Por: Felix Ovejero Lucas. 06/10/2022
Nada podría resultar menos razonable que darle el poder al pueblo, pero privarlo de la información sin la cual se comenten los abusos de poder. Un pueblo que quiere gobernarse por sí mismo debe dotarse del poder que procura la información.
Un gobierno del pueblo, cuando este no está informado o no posee los medios para adquirir la información, no puede ser sino el preludio de una farsa o una tragedia –quizás de ambas.
James Madison, carta a W. T. Barry,
4 Agosto de 1822 Writings 9:103—9
La sabiduría y el saber, así como la virtud difunda generamente entre el pueblo, (son) necesarias para la conservación de los derechos y libertades.
Constitución de Massachussets, 1780
La gente es tonta, para qué nos vamos a engañar. Eso parecía pensar Schumpeter (2006: 262) cuando escribió con aspereza tal vez ofensiva: «El ciudadano normal desciende a un nivel superior (interior?) de prestación mental tan pronto como penetra en el campo de la política.
Argumenta y analiza de una manera que él mismo calificaría de infantil si estuviese dentro de la esfera de sus intereses”. Pero no pasa nada, añadía. El pesimismo “de origen” de los inputs humanos no tiene porque trasladarse a los resultados, a la calidad de las decisiones. No es imposible que las preferencias de ciudadanos ignorantes y egoístas se traduzcan en elecciones que permitan identificar a los mejores gestores de la cosa pública. Es lo que sucedería en los procesos económicos con el mercado, al menos en su versión más idealizada: lo consumidores, que van a los suyo, que son egoístas y que no tienen por que saber como se elaboran los productos que reclaman, con sus elecciones de consumo, desinteresándose de lo que no les gusta y volviendo a lo que sí, identifican a los que lo hacen bien, a los excelentes. Al final, sobreviven los mejores, se atienden las demandas, sin intromisiones y con nula virtud, sin que nadie se tenga que informar ni preocupar por otra cosa que por lo suyo. No se requieren ni santos ni sabios.
Unos cuantos años más tarde la teoría económica de la democracia dotará de alguna precisión formal a la comparación del austriaco entre la moderna democracia y el mercado económico (Downs, 1957). La gestión política no es tarea de los ciudadanos sino que se delega en ciertos individuos que libremente –en una relación de intercambio– se ofrecen a realizar un trabajo retribuido, los políticos profesionales organizados en partidos.Los ciudadanos votarían atendiendo a sus intereses y los políticos, al modo de los empresarios, competerían por los votos. El resultado final sería la selección de las élites políticas más competentes, capaces de recoger y satisfacer las preferencias del mayor número de individuos (En esta formulación conviven dos ideas diferentes que obviamente pueden presentar problemas de compatibilidad: las preferencias proporcionan información sobre la selección de élites y las preferencias proporcionan información sobre demandas ciudadanas a atender, sobre quién y sobre qué).
La institución no necesitaban mucha información para funcionar. ¿Pero la disponible, es suficiente? De eso se ocupan las páginas que siguen. En nuestras democracias los ciudadanos forman sus opiniones a partir de informaciones cuya fuente última son instituciones basadas en principios liberales.
