Por: Teresa Aguilar. 17/12/2022
A pesar del mal manejo de la Sedena en cuestiones arqueológicas y ambientales durante la construcción del aeropuerto de Tulum, no menos nefasto que el que llevaron a cabo las constructoras privadas del Tren Maya, el presidente López Obrador continúa dejando la gestión de estos sitios estratégicos en manos de las fuerzas armadas.
Durante la conferencia de prensa de la mañana del 5 de diciembre, AMLO ratificó que los nuevos aeropuertos quedarán bajo la gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de su empresa Olmeca-Maya-Mexica, y la Secretaría de Marina (Semar). Así, los aeropuertos de Chetumal, Palenque y Campeche quedarán en manos de la Sedena, mientras que la Semar gestionará el aeropuerto de Ciudad del Carmen.
También reiteró la creación de una nueva aerolínea bajo la marca “Mexicana”, que formará parte de Olmeca-Maya-Mexica, empresa de la Sedena, la cual ya está designada para hacerse cargo del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles y del aeropuerto de Tulum.
Este último cuenta con vestigios arqueológicos de origen maya que fueron arrasados junto con el desmonte de la selva sin ningún interés de la Sedena por preservar el ambiente ni la riqueza histórica; tres meses después intentó resarcir el daño firmando un proyecto de salvamento arqueológico con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Fortalecimiento de las fuerzas armadas: militarización
Este control que da el gobierno a las fuerzas armadas es una muestra más de su deseo por seguir fortaleciendo a este aparato, que continúa ejerciendo represión contra las luchas de la población trabajadora y sirviendo a los intereses de la Casa Blanca para mantener el control migratorio a través del uso de la violencia y el terror.
Desde el fortalecimiento de las fuerzas armadas y su lanzamiento a las calles por iniciativa de la administración del panista Calderón Hinojosa, pasando por la militarización de la llamada “Gendarmería Nacional” del priísta Peña Nieto, quedó claro que la estancia del Ejército en las calles no reduce la violencia, por el contrario, los casos de desaparición forzada, masacres, violaciones y crímenes de lesa humanidad en general, se incrementaron, mostrando la colaboración entre instancias gubernamentales y el crimen organizado.
López Obrador está fortaleciendo a las fuerzas armadas a pesar de su antigua promesa de campaña de que iba a desmilitarizar el país, y sosteniendo cínicamente que la Guardia Nacional es el pueblo armado, por lo que su estancia en las calles no es militarización. Al mismo tiempo intenta justificar sus dichos ocupando a este sector para múltiples tareas de interés social, como fue la distribución de las vacunas contra Covid-19 durante la pandemia, la remodelación de hospitales, la construcción de cientos de sedes del Banco Bienestar, el cultivo de árboles en el programa Sembrando Vida, la capacitación laboral en 33 centros del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la vigilancia de la entrega de libros de texto gratuitos, la custodia de las obras de construcción de la refinería Dos Bocas, el control de aduanas marítimas y terrestres, los puertos y, entre otras cosas, el control de los proyectos de transporte masivo de la 4T.
A pesar de los intentos del gobierno por mejorar la presentación de la fuerzas armadas frente a la opinión pública, no es posible ocultar su verdadera función: recientemente el supuestamente extinto -por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum- cuerpo de granaderos, reprimió brutalmente a pobladores del pueblo originario de San Gregorio en Xochimilco, donde se encontraban mayormente mujeres y también había personas de la tercera edad y con discapacidad física. También el gobierno utilizó a la Marina para romper la huelga de las y los trabajadores de Interjet.
La Guardia Nacional ha cometido varios asesinatos por exceso de uso de la fuerza y hasta por “equivocación”, contra la ambientalista Jesica Silva, un migrante guatemalteco, el estudiante Ángel Rangel o el albañil Josué Olarte, además del transfeminicidio de Naomi Nicole por parte de la Sedena. Sin embargo, en el Congreso se votó su estancia en las calles hasta 2028, se le asignó el mayor presupuesto de la historia de las fuerzas armadas para 2023 y el gobierno le está otorgando el control de varios sitios estratégicos en el país.
Es necesario fortalecer la educación, los derechos laborales y el trabajo digno para contrarrestar la violencia; pero lejos de ello, se mantiene el ataque contra la educación, por ejemplo mediante la continuidad de la reforma educativa de Peña Nieto casi en su totalidad, mientras que el trabajo precario quedó avalado con la legislación del outsourcing a nivel nacional.
El discurso de austeridad afecta solamente a las y los trabajadores de las dependencias, con recortes salariales, negación de derechos laborales y despidos. Ante la violencia y la impunidad de las fuerzas armadas contra el pueblo trabajador, necesitamos un gran movimiento nacional que se levante contra la militarización del país y que sea encabezado por las organizaciones de trabajadorxs, que somos quienes movemos el país y podemos paralizarlo, en alianza con el movimiento de mujeres, medioambientalistas, organizaciones en defensa de los derechos humanos, etc., con independencia del gobierno, los partidos oficialistas y de la oposición y las instituciones del régimen.
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¡Que el presupuesto de la Guardia Nacional y la militarización se destine a la salud y a la educación, alto a la impunidad de la violencia de las fuerzas armadas!
Fuente: La Izquierda Diario
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Fotografía: Resumen latinoamericano
