Por: Sandra Moreno. 03/07/2023
En la primera parte de este artículo hablamos del asedio legal y fáctico que estamos sufriendo las mujeres a lo largo y ancho del planeta, y planteamos que entre todas las tácticas empleadas para someternos jurídica y socialmente y para desarticular al feminismo, la más alarmante de todas la hallamos en la criminalización de nuestro movimiento reivindicativo.
Resulta alarmante, porque si se criminaliza al feminismo y a las feministas, esto es, si se censura, intimida, boicotea, persigue y castiga a las mujeres y las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y a las mismas mujeres, ¿cómo podríamos exigir el cumplimiento efectivo de los derechos de los que somos titulares? ¿Quién nos protegería? Sabemos que los organismos supranacionales y los Estados, sus autoridades e instituciones, siguen siendo patriarcales, es decir, siguen propendiendo por que el ejercicio del poder siga bajo el control de los hombres para privilegiarlos, tanto individual como colectivamente, ya se trate de los hombres hegemónicos o de los diversos; porque siempre es en detrimento de las mujeres, ya sean heterosexuales, lesbianas o bisexuales. Nuestros derechos siempre están en cuestión.
Una prueba irrefutable de esto es la exclusión del sexo como categoría jurídica protegida en la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Discurso de Odio, donde se tiene por tal “cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad”. Como vemos, se protege a los hombres hegemónicos y diversos por todas las razones; pero se excluye al sexo que es la única categoría que nos protege, legitimándose implícitamente la misoginia.
Siendo esto gravísimo, lo peor es el carácter perverso de este fenómeno, porque con la criminalización del feminismo por parte del patriarcado los simples hechos y las actuaciones legales o legítimas de las mujeres se transforman en conductas reprochables, sujetas a sanciones sociales, penales y pecuniarias por vía administrativa, para convertir a las feministas en las enemigas a abatir. Pero, además, estos castigos ejemplarizantes, que suelen conllevar el escarnio público, constituyen a su vez una forma de violencia muy insidiosa, llamada ‘violencia económica’, que genera una notable indefensión, ya que pone a las mujeres en la tesitura de tener que acudir a los tribunales para defender no sólo sus derechos, sino también su honor, viéndose obligadas a afrontar el elevadísimo coste del litigio judicial.
Ésta es la situación en la que nos hallamos actualmente las feministas, y para ilustrarla nos hemos valido de hechos de rabiosa actualidad, donde las mujeres, y específicamente las mujeres que defienden los derechos de las mujeres, están siendo acosadas y acusadas de incurrir en supuesto discurso de odio por hablar de la realidad material de nuestro sexo y por ejercer o defender nuestros derechos específicos de los que somos titulares, señaladamente cuando se trata de la crítica del género en el ejercicio de la libertad de expresión y las demás libertades reconocidas en la Constitución, las leyes y la normativa internacional vigentes.
En la primera parte, nos remitimos a las gravísimas y falaces declaraciones planteadas por el Experto Independiente de la ONU en materia de orientación sexual e identidad de género, cuando sugiere que preguntar «¿qué es ser mujer?» podría no superar los límites de la libertad de expresión y suponer la incitación al odio, señalados en el Plan de Acción de Rabat. La postura irracional de este experto en identidad de género, que reduce a transfobia prácticamente todo lo relacionado con la realidad biológica de las mujeres y la defensa de nuestros derechos y libertades, supone no sólo criminalizar al feminismo, sino también a las mismas mujeres por el hecho de ser mujeres. En efecto, con su rechazo a la pregunta «¿qué es ser mujer?», lo que está haciendo es negar nuestra propia condición ontológica y pedir que se nos castigue por el supuesto odio a terceros que conllevaría no incluir en el concepto ‘mujer’ a las varones que invocan tener una identidad femenina.
Este es un paso más en la estrategia del Experto en identidad de género, uno de los firmantes de Yogyakarta10+, en su objetivo para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apruebe su confuso Informe sobre la “Teoría de Género”, con base en el cual pretende, por un lado, que se sustituya la categoría sexo por género, o se tenga a la identidad de género como componente del sexo; y, por otro, que se tengan a los derechos específicos de las mujeres basados en el sexo como algo excluyente y, por tanto, constitutivo de delito de odio, tal y como hizo constar en sus informes “El derecho a la inclusión” y “Las prácticas de exclusión”. Todas estas actuaciones son una muestra intolerable de su misoginia, es decir, de discurso de odio hacia las mujeres por el hecho de serlo y de defendernos, que viola la normativa de la ONU que debe acatar, entre ellas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW y todos sus instrumentos internacionales derivados.
