La Justicia es la virtud más importante en un Estado democrático (John Rawls).
Jorge Salazar García. 8/09/2024
Asunto polémico es el de la Justicia; y, sin duda alguna, lo es en cualquier sistema político, debido a que afecta a toda la sociedad. Actualmente, la propuesta presidencial de reformar el Poder Judicial (PJ) lo ha vuelto tendencia, ya que modificaría las relaciones del poder con el gobernado. Y lo seguirá siendo, debido a que el sistema de justicia tiene una enorme deuda con los mexicanos, cuyo origen se haya en la partidocracia dominante. Si no vivimos una democracia, entonces puede considerarse a “México un Estado fallido, como dicen los súbditos del “Tío Sam”; o un Estado débil como pregonan los Italianos; o , un narco-Estado, como lo concibe parte de “Juan Pueblo”*. Tal vez, como la creación de Frankenstein, el Estado capitalista, al constituirse con órganos necróticos que sirven al dinero, sea las tres cosas: fallido, débil y narco.
En todo tiempo, corresponde al gobernado conocer lo esencial de las iniciativas presidenciales y actuar en consecuencia. Con esa intención, aportamos un breve análisis sobre las posibilidades de erradicar la corrupción y elegir popularmente a los magistrados, ministros y jueces en el PJ. Primero debe saber que la iniciativa de Ley contiene los siguientes objetivos explícitos: cambiar la integración de la Suprema Corte de Justicia, sustituir el Consejo de la Judicatura Federal y crear nuevas reglas procesales en PJ. Con ellos se busca garantizar el Derecho a recibir Justicia pronta y expedita, dar legitimidad democrática a los impartidores de Justicia, disminuir sus privilegios; y ,sobre todo, terminar con los males endémicos de México: la injusticia e impunidad. Sobre esta última, el fiscal Gertz Manero, informó (2020) que el 99 % de delitos cometidos, quedan impunes. Ninguna imaginación puede abarcar las marejadas de dolor y tragedia infringidas a millones de víctimas de ese sistema judicial pútrido en todos los niveles.
¿Se justifica la reforma?
A nadie es ajeno que todos los puestos de mando en el sistema judicial se compran, venden o negocian en la República entera. Desde peritos, administradores, secretarios, hasta los ministros de la Suprema Corte de la Nación deben pagar cuota (en especie o efectivo) a quien los posesionó del puesto. Ya no sirven a la Justicia, todo lo enfocan hacia el morboso enriquecimiento a costa del gobernado. Lo mismo sucede con las autoridades y legisladores; y es aquí donde la reforma al PJ encuentra sus principales obstáculos. Indudablemente, el PJ necesita ser reformado; pero desde abajo, no desde arriba. Y esto no se permite en el capitalismo donde la Justicia como las cosas, son mercancías para hacer negocios. Es una verdad indubitable: el dinero puede hacer del criminal un héroe; del ladrón, un respetable hombre de negocios; y, de un victimario, una víctima; y viceversa. Todo trabajador sabe que la Justicia se compra y se vende. Si no tiene dinero para aceitar abogados, defensores de oficio, peritos, fiscales, investigadores, etcétera, será triturado en los tribunales o juzgados de cualquier nivel, antes de ser sepultado en la cárcel. Al respecto, J. Jesús Esquivel, en su libro “A sus órdenes, mi General” expresa: hemos padecido atropellos de un sistema judicial corrupto y excluyente, diseñado para proteger a políticos, militares, millonarios, exgobernantes y delincuentes de cuello blanco”. Otro organismo privado,Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” probó, en un estudio, la creación de feudos caciquiles en el PJ. Desde el máximo tribunal hasta los juzgados, no se castiga el crimen sino la pobreza. Por lo tanto, la reforma no solamente se justifica: es necesaria y urgente.
Elecciones en el Poder Judicial.
Los opositores asumen que la 4T pretende instaurar una dictadura (¡la que ellos crearon!) modificando 18 artículos de la Constitución y dos leyes reglamentarias. Esto, nada tienen de extraño: cualquier partido oficial busca adaptar la Constitución conforme a sus principios ideológicos. Eso hicieron el PRI y el PAN cuando gobernaron exclusivamente para los ricos. Para ello Morena se afanó en conseguir la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. Sin embargo, dada la polarización alimentada populistamente por ambos bandos y la desconfianza mutua, la reforma, aún siendo aprobada en el Congreso Federal y 17 locales, difícilmente resolverá lo que se propone. Se afectan intereses, legítimos e ilegítimos, en los dos lados. Por ello compartirán traidores ante el temor a perder “algo”. Las reacciones viscerales bloquearon el análisis serio sobre las desviaciones del sistema de Justicia y la viabilidad real de la reforma.
