Por: Grisel Bethancourt. 14/03/2025
Desde que el presidente panameño José Raúl Mulino se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio y aceptó recibirlos, miles de migrantes expulsados se acumulan en Panamá, sin que nadie sepa cómo regresarán a sus países. Sometidos a largos viajes por carretera y alojados en condiciones deplorables, se convierten en un nuevo y enorme drama humanitario.
Adriana* es de Venezuela, llegó a la estación temporal de recepción migratoria (ETRM) en Lajas Blancas, territorio panameño, acongojada y llena de incertidumbre. Sus pasos, marcados por la fatiga, habían recorrido un largo camino de sombras y esperanzas rotas. Con ella, su pequeña hija de dos años, frágil y enferma, se encontraba al compás de su angustia nuevamente en el Darién.
Pasó con ella su primera noche en Panamá en una cama de cartón, aunque no le ha faltado comida y atención médica, pero vencida por el agotamiento y sin esperanzas. Necesita volver a Venezuela donde se reencontrará con sus otros dos hijos también menores de edad, por quienes se embarcó en esa aventura.
Los días y las noches son agobiantes por los gallinazos que abundan en el lugar atraídos por los desperdicios y entran a las chozas donde duermen los migrantes. El sueño americano de Adriana se desvaneció entre fronteras y caminos truncados. Desde que dejó su tierra natal hasta su llegada a México hace cinco meses, tras atravesar las penurias de la selva del Darién y recorrer Centroamérica, cada jornada fue un eco de promesas que nunca se cumplieron.
Su pareja partió hace dos años a Estados Unidos y le prometió una nueva vida. Pero ella no pudo lograr la cita de los controles migratorios estadounidenses en la frontera de México. Él se cansó y la dejó a su suerte al otro lado del muro. Ahora, bajo el peso de la desesperación, se siente derrotada en el Darién.
La madre venezolana es una de los más de 400 nacionales de ese país trasladados a Panamá procedentes del Centro de Atención al Migrante –CATEM- localizado en Paso Canoas, territorio costarricense. Allí las autoridades ticas les realizan un control biométrico para verificar que no tienen antecedentes delictivos, condición impuesta por el gobierno panameño.
Llegar a la frontera no fue fácil. “Tuve que rebuscarme, pedir y buscar ayuda en la calle para poder comprar los pasajes de retorno, anduvimos de país en país hasta llegar a Costa Rica, donde nos recibieron bien; pero llegó el momento en que tuvimos que salir de allí por las gestiones entre los dos países”, cuenta Adriana.
El puerto de Llano Cartí es el principal punto de embarque de cientos de venezolanos. Crédito: Ministerio de Seguridad de Panamá.
El precio de ser venezolana
La migrante está consciente de que entre Panamá y Venezuela no hay relaciones diplomáticas ni consulares, lo que “para nosotros es un tema imposible”. Por eso es imposible hacer cualquier trámite para que Venezuela se haga cargo de su repatriación.
Cuando en Costa Rica los embarcaron en el bus para atravesar Panamá hasta el Darién, les prometieron que regresarían a su país desde la frontera con Colombia. Pero las promesas se desvanecieron durante el viaje por carretera, cuando el grupo que la acompañaba se enteró que no llegarían a la ETRM de San Vicente (en la provincia de Darién) y tampoco serían trasladados vía aérea a Cúcuta, la principal ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela.
Al ingresar en lo que los migrantes conocen como la ONU de Panamá, es decir la ETRM de Lajas Blancas (también en El Darién), donde los albergan, Adriana se angustió aún más: ¿Qué va a pasar con nosotros los venezolanos y los que vienen en camino sin una ayuda monetaria para retornar? “¡Esto no es vida, es inhumano!”, dice. “Mi papá no puede enviarme más dinero porque no tiene y tengo que pagar una multa porque estamos bajo migración de Panamá”, aseguró en su tercer día en Lajas Blancas. Su voz se escucha por WhatsApp quebrada por el dolor de verse atrapada en un limbo. Nadie responde. Nadie tiene respuestas.
El papel del Gobierno panameño
Panamá abrió las puertas a los migrantes tras un memorándum de entendimiento con Estados Unidos suscrito el 1 de julio de 2024. El acuerdo exige “la colaboración en el manejo de la migración, incluyendo el apoyo a operaciones panameñas de repatriación segura y efectiva, que incluya la revisión de casos que requieran protección”. En la sección 1.4, el gobierno estadounidense se compromete a ayudar económicamente a migrantes irregulares y a apoyar a extranjeros detectados en el flujo migratorio.
Pero como contó la migrante, ella tuvo que sufragar sus gastos desde Costa Rica y debe hacer lo mismo para llegar a Colombia desde Panamá. Todo esto sucedió luego de la visita, el 2 de febrero, del secretario de Estado, Marco Rubio, quien acordó con el presidente panameño, José Raúl Mulino, una ampliación del memorándum del año pasado, en términos desconocidos para la opinión pública.
Fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad calculan más de 400 personas que retornaron provenientes de México y Centroamérica, en su mayoría venezolanas. Desde el 19 de febrero y durante tres días caravanas de autobuses panameños ingresan al Darién con ellos. Estos son los primeros de miles de migrantes que atravesaron una vez la ruta de Darién hacia Norteamérica, y que otra vez llegan a su nueva realidad en las cercanías de la selva.
El gran reflujo migratorio ocurre luego de que en la tercera semana de enero, Donald Trump cerró el acceso que atrajo a miles de personas durante la era de Joe Biden. Las deportaciones y el endurecimiento de medidas como la apertura de la base de Guantánamo para recibir a los deportados, hizo que otros miles retrocedieran hacia América Central.
