Por: Diario Contexto. 13/12/2017
Fue en el juicio por la “causa de las bombachas”. El veredicto del Tribunal arruinó las especulaciones del gobernador Gerardo Morales y sus funcionarios, que esperaban que una condena les permitiera no cumplir con la orden de la Corte Suprema de que se le otorgue la domiciliaria en su casa.
Después de tres años de investigación y tres audiencias de juicio en las que no se aportó ninguna prueba, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Jujuy absolvió a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, por las supuestas amenazas a dos policías, en lo que se conocía como “la causa de las bombachas”. Ni el fiscal Darío Osinaga Gallager ni los acusadores pudieron aportar ninguna prueba.
“Se ha demostrado que soy inocente”, alcanzó a decir Milagro Sala luego de que el tribunal leyera la absolución por el beneficio de la duda, y que agentes de la Policía y el Servicio Penitenciario la retiren de la sala de audiencias.
El veredicto absolutorio se conoció al día siguiente de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara excarcelar a la diputada del Parlasur para continuar con la preventiva en prisión domiciliaria, a fin de cumplir con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hasta este jueves, el gobernador Gerardo Morales, sus funcionarios y el propio titular del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, habían especulado con que una condena podría transformar en “abstracto” la orden de la Corte y dejar a Sala en la cárcel. El juez Pablo Pullen Llermanos, que la tiene presa en Alto Comedero, había avisado el miércoles que esperaría el final del debate para cumplir con el máximo tribunal del país.
“Esta absolución demuestra que los procesos penales contra Milagro no tienen ningún sustento”, dijo su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, al finalizar el debate. “Conforme con el resultado, es lo que venimos sosteniendo hace años: esta causa no debería haber llegado a juicio”, agregó. “Este juicio fue una farsa y ha quedado al descubierto”, remarcó, y señaló que “había una decisión política que no pudo ser sostenida en el juicio”.
En la audiencia, los jueces Antonio Llermanos, Luis Ernesto Kamada y Mario Ramón Puig solo leyeron la parte resolutiva del fallo en el que la absolvieron de la acusación de amenazas a la comisario Ángela Silvina Cabero y al oficial principal, Rubén Eduardo Vásquez, de la Comisaría Seccional 56 de Alto Comedero.
La causa había comenzado el 13 de diciembre de 2014, cuando Milagro Sala intercedió por la hija de una militante de la Tupac que había sido llevada a esa seccional luego de denunciar el robo de unas bombachas de su madre.
A pesar de que el fiscal Darío Osinaga Gallacher no pudo probar que hubo amenazas, pidió que la condenen a cuatro años de prisión. El funcionario había sido denunciado por Gerardo Morales en 2016 por no actuar contra la líder de la Tupac Amaru.
Para Luis Paz, del equipo de abogados de Sala, el juicio demostró que la causa tenía el único sentido de perseguir políticamente a la diputada del Parlasur, detenida desde enero de 2016 tras el acampe frente a la gobernación. “Se demostró que las pruebas han sido armadas y que este expediente ha sido armado. Hoy se demostró que el armado por parte del Ejecutivo tiene límites”, completó.
En las próximas horas, Milagro Sala debería ser llevada a su casa del barrio de Cuyaya, en la capital de la provincia de Jujuy, donde vivía hasta que fue detenida el 16 de enero de 2016 por el ministro de Seguridad de Gerardo Morales, Ekel Meyer. Ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo jujeño tienen margen de acción. Y sin sentencia condenatoria no pueden siquiera especular con un incumplimiento.
La salida inmediata de la cárcel de Alto Comedero la pidieron las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y ahora también la Corte Suprema de Justicia, que el miércoles, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, ordenó cumplir “con urgencia” la medida provisional dictada por la Corte IDH el pasado 23 de noviembre.
En esa resolución, el organismo de la OEA requirió al Estado nacional que adopte antes del 15 de diciembre medidas de protección para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro, como la restitución del arresto domiciliario o algún régimen menos restrictivo para sus derechos.
“Dejamos un escrito, como ya habíamos hecho anteriormente, dejando constancia de que la residencia habitual de Milagro es la del barrio de Cuyaya”, ratificó hoy Gómez Alcorta.
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Fotografía: Diario Contexto
