Por: Democracia Abierta. 30/01/2021
Un grupo de ONGs, apoyado por Global Legal Action Network, presentó evidencias legales que implican a la megaminera Cerrejón, que opera en La Guajira colombiana, en delitos ambientales y sociales.
“Cuando ya teníamos nuestra tranquilidad llegó la tormenta, que fue la empresa. La multinacional tenía vigilantes, policía y ejército que hacían detenciones arbitrarias, retenes ilegales y nos prohibieron cazar y pescar. La contaminación comenzó afectar nuestros cultivos y se secaron por el polvillo del carbón” – dijo Aura Robles, indígena Wayuú.
La empresa a la que se refiere Aura es Carbones del Cerrejón Ltd. (conocida simplemente como Cerrejón), que explota una de las mayores minas de carbón a cielo abierto del mundo, situada en el departamento de La Guajira, en el extremo noroeste de Colombia, en la línea de frontera con Venezuela.
Los problemas con esta mina vienen de lejos pero ahora, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) investigará a Carbones del Cerrejón Ltd., empresa maneja la mina, por una denuncia que la acusa de abusos contra los derechos humanos por parte de sus dueños BHP, Anglo American y Glencore. La denuncia la presentaron Global Legal Action Network (GLAN por sus siglas en inglés) con el apoyo de Christian Aid Ireland, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el Colectivo de Abogados José Alvear Resterepo (CAJAR), la Sociedad Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA) , ABColombia y ASK-Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien.
Múltiples Puntos de Contacto Nacional (PNC) de la OCDE comenzarán el proceso de investigación de los tres gigantes mineros, BHP, Anglo American y Glencore, y de ESB proveedor de energía irlandés, para comprobar si las acusaciones de abusos ambientales y sociales son reales.
GLAN radicó denuncias similares en Australia, Irlanda, Suiza y el Reino Unido, con el apoyo de una coalición colombiana y oenegés internacionales que defienden los derechos humanos y ambientales.
De prosperar, las tres megamineras, que juntas son dueñas de Cerrejón, tendrían que cumplir con los lineamientos de la OCDE para Empresas Multinacionales, incluyendo el cierre progresivo de la mina y una restauración ambiental total. Las denuncias también piden compensaciones para las comunidades vecinas que han visto cómo sus recursos y formas de supervivencia se acaban debido al funcionamiento de la mina.
El texto que se presentó a la OCDE se enfoca en cómo la gigantesca mina a cielo abierto de Cerrejón, es responsable del desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrodescendientes y es también responsable de contaminar el aire de forma consistente en el territorio de la Guajira, donde opera. Asimismo, se subraya cómo la explotación minera ha contaminado las fuentes de agua y que la Corte Constitucional de Colombia encontró altas concentraciones de metales pesados en la sangre de las personas que viven cerca a la mina, contaminantes que pueden generar enfermedades graves como cáncer.
Otro punto importante del reporte es que enfatiza que Cerrejón ha hecho caso omiso de múltiples fallos en su contra. En septiembre de 2020, varios expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas hicieron un llamado para que las operaciones de la mina se suspendieran después de una solicitud de las comunidades Wayuu para que intervinieran.
También se radicaron denuncias sobre la minera irlandesa con sede en Dublín Coal Marketing Company (CMCM), que comercia exclusivamente el carbón proveniente de Cerrejón. En total son cinco las denuncias presentadas ante los NPCs de la OCDE para que haya un proceso efectivo en el que se defina si las empresas dueñas de Cerrejón cumplen con las disposiciones del ente internacional.
Rosa María Mateus, abogada del CAJAR, afirmó que “Este es un ejemplo impactante sobre el rol de las grandes multinacionales como fuente de injusticias. Las personas de la Guajira han tenido que asumir los costos sociales y ambientales de la mina, mientras que combustibles fósiles peligrosos se exportan en el mundo entero, en medio de una crisis climática y con muy pocas compañías viendo los beneficios”.
