Por: Esther Rebollo. 26/07/2024
Los derechos humanos se apagan en Perú, en especial, los de las mujeres, incluido el acceso a la justicia. El conjunto de normas contra la democracia y para tapar la corrupción aprobadas por el Congreso, dominado por fujimoristas, ex altos cargos militares y ultraconservadores, ha llegado a su punto álgido con la presentación de un proyecto de ley que busca dejar impunes los crímenes de lesa humanidad anteriores a 2002.
El Congreso aprobó esta polémica iniciativa el pasado 6 de junio y ahora aguarda a una segunda votación, en medio de las críticas de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos.
Dina Boluarte, quien accedió al poder en diciembre de 2022 desde la Vicepresidencia y tras el encarcelamiento de Pedro Castillo, guarda silencio cómplice y deja pasar iniciativas antiderechos.
Los casos más emblemáticos que afectan a miles de mujeres son las esterilizaciones forzadas, practicadas de forma sistemática durante el régimen de Alberto Fujimori, y la violencia sexual contra adolescentes de Manta y Vilca, en la provincia andina de Huancavelica.
En una entrevista con Efeminista, Cynthia Silva, la abogada y directora de Demus (organización que defiende legalmente a estas víctimas), expresa su preocupación al explicar que estos casos se han tratado en Perú como delitos comunes o inevitables, es decir, como acciones colaterales del conflicto interno. “Nosotras hemos enfrentado estos procesos como delitos de lesa humanidad y bajo la necesidad de imprescriptibilidad porque solo así habrá justicia”, matiza.
Esterilizaciones forzadas, un caso anulado en Perú
Entre 1996 y 2000, el Estado peruano llevó a cabo una campaña de esterilizaciones forzadas tras someter a más de 200.000 mujeres a engaños y amenazas, con el objetivo de controlar los nacimientos en zonas andinas y selváticas. En algunos casos, las víctimas murieron y en muchos otros sufrieron traumas y secuelas de las que todavía no se recuperan.
Dos casos saltaron a instancias internacionales. El deCelia Ramos llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y el de Mamerita Mestanza, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se pactó un acuerdo. Ambas fallecieron tras la intervención a la que fueron sometidas de manera forzosa.
De forma paralela, se ha intentado en Perú buscar justicia, en medio de dificultades y bloqueos: la Corte Suprema anuló el proceso en diciembre de 2023 después de tres años de investigaciones.
La abogada de las víctimas y directora de Demus explica que se estaban investigando 1.300 casos, pero advierte de que hay otro proceso nunca abierto y que serían otras 2.000 mujeres. El objetivo es reabrir el caso clausurado por el Supremo, “pero no desde foja cero, sino haciendo uso de los testimonios y de lo investigado hasta ahora”, e incluyendo al resto de víctimas.
El procesado Alejandro Aguinaga, impulsor de la ley
El carpetazo del caso, que podría morir definitivamente si se aprueba la ley, lo explica la letrada Silva: “No están procesados militares de bajo rango, sino personas poderosas, con privilegio de clase, como el actual congresista y entonces ministro de Salud, Alejandro Aguinaga, uno de los impulsores de la ley; así como el propio Fujimori. Todos buscan la impunidad”.
“Aguinaga quiere acabar con el proceso, quiere que las víctimas no declaren y si lo han hecho que esos testimonios desaparezcan. El problema es que después de tantos años, preguntas a las víctimas y no saben qué responder, son quechuahablantes, no leen, les llega una notificación judicial y se asustan, no se presentan a la citación”, argumenta Silva sobre la odisea que han vivido las supervivientes.
La abogada considera que ese desorden judicial y la vulnerabilidad de las víctimas favorecen estas iniciativas legislativas.
En este mismo sentido, la excongresista y escritora feminista Rocío Silva Santisteban advierte a Efeminista de que “nadie quiere tocar este caso por lo engorroso y por la cantidad de víctimas”, y por eso resalta el cierre del caso y el papel del congresista Aguinaga.
Violencia sexual en Manta y Vilca
El 21 de marzo de 1984, el Gobierno instaló una base militar entre las localidades de Manta y Vilca, en Huancavelica, una de las regiones más afectadas por la violencia sexual durante la guerra interna (1982-2000), según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Los militares estuvieron allí diez años, periodo en el violaron de forma sistemática a decenas de adolescentes, quechuahablantes y campesinas. Muchas de ellas quedaron embarazadas.
