Por: Manuel Hernández Borbolla. The Huffington Post. 26/09/2017
Durante el último año, una serie de revelaciones periodísticas han dado cuenta que el gobierno y el Estado mexicano ocultó información crucial para resolver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Han pasado tres años de impunidad desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y hasta la fecha, la Procuraduría General de la República no ha podido esclarecer las causas de la desaparición, debido a que las autoridades simplemente no han querido investigar un punto crucial para la resolución del caso: el transporte de heroína en autobuses de pasajeros.
Aunque los vínculos entre el crimen organizado y la desaparición de los estudiantes fue advertida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su segundo informe por el caso Ayotzinapa —en el cual se advierte sobre un juicio en Estados Unidos donde se documenta el transporte de heroína en autobuses de pasajeros desde Guerrero hasta Illinois—, la justicia mexicana sigue procesando el caso basados en la llamada “versión histórica” de la PGR, la cual no incluye ninguna referencia al tráfico de drogas como un posible móvil del caso.
Pero no sólo eso, ya que cuando el GIEI solicitó a la PGR realizar gestiones para que el Departamento de Justicia en Estados Unidos proporcionara más información sobre el tráfico de heroína de Guerrero a Chicago, el gobierno mexicano impidió que los investigadores independientes accedieran a dicha información.
Dada la importancia de esta solicitud, las demoras e impedimentos presentados por la PGR para solicitarla resultan incomprensibles al GIEI”.Segundo Informe sobre el caso Ayotzinapa, GIEI
De este modo, la PGR ocultó información vital para la resolución del caso, tal como se reveló en enero de 2017 mediante un reportaje publicado en La Jornada, en el cual se explica que el gobierno mexicano tenía en su poder expedientes sobre el tráfico de drogas en autobuses de pasajeros que fueron deliberadamente ocultados a los investigadores del GIEI que desminiteron la versión oficial sobre el caso.
Para Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, organización de derechos humanos que ha seguido de cerca el caso y acompañado a las familias de los estudiantes desaparecidos, lo anterior es un claro ejemplo de cómo el gobierno mexicano simplemente no ha querido investigar lo que hasta hoy aparece como uno de los móviles más contundentes para tratar explicar la tragedia: el tráfico de drogas y los vínculos entre bandas del crimen organizado con integrantes del Estado mexicano.
“Mucha atención se centró en el quinto autobús porque la PGR lo dejó de lado en las primeras acusaciones. Ahora sabemos que la violencia pudo haber tenido que ver con impedir la toma de autobuses en un sentido más amplio. Está probado que los autobuses cargados de droga eran usados por organizaciones criminales en complicidad con el Estado, desde Iguala hacia Illinois. Hay un juicio en los Estados Unidos, eso no está en duda”, señala Aguirre.
“Está probado también que hay un antecedente mexicano de un autobús cargado de heroína que le fue decomisado a presuntos integrantes de Guerreros Unidos. Lamentablemente, nos enteramos de eso hasta hace muy poco, gracias a un trabajo de La Jornada, y ese antecedente se le ocultó al GIEI. A lo largo de un año, el GIEI cada vez que pidió antecedentes sobre tráfico de droga en autobuses, se le dijo que no existían, cuando ya había incluso una causa penal iniciada”, agrega.
De acuerdo con una investigación de la periodista Anabel Hernández, dos de los camiones Estrella de Oro donde viajaban los normalistas, habría transportado un cargamento de heroína con un valor de dos millones de dólares, misma que buscaría ser recuperada por militares que colaboraban con el crimen organizado.
En su libro La verdadera noche de Iguala, cuenta la historia de un capo de la droga que antiguamente habría colaborado con el cártel de los Beltrán-Leyva y que a partir de 2009 se asentó en el estado de Guerrero como base, incluyendo en su nómina a militares del 27 y 41 Batallones de Infantería, policías federales y policías ministeriales. Según la periodista, este narcotraficante habría hecho una llamada telefónica a mandos del ejército para recuperar el cargamento de droga en dos de los autobuses tomados por los normalistas de Ayotzinapa.
