Por: Jorge Verástegui. 22/08/2024
Pese a las evidencias que señalan que el gobierno de la CDMX fue quien retiró cuatro memoriales colocados por familiares de personas desaparecidas frente a Palacio Nacional, éste sigue negando su participación en el acto. Además, fue la Policía Militar quien vía transparencia envió las pruebas de la responsabilidad de las autoridades locales en el hecho.
La memoria se ha convertido en una herramienta que incomoda a los perpetradores y a sus cómplices, es decir, a aquellos que cometen actos criminales y a quienes les apoyan con impunidad o silencio. Por eso, el buscar y mostrar las fotografías de nuestros familiares desaparecidos se ha convertido en un acto subversivo para el Estado.
El 15 de marzo de 2024, denunciamos el retiro de cuatro memoriales temporales que se colocaron frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México, como una acción de protesta ante la negligencia criminal en la búsqueda de nuestros familiares. Lo poco que sabíamos era que se habían retirado por órdenes de presidencia.
Ante el agravio causado, las familias que nos manifestábamos, tomamos diferentes acciones. Presentamos quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la de la Ciudad de México (CDHCDMX), también solicitamos información a diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de México, y tramitamos un amparo.
La primera respuesta la tuvimos de la CNDH, quien argumentó que no procedía la queja porque la memoria no era un derecho humano, y que, como no había permiso, tampoco podrían analizar el tema del derecho a la protesta. Sin consulta previa con las víctimas, la CNDH turnó el asunto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien meses después respondió a la CNDH diciendo que no eran competentes para conocer el asunto. La CDHCDMX –que después de dos años no ha podido resolver la queja contra el Gobierno de la Ciudad de México por el tema de la Glorieta de las y los Desaparecidos–, simplemente dijo que no era su competencia.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México respondió que no habían participado en el retiro de los memoriales temporales, que no sabían nada del tema. Lo mismo respondió la Alcaldía Cuauhtémoc, quien señaló que era el Gobierno de la Ciudad de México el encargado del zócalo capitalino. El C4 informó que las grabaciones de las cámaras solo las resguardan entre 7 y 30 días (dependiendo del sistema), grave para una ciudad con más de 4 mil personas desaparecidas.
El único que respondió positivamente fue el Poder Judicial de la Federación, al admitir el amparo promovido en contra de la Presidencia de la República y la Policía Militar. Dentro del juicio de amparo se ventiló que quien había participado en el retiro de los memoriales, había sido personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
La Policía Militar informó que el 13 de marzo de 2024 aproximadamente a las 22:00 horas, personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México había retirado los cuatro memoriales temporales; adicionalmente, la Policía Miliar anexó una fotografía en la que se ve a personal del Gobierno de la Ciudad de México retirando los memoriales y subiéndolos a un vehículo del mismo gobierno.
Parecería sencillo que, con el testimonio de un elemento de la Policía Militar y una fotografía, demuestran la participación del Gobierno de la Ciudad de México en el retiro de los memoriales temporales, el gobierno capitalino asumiría su responsabilidad. Sin embargo, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México ha negado su participación, argumentando que la ley no les da facultades para retirar memoriales. La misma Secretaría refiere que los memoriales temporales provocan una afectación al medio ambiente, ya que estos se colocaron en una jardinera en la que había árboles y animales, afectando el derecho al medio ambiente, pues esos árboles se verían afectados y no podrían generar aire limpio.
A pesar de las pruebas, enviadas por la Policía Militar, que demuestran que fue el Gobierno de la Ciudad de México el que retiró los memoriales, este sigue negando su participación. Corresponderá al Poder Judicial de la Federación determinar si avala las mentiras del gobierno o, por el contrario, determina la responsabilidad de este en la violación a nuestro derecho a la memoria y a la protesta.
La memoria se ha convertido en una herramienta que incomoda a los gobiernos como el de la Ciudad de México y el Federal, que intentan borrar la realidad que miles de familias vivimos. Sin embargo, estos se seguirán enfrentando a la insistencia de las familias, a esa necedad de no olvidar, de seguir haciendo memoria contra la desaparición.
¿Cuál será la política de la nueva administración del Gobierno de la Ciudad de México? ¿Profundizará la lucha contra la memoria? ¿Le apostará a hacer memoria contra la desaparición?
**Foto de portada: La familia de Mauricio Aguilar Leroux en compañía de madres buscadoras colocaron un memorial en la esquina del Zócalo y Moneda, esto como parte de las acciones de recordatorio al gobierno federal que no han hecho su trabajo en localizar. (Haarón Álvarez/ObturadorMX)
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Fotografía: Adonde van los desaparecidos
