Por: TLACHINOLLAN. 07/03/2023
La ardua travesía de las familias y colectivos de la Guerra Sucia que pelean con ahínco para dar con el paradero de sus seres queridos es un movimiento incesante, imparable y persistente, como el estruendo de las olas del mar. Rompen con las inercias de una administración pública acantilada en una burocracia que es insensible al dolor y al sufrimiento. Irrumpen en las instalaciones amuralladas del ejército para exigir la presentación de sus familiares desaparecidos. Nunca han cejado en su empeño por hurgar en los escondrijos donde fueron torturados y confinados. El acceso a los archivos militares está vetado para el público en general, y es un acervo que aún se maneja con secrecía y muchas restricciones. El Centro Nacional de Inteligencia resguarda con gran hermetismo los archivos del Cisen que no han sido trasladados al AGN para que puedan ser consultados. La Fiscalía General de la República es una institución infranqueable, confrontativa y distante de las víctimas. Persiste una relación zanjada por la desconfianza y el desdén, por la exclusión y la nula participación de las familias agraviadas en el proceso de investigación y la obstrucción sistemática para acceder a sus expedientes.
Este peregrinar de 5 décadas sigue vigoroso a pesar de la profunda brecha que separa a las elites políticas del movimiento de víctimas. Los años no debilitan sus pasos ni marchitan su memoria, por el contrario, son más fuertes y estruendosos sus gritos de justicia. Pervive la esperanza de encontrar a sus seres queridos y se han armado de paciencia para esperar los resultados de la Comisión para el Acceso a la Verdad. No hay tregua para bajar la guardia ni para permanecer impasibles. Han mantenido una tensa calma mezclada de enojo y coraje ante la imposibilidad de restablecer el diálogo con el ejecutivo federal y entablar comunicación con el subsecretario de derechos humanos. Se ha prolongado el tiempo sin que se tiendan puentes para dar seguimiento a los compromisos contraídos. El impasse tiene límites como lo expresó en una carta el Comité ¡Eureka! al presidente: “la desaparición forzada es un crimen continuado que no termina hasta que aparece la persona detenida. Toda autoridad y gobierno está obligado a resolverlo… de no hacerlo formarán parte de la lista de responsables directos”.
El pasado 2 de febrero, mientras la gobernadora Evelyn Salgado desayunaba con los mandos militares en el Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército en Chilpancingo, más de 120 personas de Atoyac de Álvarez, Guerrero, marchaban por la autopista del sol. Llegaron a la hora del convite, cuando la gobernadora llenaba de halagos al ejército que, a su entender, ha trabajado para “garantizar la gobernabilidad y estabilidad de Guerrero”. Por su parte el comandante de la novena región militar, el general Ricardo Flores resaltaba que “el Ejército se ha apegado a la ley y a la disciplina, durante los 110 años de su existencia. Cooperando en actividades de seguridad pública, con una única razón: servir al pueblo de México”. Fue un acto festivo, frívolo, ajeno a la realidad de las familias guerrerenses sumergidas en la pobreza y en el fango de la violencia.
Las familias campesinas que salieron desde las 3 de la mañana de sus domicilios cargando su itacate para comer en el camino, esperaban un trato diferente, simplemente que les abrieran la puerta para entregar un documento a los mandos militares. Los funcionarios del estado se encargaron de amedrentarlos. El secretario de seguridad pública ordenó que un grupo de granaderos se apostara en el interior de las instalaciones para protegerlas durante su trayecto, del antimonumento de los 43 a las rejas del Sexto Batallón de Ingenieros, un helicóptero reportaba sus movimientos y dos camiones artillados circulaban dentro del perímetro de las instalaciones castrenses. El portón de acero cercado con muros de cantera sirvió para que las manifestantes, pegaran sus cartulinas que plasmaban los nombres de sus familiares desaparecidos. Con gallardía y creatividad transformaron los muros de la impunidad en un memorial escrito con puño y letra de madres, hijos e hijas que no concluyeron sus estudios básicos. Los rostros de sus seres queridos, quedaron como recuerdo imborrable de las atrocidades cometidas por el Ejército. Para las familias representan el legado más preciado de su lucha. Son el corazón de su movimiento, la fuente inagotable que nutre su memoria y oxigena sus venas.
Las fotografías de sus familiares desaparecidos se han erigido en escudos para dar las batallas contra el poder impune que encubre a los perpetradores. Las figuras luminosas de sus seres queridos son las que guían su camino y apaciguan sus noches de infortunio. Son los recuerdos vivientes de historias florecientes que brotan de sus corazones y que en todo momento recrean y rememoran.
En noviembre del año pasado, 62 campesinos de El Quemado, dejaron sus hogares para iniciar una huelga de hambre en palacio nacional con la intención de hablar con el presidente de la república. Fue vano su intento porque hasta la fecha no han logrado que atiendan sus demandas más inmediatas. Del 13 al 16 de febrero el Movimiento por la verdad y la justicia de Atoyac de Álvarez realizó varias acciones en la ciudad de México, sin embargo, su protesta no fructificó con resultados tangibles.
Con las muertes de doña Abelina Serafin Serrano esposa de Humberto Cabañas, desparecido por el Ejercito en 1976 y de doña Andrea Vázquez Baltazar esposa de Alberto Arroyo Dionicio desparecido también por el Ejército, los colectivos y familiares de Atoyac ya no están dispuestos a esperar a que llegue la muerte a sus hogares, sin conocer la verdad sobre el paradero de sus familiares desaparecidos. Saben que el tiempo apremia, por eso han tomado las calles y han llegado a las instalaciones militares para protestar y emplazar a las autoridades para que investiguen y castiguen a los militares que desaparecieron a sus padres y hermanos.
“No los agarraron en el monte peleando, se metieron a nuestras casas como viles ladrones, por eso venimos a decir que no hay nada que celebrar en el día del ejército. Estela Arroyo Castro, hija y sobrina de personas desaparecidas, con megáfono en mano espetó con mucho coraje: “no es posible que este gobierno actué de la misma manera cómo lo hicieron los gobiernos pasados, los priistas, los que hicieron todo esto, los que masacraron y desaparecieron a nuestros familiares. Es una gran ofensa que sigan comiendo juntos, que brinden y les aplaudan por los crímenes que cometieron”.
Publicado originalmente en La Jornada
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Fotografía: Tlachinollan