Cerrejón, por su parte, emitió un comunicado en el que asegura que las organizaciones que presentaron la denuncia no se comunicaron con la minera antes de hacerlo lo que les impide responder con detalle a las acusaciones. A lo anterior añadieron que ya han hablado con las comunidades para llegar a compromisos y resolver los problemas ambientales y sociales. “Cerrejón está dispuesto a colaborar con los Puntos Nacionales de Contacto y facilitar toda la información que se le requiera”, asegura el comunicado.
La mina
Cerrejón comenzó a extraer carbón a cielo abierto hace 32 años en la Guajira, al sur de Colombia. La mina, que cada año produce más de 30 millones de toneladas de carbón, genera grandes excavaciones de tierra e implica la deforestación del área donde se ubica, problemas a las fuentes hídricas y afectación del aire por el polvo de carbón. También se ha visto envuelta, desde su fundación, en tensiones y problemas con las comunidades vecinas por atentar contra sus derechos.
La operación minera acaba con el carbón extraído cargado en un ferrocarril propiedad de Cerrejón que tiene aproximadamente 120 vagones y hace 9 viajes diarios. La empresa extrae cerca de 108.000 toneladas de carbón cada día para cargarlo en el muelle carbonífero de Puerto Bolívar que recibe buques de hasta 180.000 toneladas y exportarlo a otros países. En 2020 exportó 13,6 millones de toneladas.
En 1976 se firmó el contrato de asociación por 33 años entre Carbocol (Carbones de Colombia S.A.) e Intercor (filial de la Exxon), que dio inicio a la exploración, explotación y exportación de la reserva carbonífera del Cerrejón. El yacimiento, con una extensión de 69.000 hectáreas, ubicadas en los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo, contaba con reservas cercanas a los 760 millones de toneladas.
El complejo carbonífero se dividió en zonas Norte, Centro y Sur, aunque inicialmente se dispuso la explotación de 35.000 hectáreas correspondientes a Cerrejón Zona Norte, en enero de 1999 se acordó con el Estado colombiano la extensión de la concesión por 25 años más, hasta 2034. A partir de ese momento se intensificaron las actividades mineras, especialmente luego de la venta de la participación de Carbocol en el año 2000 y de Exxon Mobil a través de Intercor, lo que hizo que el yacimiento quedara en manos de Carbones del Cerrejón Limited, constituida por las empresas Xstrata Plc, BHP Billiton y Anglo American.
Los daños
En la sentencia t-614-19 la Corte Constitucional revisa el fallo de una tutela interpuesta en 2017 en la que varios integrantes de las comunidades indígenas del Resguardo Indígena Provincial presentaron contra Cerrejón, l Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) por afectaciones graves a la salud y al medio ambiente debido a la extracción de carbón, la entrega de licencias sin seguimiento y sin lineamientos estrictos y la falta de apoyo y de consulta a las comunidades.
La sentencia deja claro que se necesita la protección urgente de los derechos fundamentales de las comunidades dado que, históricamente, a lo largo de la cuenca del río Ranchería, que es el río que Cerrejón intentó desviar, han habitado asentamientos Wayuú. Se afirma que la empresa utiliza desde hace décadas un mecanismo de extracción a cielo abierto mediante voladura con explosivos en un área que abarca 38.000 hectáreas, durante las 24 horas de los 7 días de la semana y genera emisiones permanentes de material particulado, ruidos constantes y olores prolongados por partículas en suspensión que afectan la salud de su comunidad.
También señala que el Tajo Patilla y varios botaderos aledaños a éste se encuentran aproximadamente a menos de dos kilómetros del resguardo, lo cual implica experimentar a diario explosiones que generan temblores y dispersión de polvillo de carbón que llega hasta sus casas, plantas y animales, así como la producción de fuertes olores a azufre o carbón quemado producto de los constantes incendios de los taludes.
