Por: Marcelino Guerra Mendoza, Lucía Rivera Ferreiro y Roberto González Villarreal. 25/03/2018
El proceso electoral ha abierto amplias expectativas de cambio en los ciudadanos, y un enorme interés en círculos empresariales, políticos, institucionales, partidistas y mediáticos. Como cada seis años, los partidos y coaliciones electorales nos inundan de promesas para resolver o atenuar los múltiples problemas sociales, económicos, políticos, culturales y educativos que nos agobian.
Del tortuoso camino electoral que comenzó con las precampañas, continuó con el registro de candidatos sin sorpresa alguna y avanza con el inminente inicio formal de las campañas, han surgido tres coaliciones encabezadas por los candidatos de los partidos políticos más representativos del país. José Antonio Meade del PRI, con el Partido Verde y Nueva Alianza formaron “Todos por México”; Ricardo Anaya con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano constituyeron “México al Frente”; y Andrés Manuel López Obrador con Morena, PES y PT forman la coalición “Juntos Haremos Historia”. El proceso se ha caracterizado por un bombardeo de toda clase de promesas para ganar adeptos; el tema educativo es al parecer uno de sus favoritos para conseguir ese objetivo.
Inevitablemente, las promesas electorales despiertan algunas interrogantes: ¿por qué es tan importante el territorio educativo para ganar votos?, ¿por qué la estrategia es prometer qué hacer, pero no decir cómo y cuándo?, ¿cuáles son las que recuperan y qué uso están haciendo las coaliciones de las demandas magisteriales para orientar sus plataformas electorales?, ¿las propuestas caminan en dirección de afianzar la reforma educativa?
Con el ánimo de continuar el análisis de la actual coyuntura electoral, vamos por partes. En primer lugar, queda claro que el territorio educativo no es en absoluto ajeno a las circunstancias electorales. Las promesas en materia educativa no se han hecho esperar, sin duda alguna son importantes para convencer y acercar al mayor número de maestros a las coaliciones contendientes. En este contexto, solo una de ellas ha ofrecido cancelar la reforma educativa, aunque como tratamos de explicar en Tanto para (casi) nada, no hay tal, se trata simplemente de un ofrecimiento de modificación de un tipo de evaluación.
Enviar al Congreso una iniciativa para modificar la Ley del Desempeño Profesional Docente y eliminar la evaluación punitiva es una promesa electorera al fin y al cabo, quizá por eso quienes la han formulado, no creen necesario molestarse en precisar cómo y cuándo se cumplirá. El tema sirve para fines electorales y nada más.
Pero es evidente que para las coaliciones y partidos, asegurar el mayor número posible de votantes por parte de un sector tan numeroso como es el magisterial, resulta estratégico por una sencilla razón: su valor político-estratégico está a la alza, permite capitalizar toda la irritación acumulada y el descontento provocado por la reforma educativa, para aprovecharla electoralmente en la dirección deseada.
De ahí la importancia de establecer alianzas para incrementar las adhesiones y por tanto, las posibilidades de ganar la contienda. También para asegurar cierto tipo de apoyos por parte de grupos que cuentan con experiencia probada en el control y vigilancia de casillas el día de las elecciones; no en balde las históricas prácticas corporativas y lealtades políticas entre la clase política y el magisterio.
En segundo lugar, ninguna de las coaliciones ha manifestado como parte de su plataforma electoral, la abrogación de la reforma educativa. Al respecto, no hay que confundirse; abrogar no quiere decir suspender, tampoco modificar ni cancelar; significa abolir, derogar, anular, suprimir la reforma en su totalidad, comenzando por la modificación del texto constitucional vigente, para después construir otra distinta, conforme otros referentes y mecanismos, contando con la participación lo más amplia posible, de distintos sectores sociales y políticos, pero muy especialmente del magisterio. Pero no, nadie ha propuesto semejante cosa.
Lo más lejos que han llegado es a proponer revisar, si acaso suavizar o edulcorar las innegables afectaciones laborales de la reforma educativa en los maestros; no lesionar más sus derechos es la promesa, pero esto no significa necesariamente restablecer, tampoco resarcir los daños ni los agravios cometidos contra los profesores, en especial los encarcelados, los despedidos, los que decidieron renunciar por presiones laborales o quienes se jubilaron anticipadamente para no participar en una evaluación obligatoria, definida así desde el artículo tercero constitucional.
Por razones obvias, las coaliciones “Todos por México” y “México al Frente”, no plantearán nunca la abrogación de la reforma; no lo harán por la simple y sencilla razón de que ahí están agrupados sus apoyadores de origen.
De la coalición “Juntos Haremos Historia” comandada por Morena, quizá hay profesores que esperan una reconsideración política de fondo, algo más que una salida light que suavice la evaluación. Quizá piensen que la promesa de reformar la reforma no es suficiente para detener su avance cotidiano en el territorio educativo y escolar.
La cuestión, y este es el tercer punto a señalar, es que la promesa electoral de no afectar los derechos laborales de los maestros sin hacer mención a la multiplicidad de componentes de la reforma que se encuentran en marcha, se ha hecho utilizando la distinción entre lo laboral y lo educativo enarbolada por los mismos maestros, por los sectores críticos, los asesores de las disidencias magisteriales y una pléyade de especialistas en educación y evaluación.
