Por: Movimiento Nacional por la Autonomía y la Democracia de la Universidad Pedagógica Nacional. 23/10/2024
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en México fue creada el 21 de agosto de 1978. Hasta antes de la reforma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) firmada el 18 de mayo de 1992, la educación estaba más centralizada y controlada directamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con la descentralización propuesta por la reforma, las entidades federativas asumieron mayor responsabilidad en la gestión educativa, lo que incluyó la administración de recursos y la toma de decisiones sobre políticas educativas a nivel local. En términos discursivos gubernamentales, la descentralización buscaba mejorar la calidad educativa a través de la supuesta colaboración con los estados. Pero la intencionalidad de fondo era igualar la eficiencia y la eficacia que ya se estaba construyendo en otros sistemas educativos a nivel global.
Esta descentralización neoliberal perseguía la autonomía local de las 76 Unidades de la UPN, la reducción del gasto público, la rendición de cuentas y el enfoque de resultados vinculados a la calidad educativa. La reconfiguración de la Universidad, en principio, planteó retos en términos de coordinación y con el paso de los años se derivó de ello una amplia brecha de desigualdad, ya que las comunidades con más recursos pueden acceder a mejores servicios educativos, mientras que las más desfavorecidas enfrentan diversas limitaciones. Además, se desatienden las necesidades de formación docente y la verdadera calidad educativa, en favor de la eficiencia económica. Han pasado más de treinta años de la aplicación y el desarrollo de esta reforma y los efectos que devienen de más de tres décadas, es que, en la UPN, se ha ensanchado una cultura académica que se ha venido desplazando hacia la derecha en una constante inclinación hacia el autoritarismo y la corrupción; en ese mismo proceso se fue modificando el sentido común en la vida universitaria. Por eso es que, la anhelada y cercana autonomía de la universidad enarbola las banderas de la democratización de los gobiernos universitarios de la pedagógica.
La tendencia conservadora de las autoridades, de la rectora, del Consejo Académico, de la mayoría de directivos y de los coordinadores de Licenciatura y de Área en toda la República mexicana (algunos de ellos integrantes del grupo autodenominado Refundación) se ha fortalecido a lo largo de estos años, pero más puntualmente en este último sexenio, forma parte de lo que Burton Clark (1991) describe como las “oligarquías académicas”, formadas por grupos académicos que concentran el poder y control dentro de las instituciones educativas. Estas redes de poder establecen conexiones y alianzas, lo que les permite acumular influencia en la toma de decisiones; de ahí que, sin pudor y con tal desfachatez, ejerzan violencia institucional hacia el profesorado, pero sobre todo hacia los maestros interinos (reducción de horas, cambios de unidad, congelamientos, despidos, etc.). Las oligarquías académicas a menudo controlan el acceso a financiamiento, proyectos de investigación, programas educativos y recursos institucionales; o simplemente se deslindan del quehacer académico y de las problemáticas que surgen fuera de su centro de poder. La falta de una ley orgánica que regule estas prácticas deja a la comunidad upeniana, maestros y estudiantes, en la indefensión jurídica.
De hecho, tanto directivos como coordinadores, y determinado personal administrativo, simulan tener un claro conocimiento en la definición de normas y políticas que rigen la institución; de esta manera, perpetúan su poder de forma ventajosa. Lo preocupante es que han llegado a influir a un gran número de docentes, incluidos también los profesores interinos, por medio de la desinformación y del abuso de poder. En lugar de promover una cultura académica comunitaria, fomentan una cultura clientelar-servilista, así como valores y prácticas que han favorecido su continuidad y que van perpetuando concretas estructuras organizativas, jerárquicas y verticales.
Como resultado de ello, en casi todas las unidades de la UPN que hay en los estados del país se padece de corrupción, tráfico de plazas, autoritarismo, y violencia institucional. La universidad depende de factores externos asociados a ciertos grupos de poder que tienen un gran control sobre la dirección y la política académica de la universidad. Es cierto también, que los recursos federales son desviados por los gobiernos de los estados y no llegan a las unidades, haciendo irreal la descentralización propuesta por el ANMEB. Estas condiciones, en combinación con una cultura de la corrupción, propiciada por la estructura jerárquica y antidemocrática de la UPN dan como resultado una Universidad anacrónica y colonialista.
En concordancia con lo expuesto anteriormente, es necesario aludir al Congreso Nacional Universitario que se llevó a cabo en el año 2021, el cual tuvo un orden democrático, participativo y horizontal, donde se hizo evidente el impacto neoliberal que ha tenido la institución. Después de un examen exhaustivo de las posibles opciones jurídicas y académicas para la Universidad, se determinó, por consenso por todas las regiones del país que lo mejor para la UPN es la autonomía plena por ley. Otros dos acuerdos fundamentales fueron: recuperar el carácter nacional de la Universidad y democratizarla. A la fecha, la ley orgánica que otorga autonomía a la pedagógica, fue aprobada por la comisión de educación de la legislatura pasada, y estamos a la espera de que el nuevo gobierno de Claudia Shienbaum y el grupo de senadores y diputados sean sensibles a lo que la propia comunidad ha convenido y se decrete la autonomía y el fin del neoliberalismo en la UPN.
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Clark, B. R. (1991). El sistema de educación superior: Una visión comparativa de la organización académica. Ed. Nueva Imagen, UAM Azcapotzalco.
Fotografía: crónica