“Los peritajes de balística obtenidos para esta investigación, así como la mecánica de hechos, apuntan a que los autobuses Estrella de Oro 1568 y 1531 eran los vehículos cargados de droga, que fueron blanco de los ataques de esa noche: detuvieron al primero en el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, y al segundo en la carretera Iguala-Mezcala, a la altura del Palacio de Justicia, con ayuda de la policía municipal de Iguala, Huitzuco y Cocula, así como de la Policía Federal y la Policía Ministerial de Guerrero”, señala Hernández.
De acuerdo con esta versión, en el momento en que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se habrían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los compartimientos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos”.
Lo que puedo afirmar categóricamente es que (el presidente Peña) sí supo al final lo que pasó, que habían estado el ejército y la policía involucrados, y al final toleró, solapó , y auspició una operación de Estado durante dos años para encubrir lo que ha sucedido”.Anabel Hernández, periodista
El encubrimiento de la PGR quedó evidenciado meses después de que la investigación del GIEI reveló que Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal encargada de investigar el caso Ayotzinapa, fue grabado mientras grabada y manipulaba evidencia en el basurero de Cocula donde según la PGR habrían sido incinerados los restos de los normalistas desaparecidos.
Tras la revelación, una auditoría interna de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, realizada por el entonces Visitador General de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, comenzó a juntar pistas sobre las irregularidades de Zerón. En agosto de 2016, la Visitaduría Interna de la PGR concluyó que Zerón incurrió en conductas irregulares en el caso Ayotzinapa, por lo que recomendó a la Secretaría de la Función Pública para que se inicie un procedimiento administrativo en su contra.
A los pocos días, Chávez Flores renunció a su cargo, mientras Zerón fue ascendido en septiembre de 2016 como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto.
En marzo de 2017, Chávez Flores reconoció en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, que fue presionado para abandonar su cargo “por tocar intereses muy sensibles”, luego de que le pidieran “reconsiderar” los señalamientos contra Tomás Zerón.
De acuerdo con el informe técnico-jurídico interno de la PGR, detectó “detenciones ilegales y arbitrarias” que luego fueron desestimadas por la misma PGR, en un evidente manejo político del caso.
Yo sostengo que muchas de las detenciones de los implicados en el caso fueron detenciones ilegales y arbitrárias”.César Alejandro Chávez Flores, exvisitador de la PGR
“Es muy grave que se siembre la duda en un caso de esta relevancia, respecto de si el Estado mexicano tiene una actitud auténtica de dar con la verdad”, añadió Chávez Flores.
La auditoría interna de la PGR realizada al expediente Ayotzinapa, también recomendó investigar al capitán del ejército Jesús Martínez Crespo por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, así como al 27 Batallón de Infantería, a oficiales de la Policía Federal y al armamento que portaban los militares durante los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Una recomendación que, una vez más, fue desechada por la PGR.
Hasta la fecha, la PGR ha mantenido la “versión histórica” plagada de irregularidades como la base jurídica del caso.
“Y aunque después de los informes del GIEI la PGR tuvo que matizar los errores de su versión, en lo que llamó el Informe Blanco, los jueces y las juezas mexicanas que hoy juzgan el caso Ayotzinapa están juzgando una base de hechos que dependen de esa versión inicial de la PGR, donde no existen los hechos del Palacio de Justicia, no existe un segundo escenario donde los estudiantes fueron desaparecidos, donde se confunde un ataque armado en un solo momento y no en dos”, señala Santiago Aguirre, del Centro Prodh.
“La PGR no ha vuelto a hacer acusaciones, no ha vuelto a corregir las versiones, y aunque presentó su Libro Blanco, las acusaciones siguen siendo las mismas de enero de 2015”, añade Aguirre, uno de los activistas que fueron espiados por equipo de alta tecnología adquirido por el Estado mexicano, previo a la difusión del segundo informe del GIEI.
Una historia que demuestra la manera en que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pretendido enterrar el caso.
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Fotografía: huffingtonpost
