporáneas de la educación frente a los desafíos del presente y del futuro inmediato en la llamada sociedad del conocimiento, en el capitalismo cognitivo o en la IV Revolución Científico-Técnica, como gusten decirle. Tanto esta como la reforma anterior, desconocen estos procesos, no los incorporan a sus diagnósticos ni sacan conclusiones que puedan convertirse en programas y ejes estratégicos de reestructuración de los sistemas normativos. Se educa con la lógica del pasado, sea neoliberal o nacionalista revolucionario. La Iniciativa de AMLO lo dice sin pena alguna: “Se propone a esta soberanía mantener la estructura ideológica que ha inspirado el texto a lo largo de más de un siglo, reafirmando los valores fundamentales que deben orientar la educación, pero al mismo tiempo, incorporar los elementos que hagan posible un desarrollo educativo acorde con las necesidades de esta nueva etapa que iniciamos a partir del amplio respaldo popular”. Ahora bien, ¿cuál es la etapa diferente? De nueva cuenta, la iniciativa es auto referencial: la IV Transformación, ordenada por la equidad, en un continuum histórico alejado del mundo, de los valores contemporáneos y los desafíos que imponen los problemas de nuestro tiempo, no sólo en la política mexicana, en el gobierno o el Estado, sino en los desafíos de qué, cómo, para quién es la educación en estos tiempos. La Iniciativa nada dice de esto, nada de cómo hay que aprender en la época de las máquinas, las redes, la ciencia, las diversidades culturales; nada de cómo hacerlo en tiempos de los celulares, las PC, las tabletas, las ecocidios, las multiplicidades, la globalización, los aceleradores, las nanotecnologías, …..nada, nada, nada.
2. Para ser una iniciativa que considera a la reforma anterior como mal llamada educativa, laboral y basada en una evaluación punitiva, no especifica el estatuto laboral del magisterio. Al abrogar la LGSPD se cancela de jure el régimen excepcional para las maestras, y se entiende que regresarían de facto al apartado B del artículo 123 constitucional, puesto que en el derecho público el gobierno solo puede hacer lo que le está permitido, y en la nueva redacción no hay nada que someta al magisterio a un régimen excepcional, como si lo estaba cuando se establecía el servicio profesional docente y todo el dispositivo evaluador en el artículo 3º; sin embargo, la puerta está abierta al considerar una nuevo Servicio de Carrera del Magisterio, sin decir nada sobre el régimen laboral, solo sobre cuestiones de ingresos, prestaciones, formación, actualización y capacitación. ¿No sería útil señalar lo que ocurrirá con las plazas, las pérdidas y demás causadas por el anterior régimen laboral? ¿No sería necesario decir, por ejemplo, con todas sus letras, que el magisterio regresa al apartado b, del que nunca debió haber salido?
3. Derivado de una concepción estrecha de la reforma educativa de EPN, a la que no se califica como neoliberal, a pesar del intenso alegato contra el neoliberalismo en la toma de posesión de AMLO, la iniciativa replica uno de los errores más perniciosos de la crítica oficial: considerarla como reforma no educativa, “mal llamada educativa”, o reforma educativa entrecomillada, lo que equivale a dejar en pie el conjunto de programas que la componen, la reproducen y la subjetivan.
4. En otras palabras, al no identificar la racionalidad neoliberal de la reforma de EPN, considerarla mal hecha y “dizque educativa”, la nueva reforma corre el riesgo de corregir sin alterar, la racionalidad neoliberal y de convertir las problematización de ruptura, los nuevos fines de la educación y el eje de la equidad, en nuevos apoyos de la reforma anterior, en lugar del inicio de la IV Transformación Nacional en el ramo educativo.

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