Por: Miguel Casillas. CAMPUS. Universidad Veracruzana. 25/08/2023
Nunca el posgrado universitario había sido tan maltratado como ahora. El gobierno federal ha determinado de modo arbitrario que cientos de programas -muchos de los cuales gozaban de las más altas calificaciones en los anteriores criterios de evaluación- dejen de ser una opción elegible para que sus estudiantes tengan beca. Los condenan a desaparecer o a recurrir a los esquemas de los proyectos autofinanciables que desde una perspectiva privatizadora cobran cuotas a sus estudiantes. En el caso de la Universidad Veracruzana serán más de 65 programas educativos los excluidos. Son muchísimos y su potencial desaparición representa un grave proceso de involución institucional.
Previsiblemente la matrícula del posgrado universitario se va a desplomar; cientos de alumnos ya inscritos que confiaban en tener beca van a reconsiderar sus posibilidades de estudio. Con el cierre de los programas se afectará también a los cientos de personas que, como personal administrativo, asistentes, o apoyos, sostenían los posgrados y cobraban por honorarios. Para los profesores de esos 65 programas que dejan fuera de las becas, el panorama es desolador, muchos perderán sus cargas docentes y sus clases, algunos hasta su salario, también dejarán de dirigir tesis y de participar en los exámenes de grado; a futuro es también una amenaza para los académicos que están en el SNI, pues seguramente el reconocimiento de su participación en programas de posgrado pasará por el tamiz de su adscripción al Sistema Nacional de Posgrado.
Sin embargo, esto no es nuevo, la ofensiva gubernamental contra las universidades viene de lejos. Nadie en las universidades públicas puede hacerse el sorprendido. El gobierno había desaparecido el PNPC y creado el SNP, las nuevas reglas sobre la gratuidad vienen desde que se aprobó la Ley, y los criterios autoritarios han distinguido su actuación de modo reiterado. Ahora es lo mismo, una junta directiva ha definido un listado de temas que consideran prioritarios para ser impulsados a través de los estudios de posgrado; ha determinado un número de profesores SNI como mínimo, y ha definido si el programa es de investigación o profesionalizante sin consultar a los interesados; sobre esta base y considerando las cuotas que cobra cada programa, ha definido que hay unos programas prioritarios, otros que chance y pueden tener beca, y otros que quedan excluidos.
En la UV de modo institucional tanto la Junta de Gobierno, como el Consejo Universitario General deben intervenir en este asunto. Las autoridades académicas deben rendir cuentas y ser objeto de la exigencia de sus responsabilidades. Es inadmisible que las autoridades renuncien a discutir los resultados de este fracaso ante la comunidad, que rehúyan sus responsabilidades, y que vengan ahora a incrementar la simulación con la presentación de un nuevo plan para el (sic) fortalecimiento del posgrado sin considerar la realidad en que nos encontramos.
Por nuestra parte, los universitarios defenderemos en la calle, en las aulas y laboratorios el objeto de la universidad. Los programas educativos son parte del patrimonio universitario y hoy muchos de ellos están riesgo. Nos toca defenderlos.
Fotografía: campus