El segundo juicio oral por este caso comenzó en 2019 y se prevé que la sentencia se conozca en los próximos días. Un primer juicio se declaró nulo, al igual que ha pasado con las esterilizaciones forzadas. Ahora, la ley que defiende el Congreso podría dejar en la impunidad estos crímenes, por los que están siendo juzgados trece exmilitares. Al inicio eran 14, pero uno de ellos salió del proceso porque cuando perpetró el delito era menor de edad.
Isabel Huamani, víctima de esterilización forzada, posa en Lima, Perú, el 21 de enero de 2021. EFE/ Paolo Aguilar
La abogada de las víctimas indica que el proceso de Manta y Vilca “ha demorado muchísimo, por eso es importante mencionar que las agraviadas que denunciaron han sido expuestas a revictimización. Solo nueve han denunciado y quedan ocho, pues una de ellas ya ha fallecido, pero fueron centenares porque los abusos fueron masivos. Hubo una proliferación de nacimientos en esas fechas, los nombres con los que registraba a los nacidos eran apelativos de los militares, como se les conocía o se llamaban entre ellos”.
Un caso emblemático
La excongresista Silva Santisteban lo califica como “caso emblemático porque ha costado muchísimo esfuerzo que se judicialice, por la burocracia y también por el pudor de las denunciantes”.
“No ha habido recursos para una investigación exhaustiva y la identificación de las víctimas, tan sólo esperaban que las mujeres llegaran a contar lo que había pasado”, ahonda Cynthia Silva, al expresar que si este caso queda impune por la aprobación de la ley, “queda acudir a los organismos internacionales”.
Intentos previos fallidos
El proyecto de ley que se dispone a aprobar el Congreso establece, en su artículo 5, que “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002”, fecha en la que Perú se adhirió al Estatuto de Roma.
Esto significa que prescribirían los crímenes perpetrados durante la guerra interna, cuando el grupo maoísta Sendero Luminoso y el Estado sembraron Perú de terror. Ese periodo de más de 20 años incluye los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), el primero de Alan García (1985-1990) y el de Alberto Fujimori (1990-2000).
Pero éste no es el primer intento. Las primeras leyes de amnistía las propuso el propio Fujimori, en 1991 y 1995; luego Alejandro Toledo suscribió el Estatuto de Roma, en 2002, y dejó la puerta abierta a que los crímenes anteriores a esa fecha quedaran impunes.
El remate quiso darlo Alan García, durante su segundo gobierno (2006-2011), con el decreto 1097, pero, en 2011, “el Tribunal Constitucional expone que la imprescriptibilidad es imperativa, es decir, que el decreto es inválido”, recuerda la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la abogada peruana Julissa Mantilla.
Las consecuencias
La Fiscalía de la Nación ha advertido que cerca de 600 casos, en investigación o en trámite judicial, serían archivados. “Resultarían afectadas más de 550 víctimas y un número considerable de familiares […]. Es preciso indicar que la mayoría de los casos reciben la supervisión permanente de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos”, entre ellos, dos casos de esterilizaciones forzadas, según el Ministerio Público.
La expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, afirma a Efeminista que “lo que el Congreso pretende es ratificar el decreto 1097, cuando el Constitucional había dicho que no, y así dejar libres a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Y aquí está el problema, los procesos en curso y los que ya tienen sentencia están en riesgo si la ley se aprueba”.
¿Quién se beneficia de la ley?
“El primero que se beneficia de esta ley es Alberto Fujimori, porque ya dijo la CorteIDH que su indulto humanitario [por el que fue puesto en libertad en diciembre de 2023] no cumple las normas. Y Fujimori tiene que enfrentar los procesos por Pativilca (masacre perpetrada por el grupo paramilitar Colina en 1992) y las esterilizaciones forzadas”, indica Mantilla.
También Alejandro Aguinaga, responsable de las esterilizaciones forzadas, así como otros congresistas que vienen de las Fuerzas Armadas y no quieren escuchar nada sobre crímenes de lesa humanidad.
Por último, los senderistas implicados en la masacre de Soras, ocurrida en 1983, cuando el grupo terrorista, bajo la dirección de Víctor Quispe Palomino -en paradero desconocido-, asesinó a 109 personas.
La deriva contra las mujeres
Julissa Mantilla recuerda que “el Congreso ha llevado a cabo otras iniciativas contra las mujeres, como la eliminación de la paridad y alternancia de género en las listas electorales. La presidenta Boluarte podría haber hecho una observación y no lo hizo, hace días venció el plazo y ya está aprobada la ley”.