Y si no es así, se estima que debería ser así, que ese es el ideal. Esas opiniones son el soporte último de las preferencias a partir de las cuales se produce la selección de las elites políticas. La formación de preferencias, base de las decisiones políticas, se somete a una constricción que traduce el ideal liberal de la libertad negativa: la información, que decide las opiniones políticas, se ha de suministrar sin intromisiones públicas. El reto es diseñar un mecanismo institucional por el que ciudadanos desinteresados de la política (desinformados y egoístas) dispongan de la suficiente información para decidir atinadamente (exigencia política) sin intromisiones (exigencia liberal). La solución, desde la perspectiva liberal, se basaría en aplicar los mismos principios (de neutralidad, de competencia y del consumo como base de las preferencias) que regulan los flujos informativos del mercado, al menos en su versión más idealizada. En las páginas que siguen se verá que, a la luz de lo que sabemos sobre los procesos de formación de las opiniones, ese proyecto resulta poco compatible con algunas ideas elementales generalmente compartidas acerca de lo que es una buena sociedad democrática, entre ellas, la existencia de un pluralismo razonable. (…)
Los principios de las opiniones
En el mercado la información relevante (qué, cuánto, para quién se produce) sobre las preferencias (y las oportunidades) está contenida en los precios: se produce lo que ofrece oportunidades de beneficios, que es lo que los consumidores quieren, lo que demandan según sus gustos. Allí coinciden competencia, preferencias egoístas y neutralidad: competencia para asegurar la aparición de ofertas ante cualquier demanda; preferencias egoístas como base de inspiración de las decisiones de los agentes (de los que venden, que maximizan su beneficio; de los que compran, que maximizan su bienestar vía su consumo); neutralidad, porque cada uno con sus demandas decide a qué se asignan los recursos: si los consumidores quieren mantequilla, pues mantequilla, y si quieren cañones, pues cañones, sin que se otorgue superioridad moral a unas cosas sobre otras. Con esa información, todos deciden y deciden bien.
En la base informativa de la formación de las preferencias, en principio, parecen operar las mismas dimensiones. La competencia bastaría para suministrar la información que los ciudadanos necesitan: siempre habrá alguien dispuesto a ofrecer lo que demanden. Por otra parte, los ciudadanos piden lo que les interesa: al igual que los consumidores, conocen mejor que nadie sus intereses y no necesitan otra información que la que reclaman (y que otros, también movidos por su interés, querrán ofrecer).
Finalmente, la neutralidad vendrá asegurada por una doble vía, que coincide con la que se da en el sistema de votaciones: indiferencia repecto a los agentes, esto es, la voz de cada uno pesa como cualquier otro; indiferencia respecto a a los contenidos, en tanto no hay unas preferencias que, en virtud de su naturaleza, se juzguen mejores y se alienten. Al final, la dinámica de demandas hará que los distintos intereses se contrabalanceen hasta asegurar la presencia de todas las voces (en su mejor versión, Dahl, 1971). Basta con que todos los ciudadanos puedan formular sus preferencias, disponer de la posibilidad de expresarlas y, si quieren, de organizarse para hacérselas llegar a los gobernantes y que no existan discriminación de origen o contenido (sin que unas pesen más que otras porque sean “moralmente superiores”). La única tarea de los gobernantes consiste en asegurar, sin intromisiones, la libertad de expresión que, en lo relevante, no se diferencia de la libertad de mercado.
Las tres dimensiones tienen una diferente naturaleza, aunque en las tres se combinan los aspectos normativos y los empíricos. La neutralidad es la piedra de bóveda normativa, directamente vinculada con el principio de la libertad negativa: hay que garantizar la no intromisión, la imparcialidad frente las distintas ideas, y el modo de conseguirlo consiste en evitar cualquier “manipulación”. La competencia es el reglamento que asegura la pluralidad del menú: habrá incentivos para que, al final, se obtenga un abanico de opciones. Las elecciones, los consumos de los individuos, los egoísmos de todos, pondrán en funcionamiento el mecanismo y ofrecerán las señales sobre las necesidades informativas.
Al final, las genuinas preferencias de los ciudadanos, las auténticas, se perfilarían y serían atendidas fielmente por la oferta informativa, en una suerte de espejo sin distorsiones, como se ajusta el molde al rostro en el estudio del escultor.
1. Neutralidad como garantía de la libertad negativa. Según esta idea, proteger la libertad equivale a no interferir en los procesos de formación de las opiniones. Es el núcleo liberal, la idea de libertad como ausencia de interferencias. Pero, además, la neutralidad, según este argumento, garantizaría la calidad de la información.
Cualquier intento de entrometerse en los procesos de formación de los juicios acabarían por desvirtuarlos, por manipularlos en una u otra dirección, por distorsionar las preferencias. El mercado de las ideas se encargaría de ofrecer el repertorio y los ciudadanos escogerían. Para eso, claro, es importante la competencia, el siguiente supuesto.
2. Competencia como garantía de la pluralidad de ideas. Según esto, la pluralidad democrática queda protegida mediante la libertad para ofrecer respuestas a cualquier potencial demandante.
