Por: Daniel Nuñez. NODAL. 20/07/2018
El regreso del presidente Sebastián Piñera a La Moneda complica la posibilidad de avanzar hacia la creación de una empresa estatal del litio en Chile y de iniciar un proceso de industrialización con mayor valor agregado. Bajo el segundo mandato del empresario se hace difícil que la política pública privilegie el interés nacional por sobre los de la empresa privada y grupos transnacionales que miran con demasiado apetito las altas rentas generadas por la exportación del mineral no metálico que hoy es clave como recurso energético.
Esta preocupación se ve reforzada luego que en marzo pasado se ratificara el acuerdo conciliatorio entre la empresa privada Sociedad Química y Minera de Chile S. A. (Soquimich) y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), quien arrienda las pertenencias mineras que posee en el Salar de Atacama, Región de Antofagasta.
El año 2014 la agencia estatal demandó arbitralmente a la minera ante la Cámara de Comercio de Santiago por graves incumplimientos a los dos contratos que mantenían desde 1995. La principal irregularidad era el no pago de rentas por el arrendamiento del Salar de Atacama y que según los cálculos de Corfo alcanzaban los 18 millones de dólares. La estatal exigía el término anticipado de los contratos que vencían el año 2022.
Sin embargo, ambas partes llegaron a un acuerdo el 17 de enero de 2018. La modificación de los contratos se expresó, entre varias cláusulas, en mejorar el pago de rentas por la explotación de las salmueras, mayores exigencias medioambientales y triplicar la cuota de extracción de salmueras desde el Salar de Atacama hasta el año 2030. Otra condición exigía que nadie de la familia Ponce Lerou (principal controlador de la firma), hasta segundo grado de consanguinidad, podía participar del directorio ni de la plana ejecutiva de SQM hasta el año 2030.
Pero el pasado 5 de junio ocurrió un hecho que encendió las alarmas: Se conoció a través de un medio de comunicación escrito que el directorio de SQM había resuelto por unanimidad contratar como asesores estratégicos a Julio y Eugenio Ponce Lerou. Esta decisión generó un amplio rechazo de la opinión pública, porque a todas luces se vulneraba la buena fe de las partes establecido en el acuerdo, ya que la función de un directorio de S. A. es administrar la empresa. Entonces, cualquier asesoría constituye una intervención en la administración y, por lo tanto, una función gerencial o ejecutiva. Más aún si la asesoría es estratégica.
El repudio tuvo efectos casi una semana después, cuando el presidente del directorio informó que la empresa había dejado sin efecto la contratación de Julio Ponce Lerou. Pero no ocurrió lo mismo con su hermano Eugenio Ponce Lerou, quien sigue como asesor estratégico.
Fin a la corrupción
Como diputado, desde el año 2014 apoyé con decisión a Corfo en su objetivo de adelantar el fin de los contratos con Soquimich. En primer lugar, porque su controlador, Julio Ponce Lerou, ha sido el principal agente corruptor de la política chilena desde la vuelta a la democracia en 1990. En segundo lugar, por la forma oscura en que bajo la dictadura operó para privatizar la Sociedad Química y Minera de Chile S. A. (Soquimich). Ello fue posible por ser el entonces yerno del dictador Augusto Pinochet Ugarte.
Julio Ponce Lerou y SQM tienen un largo prontuario: financiamiento ilegal de la política, prácticas antisindicales, daños medioambientales a los salares, multa en el Estados Unidos por corrupción en Chile y un largo etcétera. Sin embargo, su poderío es tan grande que lo convierte en un intocable de la justicia.
Por eso no fue extraño que reapareciera públicamente como asesor estratégico. Siempre lo dijimos: Ponce Lerou jamás dejaría el control de su botín de guerra.
Nuevo modelo de desarrollo
Como se puede apreciar, Chile enfrenta una complicada encrucijada para recuperar el litio y poner en marcha un virtuoso proceso de industrialización encabezado por una empresa estatal que abra camino hacia un nuevo modelo de desarrollo: Gobierno de derecha hasta el año 2022 (nula voluntad política por nacionalizar el litio) y contrato del Estado con SQM hasta el año 2030. El cuadro se complejiza aún más si tenemos en cuenta que el boom mundial del litio es relativamente acotado en el tiempo.
Ante este escenario, hemos decidido junto al Movimiento Litio para Chile impulsar una ofensiva legislativa para crear una empresa nacional del litio mediante un proyecto de ley que presenté el año 2017 ante la Cámara de Diputados. Esta reforma constitucional comenzó a tramitarse a comienzos de julio de este año y esperamos que se pueda aprobar hacia fines del 2018. Dicha iniciativa declara la caducidad de derechos de agua y concesiones de Soquimich y extingue derechos de contratos con Corfo u otro organismo estatal.
Es una batalla legislativa que tenemos que dar decididamente, porque la oposición cuenta con la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. Además, amplias fuerzas políticas han manifestado su voluntad de converger hacia la nacionalización del litio. También lo tienen muy claro las principales universidades estatales, quienes están en condiciones de aportar con sus múltiples conocimientos.
Si triunfa este proyecto de ley u otro nuevo que genere mayor unidad opositora, el Estado contará con una herramienta legal para poner fin anticipado al contrato entre Corfo y Soquimich, y así recuperar el salar de Atacama para instalar una empresa nacional del litio.
Desde el Congreso y el mundo social haremos todo lo posible para poner fin al vergonzoso contrato que le entregó el litio a la principal empresa corruptora de Chile hasta el año 2030. Fiscalizaremos cada uno de sus pasos para lograr este objetivo.
Chile tiene la oportunidad y el desafío de llevar adelante un camino distinto al rentismo extractivista y al desastre medioambiental. La batalla por la nacionalización del litio y la creación de una empresa estatal es una oportunidad para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo soberano que genere mayor bienestar social en áreas claves como la salud, educación, vivienda y pensiones. El litio puede ser el segundo sueldo para Chile, pese al alto grado de desnacionalización del cobre.
Es ahora o nunca. Esta es la encrucijada chilena.
*Daniel Núñez: Sociólogo (Universidad de Chile), militante del Partido Comunista de Chile, diputado por la Región de Coquimbo.
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Fotografía: NODAL
