Jorge Salazar García. 02/03/2025
Desde el puerto jarocho, Rodolfo Suárez Castellanos representante del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz (CONJUPEVER), ha comunicado el reinicio de sus movilizaciones. La siguiente tendrá como punto de reunión El Tranvía del Recuerdo; Rayón, esq. S. Díaz Mirón/J. Prim, el viernes 7 de marzo a las 8:30 horas a.m. Su objetivo es solicitar al Estado: 1) Pague los seguros de los jubilados fallecidos, 2) Contrate aseguradora, 3)Otorgue información sobre el destino de las cuotas descontadas y 4) Explique porqué desde noviembre de 2021 el exgobenador Cuitláhuac suspendió la contratación mencionada.
De esta agrupación, atendida en diciembre pasado por el actual secretario de gobierno para reiniciar el diálogo roto por el represor de Totalco, se entrevistó a su presidente.
¿Por que volver a las calles, señor Suárez?
-Para visibilizar que nuestro problema sigue sin resolverse y nos urge reiniciar un diálogo suspendido por la renuncia de la oficial mayor (SEV) pero que puede enfrentar la Dra. Claudia Tello y ya no admite más demoras.
¿Confían que en el segundo piso les sea resuelto su problema?
– No confiamos. Esperamos que se resuelva. Pensamos…luego insistimos (Descartes dixit).
¿Algún llamado en especial?
-Llamamos a la manifestación de inconformidad y solución en el Estado de Veracruz, única entidad con ese problemon (provocado) desde hace 10 años por 3 infaustos gobernadores del PRI, PAN y Morena.
Debe aclararse que este añejo problema ha sido una y otra vez burocratizado por las autoridades; mientras lo hacen, siguen muriendo jubilados cuyos familiares no reciben el pago del seguro que por derecho les corresponde. Los demandantes esperan que la señora gobernadora, quién está mostrando sensibilidad para atender casos similares, intervenga ordenando a sus subordinados de la Secretaria de Educación (SEV) atiendan con seriedad esta problemática que afecta a decenas de miles de veracruzanos. Por ejemplo, mucho ayudaría, rectificar nombramientos en la SEV, cubiertos por personas que traicionan la confianza de la misma presidenta de la República, dedicándose más a cuestiones electorales que cumplir con su deber constitucional.
Al respecto se transcribe parte de la carta de la Presidenta Sheinbaum (2/10/2025) donde invita a todos los funcionarios a actuar conforme a las expectativas del pueblo:
“Confío que estarán a la altura (…) de su mandato: tener un gobierno que sirva y atienda (al pueblo); con (funcionarios) que actúen con disciplina, con solidaridad, buscando siempre el bien supremo: la felicidad del pueblo y el bienestar común.”
Aunque lo expresado en la misiva pudiese parecer demagogia populista, lo importante es que el mensaje resulta esperanzador para quienes se ven obligados a recurrir a la manifestación pública. Hasta el momento el secretario de gobierno, Ricardo Ahued, hábil en el manejo de conflictos, ha logrado aplazar la explosión de la protesta social aquí en la capital. Y digo aplazar, porque eso de resolver lo planteado parece escapar de sus manos, pues requiere de mucho dinero además de una firme voluntad política para detectar y expulsar a los vividores de la política que sólo piensan beneficiarse del puesto.
Es bueno ver a la señora gobernadora sonreír, eso podría indicar, según los psicólogos, que goza de bienestar y relajación por hacer lo correcto en beneficio de los gobernados. No será fácil atender expeditamente los casos de los jubilados, cafetaleros, desparecidos, defensores del agua y del territorio teniendo estructuras burocráticas corrompidas, pero el sólo hecho de intentarlo manteniendo los acuerdos sobre restablecer el diálogo se ganaría el respeto y el agradecimiento de los afectados.
Debe esperarse, por el bien de todos, que la construcción del segundo piso de la 4T, encabezado por mujeres, (procreadoras de vida) no requiera de herramientas jurídicas coercitivas extremas como el artículo 139 del código penal donde se tipifica el delito de terrorismo. Este es una espada de Damocles* que pende sobre la cabeza de quienes participan en manifestaciones debido a que cualquier particular o autoridad puede demandar por daños. Este artículo establece que comete ese delito quien presione a la autoridad o a un particular (…) para que tome una determinación; o quién dañe la economía nacional, bienes inmuebles públicos o la integridad emocional (de las persona). Naturalmente, hay más normas de este tipo que cualquier gobierno tirano puede utilizar cuando se le antoje.
Seguramente, la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE de Veracruz (AJUPIV), atendida también en diciembre pasado, reiniciará sus plantones frente a palacio, pues durante todo el sexenio del primer piso de la 4T les mintieron, no obstante probar fehacientemente que “Cuitláhuac García canceló en 2021 el seguro de vida para los jubilados federalizados de la Secretaría de Educación de Veracruz” (al no contratar aseguradora). Como ellos mismos afirman en uno de sus últimos oficios: “Lo hizo violando el derecho humano tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 apartados A y B. El exgobernador actuó al margen de la ley, sin dar la cara, sin atreverse a informar a un promedio de doce mil jubilados afectados en Veracruz: Violó la ley (…), seguro de la impunidad que le brinda su acarreo de votos. Si el dinero recibido para la seguridad social de los jubilados de la SEV no fue aplicado para este fin… es posible suponer que fue malversado”.
Para tener una idea aproximada sobre el monto de lo que el Estado recibe mensualmente de esa prestación social, se hizo el siguiente cálculo: considerando a 12 mil jubilados y una cuota promedio de 200 pesos por persona nos arroja $2 400 000 mensuales. Esta cantidad multiplicada por 12 meses y 4 años asciende a $115. 2 millones. Ahora, tomando en cuenta que tales saqueos se realizan desde el régimen de Javier Duarte, la suma rebaza los millares de millones de pesos.
Por todo lo anterior, ambas organizaciones exigen:
A) Una respuesta legal que contenga la fundamentación y motivación a que obligan los artículos constitucionales (relativos). B) Aclarar porqué se canceló o no se renovó la póliza N° 385633805 correspondiente a la cobertura del personal jubilado del sistema federal con vigencia del 01 de noviembre de 2020 hasta el 01 de noviembre de 2021. C) Se investigue y se finquen responsabilidades civiles, administrativas o penales.
Evidentemente el endeudamiento y el déficit público, impiden a la gobernadora cubrir todos los adeudos rezagados desde hace 10 años. No obstante debiera manifestarlo con franqueza, los jubilados se lo agradecerían. Después, podría solicitar a la federación fondos para pagar a los familiares de los jubilados ya fallecidos y contratar la aseguradora para el resto. Disponiendo, por ejemplo, parte de los recursos confiscados en la lucha contra el narcotráfico.
Es una vergüenza, por decir lo menos, que Veracruz, siendo tan rico en petróleo y recursos naturales, sea el único Estado donde los jubilados, junto con sus compañeros que mueren esperando su seguro, son burlados, una y otra vez.
*Siendo rey Dionisio II de Siracusa(s. IV, a.C.) permitió a un cortesano probar el poder: lo colocó en su trono rodeándolo de lujos y placeres pero colocó sobre su cabeza una espada afilada sostenida por un pelo de caballo, simbolizando la fragilidad de la vida, inherente al ejercicio del poder.