Un estudio develó que en las rancherías cercanas a la mina se encontraron componentes orgánicos asociados a la quema de carbón y que el aire de las comunidades está lleno de elementos como azufre, cromo, cobre y zinc. Asimismo, en la sangre de los habitantes de la zona encontraron altas concentraciones de cromo, níquel, manganeso y bromo que pueden dañar las células del cuerpo. También encontraron daños en las células de los pobladores del corredor minero que se evidencia en enfermedades respiratorias, del corazón, de la piel, estómago y cáncer.
A esto se suma que las actividades de la mina han afectado la vocación del suelo, por lo que las comunidades ya no pueden cultivar igual. Además, la empresa ha ido comprando paulatinamente todos los predios que antes se usaban para caminos, vías de pastoreo y siembra.
A lo largo de la historia de Cerrejón, ha habido diversos fallos judiciales que han sido ignorados en los que se demuestra que más de 25 comunidades han sido desplazadas, que se han desviado más de 20 arroyos que salen del río Ranchería y que el aire está contaminado por el material particulado que sale de la mina debido a las aspersiones.
Cuando el carbón es transportado de un lugar a otro el polvo flota y se mueve en el aire. Aunque Cerrejón afirma que siempre usan agua para evitar que las partículas vuelen y que tienen medidores de aire particulado, democraciaAbierta visitó la mina en dos ocasiones en las que se evidenció que el uso de agua no es constante y que los medidores superan los 50 microgramos sobre miligramos cúbicos cada 24 horas, que es el máximo permitido según la Resolución 2254 del 2017 en la que el MADS regula la norma de calidad del aire.
Para Rodrigo Negrete, abogado y consultor legal ambiental, el proyecto de Cerrejón no solo afecta el medio ambiente y a las personas, sino que “opera una vía férrea que atraviesa la Guajira y fracciona el territorio Wayuú por cientos de kilómetros desde la mina, hasta Puerto Bolívar. Frente a esto lo que uno espera es que actúen con responsabilidad, pero no es así”.
Las comunidades
Al ser las mayores afectadas por las actividades de la mina, a continuación registramos algunos testimonios de habitantes vecinos de Cerrejón recogidos por democraciaAbierta en los que hablan sobre el antes y después de la llegada de la carbonera y su situación actual.
A Pablo Segundo, un campesino local, no se le olvida “la fecha en que pitó el primer tren aquí enfrete de la casa. El 5 de febrero de 1985. Jamás se me pueded olvidar esa fecha. Cuando el ferrocarril llegó lo primero que hizo fue acabar con el ganado. Cerrejón fue quitándonos, poco a poco, territorios. Empezaron con Manantial y luego con todos los pueblitos. Esos pueblos de los afrodescendientes eran quienes ayudaban a mi abuelo a defender el territorio. Fueron los que se enfrentaron con Los Tigres cuando vinieron acá. Pero era preferible compartir el territorio con el Tigre que con Cerrejón, ve?”.
Rogelio Ustate, indígena local, afirmó: “Nosotros estábamos tranquilos. Y lo que hoy El Cerrejón usa para sacar plata, era lo que teníamos para vivir”.
Y según Roberto Ramírez, “eso de responsabilidad social es una falacia. Ellos dicen que son respetuosos con nosotros y el medio ambiente, y no es así. Ellos vierten mucha agua de residuo minero en nuestros arroyos, eso no es responsabilidad. Ellos son expertos en violar nuestros derechos”.
Así, ahora son los PNC los que decidirán si las tres empresas dueñas de Cerrejón deben corregir su actuar, cerrar la mina y compensar por completo los daños ambientales y sociales de una empresa extractiva desde siempre controvertida, que sale apenas de una huelga de más de 90 días y que no se sabe si ha traído beneficios o problemas para el territorio colombiano. Al fin y al cabo, la nueva economía verde necesaria para combatir la crisis climática empieza por reducir el uso de combustibles fósiles contaminantes, y el carbón es uno de los que más contamina de todos.
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Fotografia: Open democracy