Los críticos fueron los primeros en afirmar que la reforma no era educativa sino laboral porque carecía de propuesta pedagógica; por respuesta, el sistema se apresuró a presentar un modelo educativo que en unos cuantos meses se estará instrumentando en todas las escuelas. No obstante, aún se empeñan en mantener un debate en torno a esta falsa dualidad laboral-educativa, como si fuesen dos polos que no se tocan, pasando por alto los efectos subjetivos, las repercusiones concretas de todos los componentes de la reforma en las prácticas de los profesores, en sus modos de pensar y actuar. Parecieran más preocupados en mantener a sus numerosos seguidores y asesorados que contribuir a remover o sacudir las formas de pensar que impiden vislumbrar otras maneras de resistir.
El hecho es que esto que hemos llamado canon crítico, fuertemente encarnado en el discurso de los profesores que se oponen a la reforma educativa, se resume en dos afirmaciones: la reforma no es educativa sino laboral y administrativa; la evaluación es punitiva porque atenta contra los derechos de los maestros. Esta fórmula mono discursiva reiterada, continúa reproduciéndose desde hace casi cinco años, aun cuando las circunstancias, momentos y tiempos políticos han cambiado.
La afirmación de que la reforma solo es laboral y administrativa pero no educativa, se ha convertido en una especie de slogan políticamente correcto que encasilla la discusión, cierra la posibilidad del debate en otra dirección o bajo nuevas perspectivas, ralentizando o desactivando las posibles resistencias que de manera conjunta con los padres de familia y alumnos, pudieran establecer los maestros en sus propias escuelas.
De este modo, las coaliciones electorales toman la reforma educativa como bandera electoral, utilizándola como un elemento para orientar sus plataformas electorales. Es el caso de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que sin necesidad de convencer ni meterse en honduras, recoge las premisas del canon crítico, se apoya en la crítica institucionalizada respecto a que la reforma es laboral y la evaluación punitiva, para acomodarla a sus intereses electorales, dejando de lado los demás componentes que intocados seguirán avanzando.
La distinción entre lo laboral y lo educativo que recupera y refuerza “Juntos Haremos Historia”, opera como un distractor que reduce el debate a las afectaciones gremiales derivadas de la evaluación, como si las exigencias cotidianas del cumplimiento de la normalidad mínima, la ruta de mejora, la observación en el aula, la autonomía de gestión que abandona a su suerte a las escuelas y deposita la responsabilidad del funcionamiento escolar o la obtención de recursos en los maestros pertenecieran a otro mundo, a otra realidad ajena que no afecta la dimensión laboral y viceversa.
Por ahora, la coalición encabezada por Morena ha logrado reducir la discusión a suavizar la evaluación, utilizando los argumentos esgrimidos por los opositores a la misma. El riesgo que esto conlleva es prometer algo que a la postre, dejará intacto el sentido de la reforma en su conjunto, incluyendo la evaluación docente constitucionalmente obligatoria para todos los maestros, según lo señala el artículo 3°.
La reforma nunca se ha detenido, al contrario, se ha mantenido en movimiento y avanzando firme. Mientras la disidencia magisterial protestaba en las calles por la evaluación punitiva, la ruta de mejora, la autonomía de gestión y el programa escuela al centro se instalaban y afianzaban en los centros escolares. Hoy se agrega la implementación del modelo educativo, los nuevos planes y programas, los denominados aprendizajes claves que no son otra cosa que las afamadas competencias para la formación del nuevo capital humano, que nadie parece cuestionar.
Como lo hemos señalado en varias ocasiones, la evaluación es un medio para la reconfiguración del sistema educativo y la escuela pública, ciertamente el más visible e impugnado, pero no el único. Para formar al nuevo capital humano, se requiere de un maestro idóneo, emprendedor y autoformado, que se esfuerce constantemente para cumplir con sus responsabilidades, que ponga en práctica el modelo educativo en la escuela, el aula y finalmente, logre inocularlo en cada alumno. Y para forjar este tipo de maestro, la reforma ha tratado de someter y disciplinar a los maestros, primero destruyendo sus lazos gremiales, luego afianzando la cultura del mérito individual, para convertirlos en sujetos aislados, flexibles y competitivos.
Una disidencia magisterial que acepte sin más la propuesta de las coaliciones electorales, en el fondo y a querer o no, terminará por avalar la reforma educativa. Si se conforma con demandar una evaluación menos dura y punitiva, conformándose con cambios importantes pero menores, estará desaprovechando la coyuntura electoral para demandar una revisión integral de la reforma. De optar por esta vía, lo más probable es que el sometimiento, el disciplinamiento y la sujeción que pretende instalar la reforma, continúen avanzando.
En cuanto a las dirigencias que en esta coyuntura electoral negocian candidaturas e insisten en revivir las mesas únicas de negociación nacional con Gobernación, los móviles pueden ser otros: preservar lugares, sitios, privilegios en la conducción de bases, tal y como el mismo sector gubernamental lo ha permitido y alentado para mantener el control social y político. Esto también hay que tenerlo presente.
A fin de cuentas, si los maestros no se atreven a ir más allá de las pobres ofertas electorales envueltas en grandilocuentes promesas, la reforma educativa nunca será objeto de una revisión integral, mucho menos se abrogará, simplemente se afianzará.
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