Por: Alejandro Maroño. El Orden Mundial en el Siglo XXI. 09/01/2018
Ruanda ha alcanzado en 2017 la cuarta posición mundial en el informe del Foro Económico Mundial que recoge la eliminación de la brecha entre sexos, lo que sitúa al país por delante de referentes mundiales en materia de igualdad como Canadá o Suecia. A pesar de ello, la persistencia del patriarcado impide a muchas mujeres disfrutar de la igualdad a la que tanto se refieren las leyes nacionales.
El término genocidio suele evocar los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Imágenes de aviones que bombardean Berlín o Hitler mientras dirige las tropas alemanas se entremezclan con las que muestran a judíos, homosexuales y gitanos agonizantes en campos de concentración. A lo largo del siglo XX, el término ha adquirido gran relevancia dentro del Derecho internacional, lo que ha llevado a su aplicación en diferentes sentencias internacionales.
Ruanda es uno de los países que tienen el reconocimiento formal de haber sufrido un genocidio dentro de sus fronteras como consecuencia de la eliminación sistemática de población de etnia tutsi por parte de la etnia hutu, mayoritaria en el país. El genocidio de los tutsis colocó al pequeño Estado africano en el panorama internacional y Jean-Paul Akayesu se convirtió en el primer acusado de genocidio bajo el mandato del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Tras la pacificación del país y la toma del poder de Pasteur Bizimungu junto con Paul Kagame como vicepresidente —actual presidente desde el año 2000—, el país ha experimentado un importante avance social, especialmente visible en cuanto a igualdad de género.
La progresiva campaña para favorecer la inclusión de la mujer en la sociedad ha conseguido sus resultados: en 2017 el Foro Económico Mundial ha situado al país en su informe sobre la brecha de género en una cuarta posición a nivel mundial, por encima de países como Suecia o Canadá, referentes tradicionales en la causa paritaria. El progreso ascendente del país en cuanto a políticas igualitarias es producto de un continuado trabajo de reconstrucción tras la guerra civil. Solo mediante un análisis de esta evolución es posible entender la situación presente, así como qué herramientas deben incorporar otros Estados para conseguir esta igualdad.
La igualdad de género como camino a la paz
La lucha fratricida entre hutus y tutsis acabaría con un millón de personas asesinadas y más de 200.000 mujeres violadas en un conflicto que desgarró un país y cuyas consecuencias se extendieron más allá de sus fronteras para afectar a vecinos, como la República Democrática del Congo o Burundi. La situación excepcional vivida como consecuencia de la guerra liberó a las mujeres ruandesas de las estrictas imposiciones sociales derivadas de la época colonial y las convirtió en el principal motor económico, político y social del país. Gracias a ellas, roles tradicionalmente asignados a los hombres del país quedaron liberados de la imposición de género, lo que convirtió a las mujeres en constructoras, agricultoras u activistas. Las asociaciones femeninas fueron también imprescindibles en esta lucha y se transformaron en los sectores más activos de la sociedad civil. Pro-Femmes es la organización que aglutina un mayor número de defensores de los derechos de las mujeres en el país, así como la más relevante durante el proceso de reconstrucción nacional en la lucha por estos derechos.
El constante apoyo de estas asociaciones a la reconstrucción del Estado se materializó en una progresiva adquisición de derechos. En 1999 el país adoptó una importante ley sobre herencias que aseguraba la igualdad entre hijos e hijas en el momento de la muerte del progenitor. Sin embargo, el avance principal respecto a igualdad de género en el país se evidenció con la ratificación de la nueva Constitución posgenocidio en 2003, que ya en su preámbulo propugna la igualdad entre hombres y mujeres como piedra angular del nuevo país. La Constitución también defiende que el principio de igualdad de género debe prevalecer en la política y que la lista de miembros a la cámara de diputados debe regirse por este principio equitativo.