Ahora, tomando en cuenta que México vive una partidocracia caduca, las elecciones en el PJ adolecerán de los mismos vicios, hartamente conocidos, que las otras elecciones. El voto sólo sirve para legitimar las imposiciones de las mafias del poder. De hecho, la elección popular de jueces, ministros y magistrados, será democrática hasta que el sistema electoral sea reformado de fondo. En el PJ, los nombramientos seguirán negociándose facciosamente, como las candidaturas de legisladores. El resultado será el de siempre: los electos servirán a quienes los propusieron y financiaron, no al ciudadano. Al paso que vamos, pasarán muchos años para que el pueblo elija realmente a los “señores Justicia”.
Por otro lado, es sencillo deducir que, si Morena no pudo desterrar la corrupción ni la antidemocracia en su partido, tampoco podrá hacerlo en el PJ. Exagerando un poco, dadas la excepciones, sería como poner a un ladrón a dar clases de honradez. Aunque la propuesta apunta en la dirección correcta; lastimosamente, su inoperancia está asegurada debido a que, parafraseando a John Rawls (Una Teoría de la Justicia), el voto de cualquier ciudadano no vale lo mismo y, además, está determinado por el poder económico. ¿Cómo podrá democratizar Morena al PJ, cuando apoya la represión de sus propios militantes que la exigen internamente y se oponen a la reelección perpetua? Esto descalifica a diputados y senadores que tienen décadas parasitando en el Congreso, brincando como chapulines de un partido a otro. Así como fracasaron en su lucha contra la corrupción, fracasarán en democratizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Si relinchan como mulas y patean como mulas: ¡son mulas!
El deber del Poder Judicial
Eso de dar Justicia al pueblo es una de las retóricas populistas del presidente; cruel, como su promesa de darle un sistema de salud superior al de Dinamarca. Hacer cumplir el Estado de Derecho es función del Poder Judicial. Los tribunales debieran ser baluartes depositarios de la Justicia, no trincheras de los poderosos para abusar impunemente del débil. Si desde hace decenios el PJ no cumple con su deber Constitucional, no reformarlo conducirá, tarde o temprano a mayor violencia y disrupción social. Llegado el caso, como dijera el ciudadano, Jesús Arrieta: “No durarán mucho esa bola de traidores al país: el pueblo ya está atento y sabrá cobrar en su momento”.Los señores del PJ, en lugar de dedicarse a garantizar la impunidad de políticos, militares, empresarios, banqueros, narcotraficantes y agentes debieran sacar del ostracismo los millones de expedientes rezagados y atender con transparencia las demandas de Justicia
¿Funcionará la reforma?
No para el pueblo, definitivamente. Al no existir organismos ciudadanos vigilantes, los cacicazgos jurisdiccionales permanecerán junto con toda su ralea operativa. Consecuentemente, los intereses patronales y de las trasnacionales continuarán garantizados. Mientras no se recupere el espíritu del artículo 39 Constitucional, permitiendo al pueblo elegir a sus autoridades y no haya una reforma política-electoral de fondo, perdurará la simulación democrática, las leyes seguirán siendo trampas “legales” para abusar de los sectores vulnerables y enriquecerse sin medida. O ¿Alguien cree las corporaciones permitirán se le obligue a cumplir leyes que disminuyan sus ganancia?: ¡Ni en sueños! Por ello, es lógico que el Consejo de Empresas Globales, EUA y otros organismos capitalistas, rechacen la reforma. Claudia Sheinbaum cederá a la amenaza: o deja los privilegios cual están o se las verá negras cuando revise en 2026 el T-MEC.
AMLO disminuyó el salvajismo neoliberal, pero al hacerlo desde alejado de las luchas sociales y cumpliendo, casi al pie de la letra, las recomendaciones del Foro de Davos, “humanizándolo”, dejará un país más vulnerable, aunque sus variables macroeconómicas y consultas a mano alzada digan lo contrario. Trágicamente, la pudrición del PJ es sólo la punta del iceberg: todo el poder público apesta. El remedio debe venir de todos los que viven de su trabajo honrado, siempre y cuando se anteponga la unidad y conciencia de clase.