Por: Miguel Urbán Crespo, Maureen Zelaya Paredes. Rebelión. 11/10/2020
Se suele asociar a Honduras con el golpe de estado del 2009 que depuso al presidente Manuel Zelaya e inauguró una nueva etapa de golpes de estado en América Latina; con incesante goteo migratorio, más recientemente transformado en caravanas; con la violencia de las pandillas; y con el asesinato de Berta Cáceres, sin duda una referente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas como el Lenca y un icono de lucha ecologista y en defensa del territorio.
Pero pocas veces se asocia a Honduras con el laboratorio neoliberal más importante de la región. Un autentico paraíso para el capital extractivista transnacional pero un infierno para las y los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes y de la naturaleza.
Con motivo del Premio Sakharov en este año 2020, el Grupo de la Izquierda Unitaria y la Izquierda Nórdica (GUE-NGL) y los Verdes en el Parlamento Europeo, han nominado tanto al legado de la lideresa lenca Berta Cáceres, ex coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) como a los presos políticos por la defensa del río Guapinol, para destacar la importancia de su lucha por la defensa de los derechos indígenas y el acceso a los recursos naturales en un Estado donde los proyectos extractivistas valen más que la vida de las personas y la conservación de los ríos. Hay hasta tres ríos en disputa: el Río Gualcarque, el Río Guapinol y el Río San Pedro, que además de su importancia ecológica significan fuente de vida para las comunidades próximas.
La nominación al premio Sakharov quiere poner en valor a los defensores y defensoras del territorio y los bienes comunes, demostrando que la preservación medioambiental y la lucha contra el cambio climático es contrario al sistema capitalista. Al igual que ocurre con los virus, el cambio climático no entiende de fronteras. Pero sí entiende de clases sociales y de desigualdades. Por eso sus impactos son mayores entre quienes menos tienen y, también hay que decirlo, entre quienes menos responsabilidad tienen en el cambio climático.
Un reciente informe de Oxfam señalaba que hoy el 1% de súper ricos contamina el doble que la mitad más empobrecida de la población mundial. Sustituir los motores de gasolina de los coches por motores eléctricos está muy bien para las calles de Bruselas. Pero no podemos cerrar los ojos a que cierta transición energética en el norte aumenta la presión extractivista sobre los pueblos del sur, impactando sobre los Derechos Humanos y sobre el medio ambiente.
Por eso la lucha por la justicia social y medioambiental son en el fondo una misma lucha. Porque si no vienen de la mano, solo tendremos un maquillaje verde. Esta lucha tiene que acompañarse de la garantía de derechos fundamentales para las poblaciones indígenas y rurales en el sur global, que son las que enfrentan las peores consecuencias de un sistema social y económico depredador.
Durante el Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), se intentó paliar la crisis social aumentando el salario mínimo, estableciendo alianza con Petrocaribe para atajar la crisis energética y para sorpresa de muchos sectores, incluso se negó a la privatización de la empresa nacional portuaria. Además, aumentó la inversión social principalmente en educación y salud, entre otras medidas de tipo social.
Para las conservadoras élites hondureñas Zelaya ha sido, probablemente, el único presidente contemporáneo que ha cuestionado sus intereses, cuya retórica sobre la redistribución de la riqueza suponía un abierto desafío al mismo tiempo que una traición, ya que Zelaya había sido parte de la poderosa élite económica hondureña.
Pero si algo han demostrado que tienen en común las élites latinoamericanas es que no perdonan ni la traición ni que nadie cuestione sus intereses, a la primera oportunidad retomarán el control político de la forma que sea. La posibilidad de una “cuarta urna”, fue la excusa para el golpe de Estado del 2009. Desde entonces, Honduras ha profundizado la construcción de un modelo neoliberal que suma todas las distopías sociales y ambientales. Este golpe continuaría con el fraude electoral de 2013 y el golpe electoral de 2017 a través del cual llegó Juan Orlando Hernández (JOH) al Ejecutivo como presidente de la República.
Pese a las continuas protestas, la reorganización desde la base, el surgimiento de nuevas expresiones de lucha y poder popular, así como una creciente solidaridad internacionalista, no han conseguido frenar este proceso de radicalización neoliberal, economía extractivista de recursos y depredadora del territorio, así como de violencia estructural y concentración de poder en el Ejecutivo. Tenemos que recordar que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para defensores y defensoras de los derechos humanos.
Hoy que las caravanas migrantes desde Honduras vuelven a ser noticia, tenemos que recordar que este fenómeno se inaugura solo un año después de la llegada de JOH al poder, representando sólo la punta del iceberg de un modelo que se sostiene sobre la base de una violencia estructural y sistémica. Y que tiene en la persecución y el asesinato de quienes alzan sus voces uno de sus elementos mas paradigmáticos, tal como lo vemos con los presos políticos de Guapinol o con Berta Cáceres, crimen aún en la impunidad.
Una candidatura hondureña para el premio Sakharov no es un gesto de solidaridad sino el reconocimiento de que la lucha del COPINH y las comunidades del Río Guapinol son nuestras luchas: la que rechaza el extractivismo capitalista y su carácter ecocida, la que busca justicia y reparación histórica para las comunidades indígenas y la que entiende que defender el territorio y los bienes comunes es defender la vida en el planeta. Este pequeño país, de la olvidada región centroamericana, concentra un crisol de resistencias y pone en evidencia el lado más salvaje del capitalismo extractivista. Por eso es más importante que nunca que en el parlamento europeo suene con fuerza que ¡¡Berta Vive y Guapinol Resiste!!
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Fotografía: La tinta.
