Por: Miguel de la Guardia. 03/02/2022
Algo debemos estar haciendo mal a nivel de sociedad y, particularmente, en lo tocante al sistema escolar cuando los casos denunciados de acoso escolar en nuestro país son un goteo constante y, en ocasiones, han sido la causa de lesiones y hasta del suicidio de alguna de las personas acosadas. No basta con incrementar la información que reciben los escolares al respecto e insistir sobre la necesidad de prevenir e informar a las autoridades académicas. La inhibición de profesores y responsables, la burocratización de los procesos y la falta de una respuesta rápida son las causas de que los problemas de acoso, lejos de resolverse de una vez por todas se prolonguen en el tiempo y suban de intensidad.
Si tenemos claro que el objetivo de cualquier protocolo contra el acoso escolar debe ser la protección de las víctimas, no cabe el que las medidas impliquen, en muchos casos, el cambio de centro de la persona acosada y, por el contrario, las medidas deberían afectar a los acosadores y a quienes encubrieron o no quisieron ver el problema. El alejamiento de los acosadores y la sanción a los equipos directivos deben ser los ejes sobre los que estructurar una solución a cada caso particular.
Desde aquí propongo que se inhabilite para la dirección de centros escolares a los miembros de los equipos de dirección que no se enteraron o no quisieron enterarse de que en sus aulas y espacios de recreo se hostigaba a un estudiante.
Por otra parte, cuando exista una denuncia de acoso, y oídas todas las partes en litigio, se debería cambiar de centro forzosamente a los acosadores.
Las medidas anteriores pueden parecer excesivas pero tienen por objeto proteger a las víctimas y evitar males mayores. En este caso, como en otros, las normas deben actuar como herramientas disuasorias y, en el caso de la educación, como elementos pedagógicos.
Es cierto que el sistema obligatorio de enseñanza, uno de los logros de la democracia, supone una masificación del sistema escolar, pero ello no debe ser empleado como argumento para renunciar a la educación en valores de los escolares ni debe reducir la protección a los menores.
Un país que tolera un solo caso de abuso escolar es un país que ha fracasado en sus obligaciones de proteger y educar a la infancia, y no me cabe en la cabeza que existan docentes que miraron para otro lado ante la evidencia de los abusos ni que nadie que ostente un cargo de dirección ningunee la menor denuncia al respecto. Además, se transmite un mensaje particularmente nocivo a los acosadores si creen que sus abusos pueden quedar sin castigo. El acosador en su juventud será el delincuente del futuro, de cuello blanco o descamisado, y se considerará con derecho para abusar de los débiles amparado por la impunidad de sus acciones del pasado. Mal futuro el que se puede esperar de situaciones que no supimos o no quisimos remediar.
Lo peor en el caso de los abusos infantiles es que no exista una conciencia de las obligaciones y responsabilidades asociadas a las tareas docentes y los cargos de dirección en una sociedad que tiende a la búsqueda de la riqueza y el poder a título individual y a la condescendencia con los poderosos; de manera que el servilismo con el rico y el empoderamiento de los arribistas permite que se ninguneen los problemas reales de las personas centrifugadas por el sistema.
Miguel de la Guardia es catedrático de química analítica en la Universitat de València desde 1991. Ha publicado más de 700 trabajos en revistas y tiene un índice H de 77 según Google Scholar y libros sobre green analytical chemistry, calidad del aire, análisis de alimentos y smart materials. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es editor jefe de Microchemical Journal, miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y es Premio de la RSC (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV.
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Fotografía: Otro mundo es posible