Mulino ha sido objeto de fuertes críticas por el “acuerdo de cooperación” con Rubio, que muchos vinculan con las amenazas de Trump acerca del Canal, sin contar con un plan claro para manejar la llegada masiva de personas expulsadas desde Estados Unidos y otras que retornaron voluntariamente. Mientras tanto, Mulino espera concretar otro acuerdo con el gobierno de Colombia para que cientos de venezolanos regresen por esta vía hacia Cúcuta, en la frontera con Venezuela.
El abogado panameño Ariel Corbetti, especialista en negocios internacionales, argumenta que “se está asumiendo un problema que no es nuestro. El recibir deportados no es nuestro deber y debe estar en un texto legal que lo autorice”, advirtió. Para el jurista el gobierno no ha definido las responsabilidades de las partes y “que estamos actuando para complacer a los norteamericanos. El problema no es panameño, no está claro si somos víctimas o cómplices, el gobierno está actuando de forma unilateral sin contar con nadie más. Sin el aval del órgano legislativo”, expresó Corbetti.
Por su parte Mulino niega la opacidad y que se estén violando leyes y acuerdos, como también cuestiona las críticas directas por redes sociales de la población, líderes y opositores.
Contradicciones migratorias
Sin embargo, el nuevo acuerdo contradice posturas anteriores. El 5 de diciembre de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó “que, a la luz del derecho internacional, no tenemos obligación de recibir deportados de otras nacionalidades que no sean la panameña”.
Si bien el gobierno ha prometido buscar soluciones humanitarias, la realidad es que el sistema carece de una normativa migratoria clara. Mulino solo menciona que organismos como la oficina del Alto Comisionado de la Onu para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) gestionan los retornos voluntarios y mantienen los recursos necesarios provenientes de Estados Unidos para albergar y repatriar a migrantes en un corto plazo.
Dentro del flujo de “beneficiarios” de esta cooperación llegaron 299 migrantes deportados desde Estados Unidos, que fueron puestos bajo custodia policial en un hotel de la ciudad de Panamá. Mientras piden ayuda, algunos han presentado solicitudes de refugio y recursos de hábeas corpus porque, argumentan, no pueden regresar a países donde están en peligro. De ellos, según el gobierno, 13 han retornado voluntariamente y 106 han sido trasladados al albergue de San Vicente, en el Darién.
Al encenderse las alarmas de la nueva crisis humanitaria con miles de migrantes en territorio panameño, los medios han constatado que al menos un centenar de migrantes pakistaníes, iraníes, chinos y de otras nacionalidades asiáticas niegan estar dispuestos a regresar a sus países voluntariamente. Ante este panorama el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc sostiene que el gobierno panameño a través del Servicio Nacional de Migración debe definir la regularización temporal del estatus migratorio de esos migrantes.
Desde un contexto geopolítico, el catedrático y economista Anastacio Rodríguez explica que Panamá se ha convertido en el muro de contención de la migración de Estados Unidos. Para él, existe el peligro de que esta población migrante se quede y cree un conflicto interno “como una bomba de tiempo”. Rodríguez considera el actual flujo de extranjeros como una “migración desordenada que puede generar discriminación y xenofobia.”
Derechos vulnerados
Tanto en Lajas Blancas como en San Vicente el tiempo se ha detenido para los migrantes. Panamá no puede ofrecerle más que un techo temporal, sin que nadie sepa cómo van a salir de allí.
Mientras Adriana resiste esta pesadilla, a pocos metros en la misma sede temporal de Lajas Blancas se encuentra su compatriota Coromoto Gálvez*, retenida con otra venezolana por el Servicio Nacional de Migración desde hace cuatro meses. Ella llegó con esposo panameño tras sortear toda clase de peligros.
Desde que pisó San Vicente, Migración los separó y Jorge, como panameño, se vio obligado a abandonar el lugar y bajo la impotencia y dolor tuvo que dejarla encerrada sin comunicación. A pesar de estar registrado su matrimonio, el Servicio de Migración ha denegado las peticiones para su salida y se encuentra inmersa en una maraña legal que no le resuelve la situación.
Tras permanecer prácticamente sola desde el cierre de la frontera con Colombia, en las últimas semanas Coromoto ha sentido el impacto de la llegada de cientos de personas al campamento donde permanece. Con lágrimas expresó lo que califica de “terror” y acoso verbal y psicológico de funcionarios que a diario la instan a salir hacia Costa Rica y a dejar a su esposo en Panamá.
El economista Rodríguez recuerda que tras la migración irregular hay una gran cantidad de mujeres, niños y niñas que se ven vulneradas y violentadas en sus derechos.
Corbetti concluye en que si Panamá es un puente para la migración irregular hay que exigir un tratamiento de humanidad y que los países de donde provienen se hagan cargo de los migrantes.
Por el momento una fuente de Seguridad informó que el gobierno panameño no ha concretado la devolución de cientos de venezolanos a través de Colombia, y que muchos de los migrantes han optado por arriesgarse y utilizar una ruta marítima no convencional desde el territorio indígena Guna Yala hacia la frontera colombiana de Sapzurro, municipio de Acandí. O salir desde poblados costeros de la provincia de Colón o Puerto Obaldía, donde salen al menos siete lanchas al día hacia Colombia.
En medio de la crisis humanitaria, nadie se explica por qué el Gobierno panameño insiste en llevar a los migrantes de regreso a la región del Darién, donde las condiciones son extremadamente precarias y cualquier gestión resulta prácticamente imposible. Muchos se preguntan si se trata de una especie de castigo, y para otros, es simplemente una tortura más.
*Nombres cambiados para proteger a los migrantes
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Fotografía: Connectas.