Desde una perspectiva legal, la Constitución ruandesa y la ley sobre herencias solo suponen la piedra fundacional de una larga lista de medidas legislativas encomendadas a la protección de la mujer. La ley sobre violencia de género aprobada en 2008 es prueba del compromiso nacional respecto a los derechos de la mujer, ya que reconoce protecciones innovadoras como la prohibición de la violación conyugal o tres meses de baja maternal obligatoria —países occidentales como Estados Unidos carecen de esta protección—, lo que convierte a Ruanda en un referente regional en cuanto a legislación igualitaria. Finalmente, el caso de la ley de trabajo aprobada en 2009 establece numerosas protecciones para las mujeres ruandesas, tales como recibir el mismo sueldo que sus colegas varones o la total prohibición de cualquier gesto de contenido sexual hacia ellas.
No solo son las leyes las encargadas de garantizar la igualdad entre sexos. Es, de hecho, la política el campo donde la paridad alcanza su mayor exponente gracias al continuo compromiso de su presidente con la representación igualitaria. Este apoyo ha llevado al país a recibir el distintivo de ser el primer país del mundo en representación femenina en el Parlamento nacional, cuya proporción incluso supera la masculina en la cámara baja —49 mujeres de un total de 89 representantes—.
El órgano encargado de coordinar la protección y el empoderamiento femeninos es el Ministerio de Género y de Promoción de la Familia, promotor de la Política Nacional de Género, así como coordinador de su implementación local. Dicho ministerio trabaja mano a mano con los diferentes Consejos Femeninos Nacionales, foros encargados de potenciar el compromiso femenino en el desarrollo del país. Finalmente, la Oficina de Seguimiento de Género monitorea el progreso de los otros órganos para alcanzar una progresiva igualdad, en la que también está implicada en gran medida la sociedad civil, así como los diferentes órganos institucionales a nivel local y regional.
La ministra de Género, Espérance Nyirasafari, resumió los avances conseguidos por el ministerio en la última sesión de la Comisión de Naciones Unidas para el Estatus de la Mujer. Algunos de los más relevantes son la reducción del porcentaje de mujeres en pobreza extrema de un 40% en 2001 a un 16,3% en 2014 o la posesión de tierra por parte de un 26% de las mujeres de forma personal y un 54% de forma compartida con sus maridos. Gracias al trabajo del ministerio, así como al compromiso del presidente Kagame, las mujeres ruandesas disfrutan hoy de unos derechos inalienables para algunas regiones del mundo, pero utópicos en países de la región como Chad, Etiopía o Malaui.
Esta continua labor igualitaria ha dado sus frutos: Ruanda es el cuarto país del mundo con una menor brecha de género, solo por detrás de Islandia, Noruega y Finlandia y por delante de países claves en el desarrollo de la igualdad entre sexos. En el estudio anual del Foro Económico Mundial, solo cinco países —incluida Ruanda, el único africano— han superado la barrera del 50% en cuanto a la reducción de la brecha entre sexos en política —Islandia es el único que supera el 70%—. Asimismo, es de gran relevancia la paridad en participación económica que ha conseguido el país, lo que lo ha convertido en el primero del mundo en inclusión de la mujer en el mundo laboral y retribución económica igualitaria. El país obtiene también la medalla de oro en materia sanitaria gracias a la labor estatal y el apoyo de las iniciativas locales. Una de las iniciativas más interesantes recibe el nombre de SHE —‘ella’ en inglés—; se trata de una organización social centrada en el desarrollo de compresas asequibles y ecológicas fabricadas con fibra de banana que tratan de mejorar la calidad de vida de las mujeres en entornos rurales.
Lo más interesante de estos logros es el compromiso con la igualdad de género pese al limitado desarrollo económico del país. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ruanda es el país número 159 de un total de 176 en desarrollo humano. El compromiso del país es una prueba irrefutable de que, a pesar de una precaria coyuntura económica, los derechos sociales no tienen por qué verse afectados ni debe servir de excusa para no avanzar en cuanto a igualdad de género.