Siempre que exista una demanda potencial habrá alguien interesado en satisfacerla. Si hubiera maoístas, habrá alguien dispuesto a vender libros rojos. Existirá un hueco de mercado y podrá obtener un beneficio.
Cada uno encontrará alguien que le ofrezca lo que le¿ busca. Y si cambia de ideas, también. Si uno no está de acuerdo con lo que lee o escucha, pues cambia de emisora o de periódico. Todas las voces estarán presentes y cada voz se hará valer según su real peso cuantitativo (no sustantivo, por su calidad). Al final, la pluralidad de medios respondería a las preferencias de los votantes, a la propia pluralidad de exigencias informativas de los ciudadanos, el supuesto que cierra el modelo.
3. Demanda de consumo como garantía de la información necesaria (para la formación de preferencias). El ciudadano, según el ideal liberal, no tiene porque escuchar nada que no le interese, que en algún sentido no haya elegido. El ha de formar sus preferencias sin intromisiones, sin que nadie le diga que es mejor The New York Times que The Sun, la sección política que la de deportes. Frente al ciudadano deliberante “obligado” a escuchar lo que no quiere oír, habría un individuo que libremente escoge ante una pluralidad de medios que atienden a sus preferencias y ellos mismos se acaban por configurar según sus requerimientos. En la versión más idealizada, poco a poco irá afinando sus demandas, al modo como según algunos opera el cerebro, lanzando mapas, redes, sobre el mundo y reforzando –activando– en sucesivas intentos aquellos patrones que aciertan y descartando los que pinchas en hueso, los que chirrían y discrepan de las pautas consolidadas (Churchland, Sejnowski, 1992). La información, al final, sería a la carta, mediante variaciones respecto a lo ya elegido y, en algún sentido, camino de la opinión más “auténtica”.
Un modelo que se ha perfeccionado superlativamente con los nuevos soportes tecnológicos. Entramos en Amazon y, a partir de los libros anteriores, nos ofrecen otros nuevos. Visitamos una página Web y al poco nos están llegando ofertas afines a las que acabamos de explorar. Esta en el alma de Google y ya tiene nombre: targeting del comportamiento. Si alguien consulta el precio de una bicicleta de montaña y mira viajes a los Alpes, un programa automatizado, que identifica la probabilidad de la conjunción de esas dos acciones, empezará a perfilar un patrón de consumo, y al minuto tendrá una ventana ofreciéndole hoteles y viajes por la zona (Baker, 2008). No se ha de ver aquí, o no fundamentalmente, un caso de manipulación. El propio consumidor “elige” cuando configura sus propios periódicos, por ejemplo para recibir solo canales o prensa deportiva, incluso solo la de su propio equipo, o para moverse sólo por ciertas sendas de redes sociales.
Cada uno de esos principios, mirados de cerca, presenta complicaciones. Algunas de esas complicaciones tienen una raíz última más básica que los principios liberales. Apuntan procesos cognitivos de formación de los juicios, en ocasiones en la frontera misma de la biología. Lo que sucede es que, cuando se combinan con marcos institucionales basadas en los principios mencionados, las complicaciones se amplifican. El reto, como siempre, es diseñar las instituciones para que, dados esos procesos, se obtengan los mejores resultados, cosas como la veracidad o la calidad de la información.
Viene a ser lo mismo que sucede con diversos aspectos del consumo. Tenemos disposiciones, también de raíz biológica, a los disfrutes inmediatos y primitivos, al cotilleo, el sexo rápido o la comida basura (Davis, McLeod, 2003, McAndrew, 2008) y, a partir de ciertas ideas acerca de lo que nos parece bien, establecemos reglas o penalizaciones para que ciertos comportamientos se repriman o se canalicen de la mejor manera. En nuestro caso, la estrategia liberal de laissez faire, laissez passer se traduce en que se complican las posibilidades de corrección, de maduración, de acribia y de ponderación de los juicios. Un ciudadano pasivo no expuesto al contraste y sometido a un ruido informativo al final no sabe con qué quedarse; y si lo sabe, no sabe por qué se queda con lo que se queda. (…)
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Fotografía: Fundación filosófica.
