Por: Ventura Alfonso Alas. 25/07/2016
A la memoria de todos los caídos en la
guerra civil salvadoreña 1980 -1992.
El siguiente escrito no corresponde a un análisis jurídico, un estudio político o un razonamiento sociológico; sino que obedece a la expresión del pensar y sentir empírico de un ciudadano de 35 años de edad que quedó en la orfandad durante la guerra civil salvadoreña. Mi padre era un líder campesino chalateco, que fue capturado, torturado y desaparecido en mayo de 1981.
La semana recién pasada, la sala de lo constitucional de El Salvador, tuvo la osadía de declarar inconstitucional la ley de amnistía que se había promulgado en 1993, luego de concluida la guerra civil salvadoreña que parecía interminable. La derecha en sus alegatos defendió la ley como un pacto político que permitía tender un puente firme hacia la paz, que significaría “perdón y olvido” de todos los hechos acontecidos durante 12 años de guerra; incluyendo los delitos de lesa humanidad.
La ley desde su creación no solamente era inconstitucional, también era ilegítima e inhumana, contradecía claramente el espíritu de los acuerdos de paz, aunque otros argumenten lo contrario por conveniencia, ya que negaba a las víctimas del conflicto el acceso a la verdad y a la justicia.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no votó por dicha ley, ya que para ese entonces no estaba constituido legalmente como partido político, sería hasta las elecciones de 1994 que participaría. Posteriormente la dirigencia, diputados, alcaldes, organizaciones sociales alineadas al FMLN, organismos de derechos humanos, ONG´s progresistas, universidades; todas coincidían en la necesidad de la derogatoria de la ley de amnistía como paso previo a la restauración de la justicia salvadoreña. En la asamblea legislativa los diputados del frente prolongaban debates, el pueblo haciendo marchas, conciertos, foros, asambleas comunitarias, debates; todos los medios y espacios posibles pidiendo que se quitara ese escudo “legal” al que se amparaban los victimarios.
La fuerza armada y el partido de ultraderecha ARENA, aferrados en que sería un error abrir las heridas del pasado. Que era mejor tener la mirada fija en el futuro y no perder el tiempo en el pasado. Los alegatos de defensa de la patria han hecho mucho eco al interior de los paramilitares y otros cuerpos de seguridad implicados en casos emblemáticos durante la guerra civil.
23 años más tarde de la aprobación de la nefasta ley de amnistía, no ha llegado ni el perdón, ni el olvido; la reconciliación nacional, la verdad y la justicia; siguen siendo utopías para las víctimas. No se trata de abrir heridas, pues estas nunca se cerraron con un proceso jurídico ni psicológico; las instituciones del estado encargadas de administrar justicia en el país, siempre han estado en la defensa de los victimarios en detrimento de las víctimas. Alguien tenía que pagar la factura social y emocional, como siempre el ofendido.
El estado tiene el deber constitucional de proteger a sus ciudadanos, en la década de los 80´s, no solamente nos desprotegió, sino que nos persiguió por tierra y aire para masacrarnos.
En repetidas ocasiones se ha dicho que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, la derogatoria de la ley de amnistía brinda la posibilidad a la sociedad salvadoreña, para sentar precedentes y llevar ante los tribunales a violadores de los derechos humanos. Ya otros países de Latinoamérica como Chile, Argentina y Guatemala han emprendido procesos jurídicos por delitos de lesa humanidad y su democracia no se ha quebrado, si llegara a desestabilizarse el país por hacer justicia, significa que no cuenta con los elementos básicos para proteger a sus ciudadanos.
También es importante que en la región se investiguen los crímenes de lesa humanidad, no solamente por esclarecer los hechos de las décadas de los 70´s y 80´s y dignificar a las víctimas; sino por la nueva coyuntura que se vive en algunos países como México con acontecimientos en la historia reciente: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de decenas de maestros que luchaban pacíficamente en defensa de la educación pública, gratuita. En Honduras el asesinato de la medioambientalista Berta Cáceres, líderes campesinos y sindicalistas, religiosos y periodistas; al que han sido sometidos luego del golpe de estado en contra del gobierno de Manuel Zelaya.