Las sombras de una lucha
El compromiso con los derechos de las mujeres en Ruanda demuestra la capacidad de un país en cuanto a derechos sociales a pesar de las limitaciones de su economía. A pesar de ello, las mujeres ruandesas se enfrentan a numerosas situaciones diarias que convierten las estadísticas en papel mojado. Los niveles de violencia de género en las escuelas del país son elevados, tanto por parte de profesores como de alumnos. La difícil situación de las mujeres del ámbito rural es especialmente preocupante: mientras que en áreas urbanas el 13% de las mujeres nunca han ido a la escuela, este porcentaje alcanza el 24% en el medio rural. A ello se suma la acuciante discriminación en áreas rurales, donde, a pesar de las leyes a favor de la igualdad de género, prevalece la tradición. Esta, en línea con una concepción patriarcal de la sociedad, favorece al hombre antes que a la mujer, lo que complica el acceso de estas a los bienes conyugales en caso de divorcio y la recepción de herencias en comparación con los hermanos varones.
La distribución del trabajo no remunerado también crea graves discriminaciones en cuanto al género. Las mujeres ruandesas emplean cada semana 20 horas más que los hombres en las tareas domésticas, el cuidado de los niños y el trabajo voluntario ligado a la comunidad. La socióloga Arlie Hoschild se refiere a esa diferenciación como “brecha de ocio” entre sexos, que hace que la mujer trabaje durante dos jornadas —en el trabajo y en casa— en lo que el hombre hace solo una.
La huella del patriarcado persiste en el país a pesar de las medidas implementadas durante las últimas décadas, lo que perpetúa las desigualdades e implica graves consecuencias en la integridad de las mujeres del país. La violencia machista en la sociedad ruandesa sigue siendo duradera y cuenta con diferentes manifestaciones. La violación es una de las más claras, como atestiguan las 190 denuncias en 2016. La cifra real seguramente sea mayor, ya que el miedo que provoca la cultura machista impide a muchas víctimas reconocer públicamente su situación. Este miedo impregna todos los ámbitos de la vida en el país y se cuela bajo las puertas de cada hogar, en los que un 34% de las mujeres reconoce haber sufrido violencia sexual o física por parte de su pareja al menos una vez en su vida.
De nuevo, las mujeres rurales del país sufren el machismo en mayor medida que las urbanas, pues a la persistencia de una cultura patriarcal tradicional se le añaden otros factores discriminatorios, como el acceso precario a la tierra o la difícil independencia económica. Estas sombras ponen de manifiesto los golpes que el Gobierno trata de maquillar con leyes igualitarias dirigidas a empoderar a la mujer sin atacar el problema principal: el patriarcado y la cultura machista.
Ruanda se ha convertido en un referente mundial en materia de igualdad legal entre sexos. La terrible cicatriz del genocidio de 1994 se trató de cerrar con una reconstrucción estatal basada en el empoderamiento femenino. Este compromiso de dos décadas lo ha llevado al podio mundial gracias a la labor de las asociaciones de mujeres, cuya labor a nivel local, regional y estatal ha conseguido avances impensables en otros países de la región. A pesar de ello, al analizar la realidad de las mujeres ruandesas se comprende cómo el machismo consigue zafarse de las cadenas legales para seguir imposibilitando la igualdad real en el país.
Solo con políticas dirigidas a los hombres y enfocadas a acabar con una concepción tóxica y violenta de la masculinidad se considerarán los cambios como reales. Terminar con los privilegios para alcanzar la igualdad es el único camino, ya que no puede haber empoderamiento si persiste su principal atadura. Esto es algo que debe ser entendido por el resto de los países; el machismo y el patriarcado, como el genocidio, no entienden de fronteras.
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Fotografía: El Orden Mundial en el Siglo XXI
