Por: TLACHINOLLAN. 22/02/2017
A más de 3 años de los procesos seguidos en su contra, no se tienen pruebas
En el camino hacia la búsqueda de justicia que emprendió Arturo Campos en contra de los procesos penales que injustamente le fueron iniciados, se ha dado un paso más para demostrar no sólo inocencia sino también las técnicas del Estado para criminalizar el modelo de justicia comunitario de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), donde sin pruebas ni elementos suficientes se sostienen acusaciones que han privado de la libertad a varios líderes indígenas que han buscado defender sus comunidades de la ola de violencia que azota su territorio.
El día de ayer se llevó a cabo un careo entre Arturo Campos y las personas señaladas como agraviadas en uno de los procesos penales seguidos en su contra. En sus declaraciones, cada una de las personas no sólo no hicieron ningún señalamiento en su contra sino que además puntualizaron que en ningún momento se les exigió dinero a cambio de su liberación, siendo que la privación de su libertad se debía a infracciones que cometieron dentro de sus comunidades. Además el Ministerio Público que inició la acusación no estuvo presente en la diligencia, lo que en un principio deja duda en su actuar.
Tal diligencia, visibiliza las fallas estructurales en el sistema de justicia penal, así como su uso faccioso y discrecional, en el cual acusaciones sin fundamentos logran sustentarse durante años. En el presente caso, no existen elementos que permitan complementar el tipo penal de secuestro ni una actuación ilegal por parte del sistema de justicia comunitaria; lo que es prueba fehaciente de un intento de criminalización de la CRAC-PC.
Ante el contundente derrumbe de la imputación que le hacen en contra de Arturo Campos Herrera, en estricto apego a los principios de legalidad y justicia el juez de la causa está obligado a emitir la libertad inmediata de Arturo Campos Herrera toda vez que han quedado totalmente desvanecidas las imputaciones que realizan en su contra.
Por ello como Centro de Derechos Humanos exhortamos al Juez de Primera Instancia en materia Penal y al Poder Judicial del Estado (PJEG) para que se apegue a la legalidad. Se ha demostrado que Arturo Campos Herrera pertenece a un sistema de justicia comunitario bajo el amparo de la ley 701, de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el Articulo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre su derecho a la autodeterminación.
Fuente: http://www.tlachinollan.org/comunicado-las-batallas-por-la-libertad-de-arturo/
Fotografía: tlachinollan