Menciona, además, el caso de las niñas awajún (más de 500 niñas amazónicas violadas por sus maestros y en muchos casos contagiadas con VIH), que el ministro de Educación, Morgan Quero, ha justificado al calificar esos hechos como “prácticas culturales”.
A esas escandalosas declaraciones se han sumado las de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández. “Se trata efectivamente de practicas culturales que debemos desterrar, debemos informar a las niñas y adolescentes que deben postergar las relaciones sexuales”. Ante tal afirmación, un periodista le preguntó: ¿Y qué pasa cuando son abusos sexuales?, a lo que respondió: “hay que prevenir, señor”.
Dina Boluarte, en una “huida hacia adelante”
Estas situaciones se suceden cuando en Perú la Presidencia está en manos de una mujer por primera vez en más de 200 años de historia republicana. Silva Santisteban dice que “Boluarte está chantajeada por un Congreso que puede vacarla [presentar una moción de censura] en cualquier momento. Boluarte no gobierna, solo huye hacia adelante con relojes Rolex o cirugías plásticas”.
Y es que la presidenta está envuelta en casos de corrupción y acusada de la muerte de 60 personas durante las protestas desencadenadas tras el encarcelamiento de Castillo.
“Para mí, como feminista, es una vergüenza y un escándalo que una mujer, andina y quechuahablante, haya cometido tal traición a su propio pueblo. Nos deja mal a las mujeres que hacemos política en un contexto de patriarcado machista y hostil”, remarca Rocío Silva Santisteban.
En opinión de la abogada Cynthia Silva, “Dina Boluarte no representa los intereses ni los derechos de las mujeres, ni de las personas en condiciones de vulnerabilidad, pese a tener en común ser de Apurímac y quechuahablante. No le importan las víctimas del conflicto armado o las esterilizaciones forzadas”. No esperamos nada de esta presidenta, solo que acabe su régimen y responda ante la justicia”, agrega, al lamentar que Perú “retrocede décadas atrás en derechos”.
La condena internacional
Una de las primeras organizaciones que dio un toque de atención a las autoridades peruanas fue Amnistía Internacional, en marzo pasado, cuando veía venir el proyecto de ley: “los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, advirtió.
Tras la primera votación, la CIDH ha repetido que la imprescriptibilidad de estos crímenes “es un principio del derecho internacional que los Estados tienen la obligación de respetar”, mientras la (CorteIDH) ha pedido al Estado suspender el trámite.
Se han sumado a esta petición desde un grupo de relatores y expertos de la ONU hasta el Centro Internacional para los Derechos Reproductivos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que consideran que “constituye una grave amenaza para miles de víctimas del conflicto armado interno, incluidas las de esterilizaciones forzadas y violencia sexual”.
La Junta de Fiscales de Perú, es decir, el Ministerio Público, ha exigido “el respeto irrestricto de los estándares internacionales en materia de derechos humanos que se erigen de los tratados ratificados por el Estado”.
En respuesta, el Congreso ha emitido un comunicado, en el que se autocalifica como “primer poder del Estado peruano”, sin reconocer así los poderes Ejecutivo y Judicial, y ha expresado lo siguiente: “Rechazamos cualquier intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones. El Congreso de la República, con total independencia y autonomía y en las oportunidades que crea conveniente, tramitará los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes”.
Perú, en camino del “desacato”
La expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, esgrime más argumentos, al explicar que “la Constitución peruana, en sus artículos 55 y 205, dice que todos los tratados firmados son parte del Estado nacional y que cuando una persona agota la vía interna en la búsqueda de justicia puede ir a la vía internacional. Saltarse esa norma es inconstitucional. Perú ha ratificado la jurisdicción del Sistema Interamericano y eso significa que toda la normatividad interna tiene que adecuarse a la CIDH”.
“Es más que probable que el Sistema Interamericano declare a Perú en desacato”, apostilla Mantilla.
La experta celebra el pronunciamiento de los fiscales al advertir del peligro que supone el Congreso actual y explicar alguno de sus disparates, como el del legislador Jorge Montoya (almirante retirado y exjefe de las Fuerzas Armadas), quien “ha dicho a los fiscales: ‘si no se regulan, les vamos a regular nosotros’”.
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Fotografía: Efeminista. Sara Paredes, víctima de las esterilizaciones forzadas durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori en Perú. EFE/ Paolo Aguilar
