Jorge Salazar García.
Con fecha 30 de septiembre del presente, el Presidente envío a la cámara de diputados su propuesta para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. En la exposición de motivos menciona que la reforma neoliberal conformó un sistema eléctrico cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de la CFE y otorgar beneficios ilimitados al sector privado. Más adelante, en el apartado de antecedentes expone el desarrollo de este proceso.
Veamos de manera resumida la cronología del despojo.
Las primeras productoras de electricidad se instalaron (1880-1900) durante el porfiriato. Muy pronto mostraron el cobre elevando las tarifas a su antojo, al grado de que el presidente Díaz tuvo que intervenir para corregir los abusos sobre los consumidores, municipalidades y pequeños industriales ante el favoritismo hacia los grandes consumidores. Nada nuevo bajo el Sol.
Pasando la revolución (1910), aquellos abusos se reanudaron y los conflictos entre empresas privadas y consumidores se multiplicaron. Desde entonces, dichas compañías evidenciaron no sólo su codicia sino también su ineficacia para electrificar el país y cubrir la demanda nacional.
En 1936 el general Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la cual logró aportar casi la mitad de la energía producida entre 1945 y 1960, el resto la producían dos compañías extranjeras. Siendo Presidente Adolfo López Mateos, la empresa estatal vendía a precios bajos hasta el 50% de su producción a esa compañías, las cuales la redistribuían siempre demandando incrementar a las tarifas fijadas por el Estado ( ya olía a chamuscado). Ante la negativa gubernamental de elevar el precio, los empresarios, pensando sólo en sus intereses, suspendieron sus inversiones. Así que López Mateos decidió comprar las dos compañías. Tal coyuntura fue aprovechada para consolidar el control Estatal del sector eléctrico reformando el artículo 27 Constitucional redactado en los siguientes términos:
“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia NO se otorgaran concesiones a los particulares…” .
Este esquema nacionalista sólo duró 32 años. En 1992 Carlos Salinas, dentro del marco de la negociación del TLC (Tratado de Libre Comercio) introdujo mañosamente las figuras de autoabastecimiento y generación independiente, argumentando que no eran servicios públicos. De ese modo abrió de nuevo las puertas de la CFE a las empresa extranjeras. No obstante estos latrocinios, para el año 2000 la CFE abastecía al 94.6 % de mexicanos y había tendido en el territorio una red eléctrica de casi medio millón de kilómetros. Desde el punto de vista técnico, social y económico la CFE había sido ¡extraordinariamente eficiente!
Posteriormente, Zedillo y Fox, obedeciendo a Salinas intentaron profundizar el proceso de privatización. Aunque no pudieron modificar la Constitución provocaron la quiebra financiera de la CFE, disminuyéndole drásticamente el presupuesto. Al regresar el PRI a la presidencia con Peña Nieto, el copetón tuvo 3 pretextos inducidos para reformar la Constitución en 2013: la quiebra financiera de la CFE, la baja competitividad de sus tarifas y la incapacidad para promover la transición energética. Fue la traición, asesorada por la OCDE que impuso al Estado limitaciones a la generación de energía y restricciones absurdas a su expansión. Como sea, Salinas pagó así a E.U.A el reconocimiento a su gobierno en 1988, reforzando las bases constitucionales y modificando las leyes y el resto del marco jurídico aplicable a la industria eléctrica asegurando una mayor participación del sector privado y extranjero. Las cúpulas empresariales aplaudieron esa reforma que convirtió a la CFE en una fuente de saqueos descomunales.
Mediante una analogía simple se explica un ejemplo de esa expoliación.
En esta analogía, los autos representan la energía eléctrica producida. La distribuidora automotriz es la CFE que también es productora de autos. El inversionista, es productor privado o subsidiarias energética. La autoridad, puede ser la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
Va de cuento:
Hubo una vez un inversionista que teniendo una capacidad instalada para producir 19 autos, ofreció venderle 62 a una DISTRIBUIDORA (CFE); la cual, aunque no los necesitaba, estaba obligada a comprárselos y al precio que fijara una autoridad aliada (CRE) de aquel, supongamos a 10 pesos por unidad. Como le faltaban 43 autos, el inversor pidió a la DISTRIBUIDORA (obligada por ley) se los proporcionara, no al precio que ésta cobraba por los suyos al consumidor común (pensemos en 5 pesos) sino menor, establecido por la misma autoridad mencionada (CRE) ¿tal vez 2 pesos? Pero como la DISTRIBUIDORA únicamente poseía 10 autos y tenía prohibido producir más unidades, tuvo que adquirir 33 en el mercado acaparado por los socios del inversionista; naturalmente a precios mayores (digamos 15). Habiendo recibido las 43 unidades faltantes, el brillante empresario pudo cobrar 620 pesos a la DISTRIBUIDORA por el lote completo ofertado. Pero a pesar del pago recibido, el inversionista no entregó todos los autos (en ocasiones ninguno) con la intención de revender los sustraídos a precios bajísimos a otros inversionistas, (socios o prestanombres). Claro en su contabilidad registró elevadas sumas de adquisición, para hacerlas deducibles de los impuestos. Con el paso del tiempo la distribuidora quebró, lo que motivó la exigencia del inversor y socios de que el Estado la rescatara con dinero público para continuar saqueándola. ¡NEGOCIO REDONDO!
Certificados de Energía Limpia (CEL): más negocio.
Derivado de los acuerdos internacionales en la materia, los productores de energía, privados y públicos, están obligados a incorporar energías limpias, (mínimamente el 10.9% de su producción), al sistema eléctrico nacional. A los gobiernos corresponde estimular la inversión en ese rubro enviando al mercado Certificados muy rentables que venden a precios bajos y pagan altos rendimientos. Estos títulos mercantiles se cotizan en el mercado de productores mayoristas, los emite el CRE y opera el CENACE. Son muy codiciados, pues representan dinero seguro y en expansión. Por su gran rentabilidad son codiciados por los empresarios pero, claro está, con cero o mínima producción de esa clase de energía. La mayoría no cumple con la calidad ni el porcentaje requeridos pero, aún así, exigen les sean extendidos los certificados, los cuales recibe, previos moches de por medio. Ah, por cierto, la CFE produce el 55% de energía de esta clase, pero ¿qué creen? ¿le tienen prohibido adquirir esos certificados! porque, según dicen esos ladrones, representa una competencias desleal.
El dinero que el Estado entrega (directa o indirectamente) anualmente a esa estirpe parasitaria, según cifras consignadas en el documento enviado a la legislatura, se acerca a los 500 mil millones de pesos. Este esquema es a todas luces insostenible. Hará imposible que la CFE suministre electricidad barata y cubra la demanda nacional a mediano plazo.
Buscando detener ese brutal saqueo el Presidente propone:
- Desaparecer el CRE.
- Integrar la CFE en un solo organismo estatal.
- Conservar las subsidiarias de telecomunicaciones e internet para todos, y la filiales CFE-energía, CFE-internacional y CFE-capital.
- Reincorporar el CENACE a la CFE.
- Otorgar la exclusividad a la CFE en el abastecimiento.
- Generar AL MENOS el 54% de energía que el país demanda.
- Cancelar los permisos privados de generación lo mismo que los contratos de compraventa.
- No reconocer los contratos de autoabastecimiento.
- Cancelar los certificado de energías limpias.
