Por: María Constanza Costa. 23/08/2022
El giro autoritario de los últimos años junto con los esfuerzos por contentar a un electorado conservador, al que intenta mantener fiel, y a sus socios del derechista Partido de Acción Nacionalista (MHP), alejan al partido Justicia y Desarrollo (AKP) de aquel islamismo moderado que pregonaban en 2012 cuando llevaba adelante políticas de tinte liberal que eran elogiadas tanto en el terreno doméstico como en el plano internacional. Esos tiempos han quedado definitivamente enterrados.
La noticia conocida hace algunas semanas acerca de la condena a cadena perpetua del filántropo Osman Kavala, en el polémico juicio conocido como “Parque Gezi”, sumó aún más consternación en una sociedad que ya se encontraba en la alerta por la pérdida de su derecho a manifestarse libremente.
En 2013, una protesta en defensa del parque Gezi como espacio verde de la ciudad de Estambul, en contra de la construcción de un centro comercial, desencadenó una ola de movilizaciones contra el gobierno del AKP. Para el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, las protestas fueron un intento de golpe de Estado en su contra, patrocinado por potencias extranjeras.
El juicio, con acusaciones infundadas contra los manifestantes que no pudieron ser fehacientemente comprobadas, fue orquestado para darle fuerza al relato oficial. La sentencia contra Kavala, que ya llevaba cuatro años en prisión preventiva, lo condenó como líder del intento golpista.
La libertad de expresión se restringió bajo el paraguas de un estado de excepción que, si bien ha dejado de tener vigencia en 2018, aún sobrevive como una práctica para recortar derechos
La estrategia del gobierno turco parece ser clara: a un año de las elecciones las voces disidentes no son bienvenidas. Los discursos que pongan en evidencia la crisis económica, la necesidad de pluralismo político, la independencia de la justicia, la cuestión de género o las desigualdades sociales, no tienen lugar en la arena política. La situación no es novedosa, desde el golpe de Estado de 2016, miles de académicos, defensores de derechos humanos, activistas de varias causas sociales, periodistas y políticos opositores han sido perseguidos y encarcelados, como una forma de disciplinar a la sociedad civil. Es decir, la libertad de expresión se restringió bajo el paraguas de un estado de excepción que, si bien ha dejado de tener vigencia en 2018, aún sobrevive como una práctica para recortar derechos.
A finales del 2020, el parlamento turco, que cuenta con una mayoría delAKP, aprobó una ley que regula la actuación de las organizaciones de la sociedad civil. Esta normativa encendió las luces de alarma entre políticos opositores y defensores de la democracia. Si bien la ley fue presentada como una herramienta legal contra la financiación de organizaciones terroristas fue puesta en cuestión por organizaciones de Derechos Humanos. Amnistía Internacional publicó un informe, en junio del 2021, titulado: “Instrumentalización de la lucha contra el terrorismo: Turquía aprovecha la evaluación de la financiación del terrorismo para atacar a la sociedad civil”, en el cual advierte cómo la nueva ley aprobada bajo el argumento de combatir al terrorismo amenaza el legítimo funcionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, al introducir medidas que violan el derecho de asociación y de reunión, así como el debido proceso legal.
Esta embestida contra la sociedad civil tuvo un nuevo capítulo a mediados de abril de este año, cuando la fiscalía general ordenó el cierre de la plataforma online “Paremos los femicidios”, una ONG que, frente a la falta de datos oficiales sobre femicidios, recopila información acerca de los asesinatos de mujeres que se suceden en todo el territorio nacional. Según la Plataforma el número de mujeres asesinadas el año pasado fue de 228, y hubo 217 casos de mujeres encontradas muertas en circunstancias sospechosas. La mayoría de estos crímenes son perpetrados por la pareja o por familiares de las víctimas.
La ONG comenzó a funcionar hace 12 años y actualmente es uno de los movimientos sociales más importantes de Turquía, con una proyección internacional como fuente de consulta en temas relacionados con violencia de género. La demanda en contra de la organización se basa en denuncias realizadas en la fiscalía en las cuales se la acusa de “desintegrar la estructura familiar, al ignorar el concepto de familia con el pretexto de defender los derechos de las mujeres”. Un argumento similar al utilizado por el gobierno el año pasado cuando se retiró del Convenio de Estambul contra la violencia machista, por medio de dos decretos presidenciales -firmados de madrugada- bajo el argumento de que la Convención socava los valores de la familia tradicional, fomenta la violencia y promueve la homosexualidad, ya que plantea la no discriminación por razones de orientación sexual.
La estrategia del gobierno turco parece ser clara: a un año de las elecciones las voces disidentes no son bienvenidas
En el corazón del distrito de Beyoğlu, se encuentra el barrio de Tarlabaşı, conocido popularmente como “el más peligroso” de Estambul, donde se mezclan inmigrantes de diferentes rincones del mundo con la población kurda. La mayoría de las familias que allí residen viven de una economía de subsistencia. En este barrio funciona desde hace 15 años el “Centro Comunitario Tarlabaşı”, destinado a brindar asistencia contra la discriminación, la pobreza y la desigualdad de género, a una población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad social. El Centro ha sido víctima de hostigamiento por parte la Oficina del gobernador de Estambul, dirigida por un funcionario del AKP. El gobierno amenaza con cerrar el centro, que comenzó como un proyecto de la Universidad de Bigli, con el argumento de que “el proyecto ha concluido”, y por eso el centro comunitario no debe seguir funcionando. A pesar de que los problemas de lo que se ocupa esta organización comunitaria no paran de crecer.
Los casos señalados anteriormente son una muestra del avance del gobierno sobre las libertades civiles, a la cual se puede sumar el intento de ilegalizar el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la principal fuerza política pro kurda del país, que en 2018 obtuvo más de 6 millones de votos y 67 bancas.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Panamá revista
