Por: Tercera Información. 07/04/2018
La violencia armada causada por grupos paramilitares en la región de Los Altos de Chiapas, que en los últimos meses obligó a huir de sus casas a más de 5000 personas, se recrudeció con el asesinato de tres campesinos y el desplazamiento forzado de más de 700 personas en el municipio de Aldama.
Un campesino y sus dos hijos menores de edad fueron asesinados este lunes en la mañana cuando caminaban cerca de uno de los presuntos puntos de reunión de grupos paramilitares que actúan desde el municipio de Chenalhó disparando contra la población civil en el vecino municipio de Aldama por un conflicto territorial.
Manuel Gómez Pérez, campesino de 35 años, caminaba este lunes a las 6:30 de la mañana desde la comunidad de Cotzilnam hacia Juxton, donde está su parcela, para iniciar su faena diaria. Lo acompañaban sus hijos Alonso Gómez Hernández, de 17 años, y José Antonio Gómez Hernández, de 11 años.
En ese lugar hay una comunidad llamada Santa Martha creada en el siglo XIX que abarca territorio de ambos municipios. En Aldama son 60 hectáreas comunales que han sido reclamadas a tiros por los grupos paramilitares de Chenalhó, ocasionando hace dos años el desplazamiento de siete familias.
En los últimos meses esa violencia se ha extendido, y este sábado Animal Políticoconstató que, además de los integrantes de esas siete familias, hay cientos de personas desplazadas en tres comunidades de Aldama (Koko, Tabak y San Pedro Cotzlinam) porque persisten los disparos desde tres puntos estratégicos con una amplia visión hacia las comunidades de Aldama cercanas al límite con Chenalhó.
De acuerdo con Cristóbal Santiz, representante de los comuneros desplazados, el ataque de este lunes se originó desde uno de esos tres puntos, conocido como “el Árbol”, que está en las alturas del imponente cerro La Ventana. Las víctimas -dijo- Santiz- no eran desplazados ni estaban involucrados en el conflicto, simplemente habrían sido cazados al pasar.
A finales del año pasado y a principios del actual Chenalhó y Chalchihuitán revivieron un conflicto limítrofe que resultó con miles de desplazados y 10 personas fallecidas víctimas de las severas condiciones climáticas invernales que enfrentaron en las montañas viviendo a la intemperie. Mientras eso ocurría, en el aledaño municipio de Aldama también se gestaba una crisis humanitaria.
Según fuentes municipales de Aldama, el 25 de diciembre se registró un ataque armado a la comunidad de Tabak y a partir de ahí no ha parado el fuego. Otra fecha crítica es el 3 de marzo, cuando las familias de la comunidad de Koko también escaparon hacia las montañas cargando solo lo que traían puesto tras recibir balazos en sus casas.
Incluso, integrantes de las siete familias desplazadas hablan de disparos en la cabecera municipal de Aldama, cuyas entradas principales están bloqueadas para controlar quién entra y quién sale.
“Queremos que no haya derramamiento de sangre, se nos ha acabado la paciencia, ya no tenemos que aguantar más”, dijo Marcos Ruiz Hernández, comisariato ejidal de Santa Marta, actualmente despojado y desplazado de su tierra.
El sábado pasado Ruiz y decenas de personas -incluyendo autoridades municipales- se reunieron en el palacio municipal de Aldama para hablar conAnimal Político, en lo que fue su primer contacto con medios de comunicación desde el inicio del conflicto.
Había una fiesta preparada para celebrar el Sábado de Gloria. Un grupo musical tocaba música popular y jóvenes voluntarios lanzaban cohetes en la plaza central pero no había nadie celebrando, estaba vacío.
Ahí los comuneros narraron cómo fueron despojados de sus 60 hectáreas, 40 de ellas sembradas con plantas de café en etapa de producción, pese a haber ganado un juicio en el Tribunal Unitario Agrario. “Si el gobierno no hace valer el estado de derecho, nosotros recuperaremos nuestras tierras, cueste lo que nos cueste. La situación de verdad ya es precaria”, advirtió el comunero Adolfo López Gómez.
Los campesinos explicaron que el camino hacia las comunidades atacadas está vigilado por los tres puntos donde -dicen- suelen verse hombres vestidos de negro y azul. Estar en la mira de armas de largo alcance es uno de los motivos para que las personas desplazadas que viven en el monte, no se atrevan a salir a buscar alimentos o volver a sus casas por ropa.
“No tenemos alimento y no podemos salir a buscarlo”, contó José Santiz, desde el refugio de los comuneros de Koko, un lugar donde se escucha un permanente murmullo de bebés y niños pequeños que lloran al unísono, piden comida y juegan.
Hay una habitación para los niños y los adultos duermen afuera bajo una lona de plástico. Están ahí, inmóviles porque si salen les puede “caer bala”, como le ocurrió este lunes al campesino Manuel Gómez Pérez y a sus dos hijos.
Después de una larga discusión, acordaron permitir las fotografías e imágenes para mostrar las condiciones en las que se encuentran. Los testimonios eran todos de desesperación. Son personas que no tienen relación con el conflicto territorial del ejido Santa Martha y pese a ello tuvieron que cavar zanjas en sus casas para esconder a sus niños de los disparos y enseñarles a refugiarse en los arroyos y manantiales.
En el campamento de refugiados de Koko habían más de 300 personas. Ahí se acordó que nadie hablaría revelando su identidad. Estaban explicando que tienen miedo de que los paramilitares lleguen “a matar” a su refugio cuando se escucharon disparos en las cercanías del escondite.
La reacción instintiva del grupo a las detonaciones fue caminar todos hacia un mismo punto y juntarse, apretarse unos con otros como los pingüinos cuando se protegen del frío.
Habló la mujer de la tercera edad que no quiere pasar ni una noche más durmiendo en el fango, la mujer en lactancia que no tenía nada el estómago desde hace días y los hombres que exigían al gobierno una solución inmediata a la violencia armada. También ahí se escuchaba el zumbido de los quejidos en coro de los bebés.
En San Pedro Cotzlinam, la otra comunidad con familias desplazadas, no tienen espacio para esconderse porque están cercados por cerros muy empinados y optaron por esconderse en un pequeño auditorio, esperando que sus paredes de cemento mantengan seguras a las familias.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha investigado el conflicto de Aldama desde sus inicios y ha identificado vínculos directos con la crisis humanitaria de Chalchihuitán.
“Existen testimonios que mencionan que este grupo armado se encuentra reclutando personas, y que se ha coordinado en sus acciones con otro grupo procedente de Chenalhó, vinculado con la Presidenta Municipal Rosa Pérez Pérez, el mismo que operó en el desplazamiento de más de 5,000 personas en el municipio de Chalchihuitán”, señaló el Frayba en un comunicado.
Esa organización también ha alertado sobre la amenaza a familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que habitan en Aldama (este municipio es considerado como territorio zapatista).
Animal Político averiguó en la zona que el EZLN no hará llamamientos públicos sobre este caso porque lo consideran inútil.
“Exigimos un alto al fuego, y realizar una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados”, señaló el Frayba.
Durante el pasado sábado continuaron las detonaciones de manera intermitente en la zona y el camino de regreso a la cabecera municipal tuvo que ser alterado para evitar estar en el rango de visibilidad de los tiradores, y evitar un episodio como el ocurrido este lunes en la mañana, con el crimen del campesino Manuel Gómez Pérez y sus hijos, quienes quedaron muertos en un camino vecinal con sus herramientas de trabajo y sus semillas.
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Fotografía: Tercera Información
