Por: Eduardo Ibarra Aguirre. Alai. 30/09/2017
Extendida como es la crítica ciudadana al sistema mexicano de partidos, y particularmente a su financiamiento público, el país entra al riesgo de que para corregir el derroche de recursos del erario en tareas partidistas y electorales, se tire el agua sucia de la bañera con todo y el niño.
El malestar con los partidos no es nuevo ni tampoco un fenómeno mexicano, sino generalizado en mayor o menor medida en los cinco continentes, y ganado a pulso por la partidocracia forjada por el sistema político mexicano sí, pero también por la ciudadanía que lo permite al formar parte de los votantes duros de los partidos, la mayoría de los cuales actúan como franquicia.
A la falta de recursos públicos para hacer frente a las tareas de la reconstrucción por los destrozos de los movimientos telúricos del 7 y 19 de septiembre en nueve estados, es necesario añadir el malestar por lo que estiman como tardía e insuficiente reacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión.
Malestar que alimenta la irritación frente al gobierno federal y éste a través del titular del Ejecutivo aprovecha la coyuntura creada para desarrollar una actividad febril de vinculación con los damnificados y de reposicionamiento de Enrique Peña Nieto. Ciro Gómez Leyva, sin ningún dato duro en la mano, dio por hecho una mejoría sensible en la aceptación ciudadana de EPN.
Paralelamente, un desesperado Enrique Ochoa se sacó de la manga que el Revolucionario entregará para los damnificados los 258 millones de pesos que recibirá del Instituto Nacional Electoral el último trimestre de 2017. Y entrado en gastos expuso que el PRI presentó una iniciativa de ley para que el financiamiento público a los partidos desparezca, y de una buena vez los legisladores plurinominales. Conquistas ambas de la reforma política de 1977, de José López Portillo y atribuida a Jesús Reyes Heroles.
Si nos atenemos a los expertos, es indispensable realizar una reforma constitucional que, por supuesto, requiere de mayoría calificada y, además, no puede efectuarse cuando el proceso electoral está en marcha.
Todo sea para que el octogenario partido del gobierno remonte su lejano tercer lugar en las preferencias para 2018, respecto a Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional, y Ricardo Anaya que aún está por verse si lo será por el Frente Ciudadano (de partidos) por México, si muestran que son capaces de subsistir en el reparto del pastel. Como me dijo en 1974 un destacado marxista guerrerense que se casó por la iglesia: “Mi mujer bien vale una misa”. Los Pinos bien valen todas las maniobras políticas habidas y por haber.
Con sobrada razón, el senador Alejando Encinas advirtió: “No caigamos en simulación abriendo la privatización de la política. No dejemos en manos de los poderes fácticos y delictivos las elecciones del 2018”. También el perredista Luis Sánchez alertó que con la ruta propuesta por el amigo y tocayo del primer priista del país, que primero serían los plurinominales a desparecer y luego seguirían las cámaras legislativas. Y el panista Roberto Gil –partidario de Felipe Calderón y Margarita Zavala– propuso que “Debemos defender no solamente la vitalidad del financiamiento público, sino la necesidad de construir plataformas de equidad para que el pluralismo competitivo se pueda expresar correctamente”, frente –agrega el redactor– al proyecto regresivo que impulsan los dueños del duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio, de México.
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Fotografía: SDPnoticias