Cuestionar lo qué es ser mujer, o nuestros derechos supone una violación a nuestros derechos humanos previstos en la Declaración de los DDHH, que reconocen la no discriminación por razón de sexo y el respeto por el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades, entre otros, a la libertad de expresión (arts. 7, 19, 29). Por su parte, en lo que se refiere a la CEDAW, se conculca frontalmente su contenido, sentido y alcance porque cuestionar nuestra realidad biológica y los derechos que nos son inherentes supone per se una violación sistemática de los derechos humanos fundamentales en los que precisamente se basa el corpus iuris donde se construyen los derechos de las mujeres y las niñas. Es por esta razón que Robert Wintemute, uno de los firmantes iniciales del texto no vinculante de Yogyakarta, se desmarcó de algunos de sus principios, al darse cuenta de que en su elaboración no se habían analizado los efectos desfavorables que éstos tenían sobre los derechos de las mujeres y de los menores de edad.
Lo más grave de estas conductas misóginas que cuestionan incluso nuestra realidad biológica es que plantean el mensaje supremacista de que los hombres pueden arrogarse el derecho a responder «¿qué es ser mujer?» y volver a redefinirnos a su arbitrio, tratándonos como la “otredad”, tal y como se ha hecho en la Universidad de Hopkins (EEUU), donde en el glosario de su guía del lenguaje se definió a las lesbianas como “no-hombres” atraídos por otros “no-hombres”, negándonos el nombre mujer. Eso sí, a los gais se les definió como hombres atraídos por otros hombres.
Frente al creciente discurso de odio contra las mujeres y la criminalización del feminismo que se extiende por los países occidentales, la Relatora de la ONU en materia de violencia contra mujeres y niñas se ha pronunciado mostrando su preocupación por las tácticas empleadas tanto para descalificar, intimidar, silenciar e incitar la violencia y el odio contra las mujeres por ejercer nuestros derechos; así como las empleadas para restringir la libertad de expresión o tomar represalias contra las feministas críticas del género, como consecuencia de la interpretación sesgada de la normativa que penaliza la incitación al odio, entre otros, por razón de identidad y expresión de género. En su Declaración, Reem Alsalem rechazó que nos acusen de odio por el mero hecho de defender nuestros derechos, recordando que la normativa internacional nos reconoce el legítimo ejercicio de nuestros derechos basados en el sexo y, entre otras, las libertades de reunión y expresión en condiciones dignas y seguras.
El compromiso valiente de Reem Alsalem con la preservación de los derechos de las mujeres que le ordena su mandato de la relatora de la ONU, le ha valido que ella misma sea objeto de las conductas misóginas y criminalizadoras que describía en su Declaración, como podemos apreciar en la campaña de desprestigio y boicot que le ha montado AWID, una organización para el desarrollo que se dice feminista, pero que defiende causas a favor de otros colectivos, eventualmente lesivas de los derechos de las mujeres.
En su pronunciamiento “En la ONU no hay lugar para las agendas anti-trans”, AWID ataca infundadamente a la Relatora de la ONU, acusándola de vulnerar la integridad, independencia y la credibilidad de su mandato, exigiéndole rendir cuentas de las mismas, e insta a organizaciones e individuos a apoyar públicamente su pronunciamiento, que es un auténtico memorial de agravios donde se criminaliza al feminismo, a las feministas y a la misma Reem Alsalem, la que parece ser la única mujer con cargo en la ONU que defiende con coherencia y rigor la CEDAW y la demás normas e instrumentos de la ONU relativas a los derechos de las mujeres basados en el sexo.
Como puede apreciarse en su web, las tácticas empleadas en el pronunciamiento de la AWID consisten precisamente en intimidarla, intentar atemorizarla con la pérdida de su trabajo y exponerla públicamente para silenciarla, violando su derechos y libertades, tal y como había descrito Reem Alsalem en la Declaración en la que criticaba el acoso a las mujeres. Por ello, mujeres y organizaciones feministas de todo el mundo salimos en apoyo de la Relatora de la ONU y exigimos que le permitan ejercer las funciones propias de su cargo y terminar su mandato, sin hostilidad ni intromisiones ilegítimas.
A tres meses de haber entrado en vigor, ya podemos comprobar que, como en su momento nos advirtieron Juana Serna, Ángeles Álvarez, Alicia Miyares, Laura Freixas, Amelia Valcárcel, Marina Gilabert, Rosa María Rodríguez Magda, Victoria Sendón, Lidia Falcón, Amparo Domingo y otras feministas, la ley trans del Gobierno que se autodefine como feminista era peor de lo que se esperaba. Lo cierto es que las leyes de identidad de género no sólo traen el desmantelamiento de las categorías jurídicas ‘sexo’ y ‘orientación sexual’ y los derechos específicos de sus titulares y exponen a los menores vulnerables a peligrosos tratamientos experimentales que comprometen su salud; sino que criminaliza al feminismo para desarticularlo y silenciar a las mujeres. Y en este sentido están orientadas las últimas medidas adoptadas por el Ministro del Interior a las que nos referiremos en la próxima entrega.
En la conmemoración del Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio recordamos que la misoginia es la modalidad de odio más extendida, cruel y perversa que existe, porque es la única que pasa rápidamente de las palabras a la sangre. Las mujeres somos las hembras de la especie humana y decir esta verdad y defenderla no es odiar; es dignidad, libertad y justicia.
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Fotografía: Tribuna feminista
