Por: Egbert Méndez Serrano. 03/04/2025.
El 4 de abril de 2017, hace ocho años, una comisión de campesinos de Arantepacua se reunió con el subsecretario del gobierno de Michoacán, Armando Hurtado Arévalo, en la que también se encontraba el director de gobernación, Víctor Lara, para que mediaran en un conflicto de tierras que había con la comunidad de Capácuaro. Al concluir, subieron al autobús que habían rentado y se fueron sin mayores problemas, hasta fueron escoltados por varios vehículos de la policía estatal, según refirieron las autoridades, por su seguridad.
Saliendo de Morelia, esa misma escolta les da un serrón, gasea el autobús, golpea y detiene a los 38 pasajeros. Ahí empieza a operar el terror de la maquinaria de Estado, al mando del gobierno de Silvano Aureoles, quien actualmente es prófugo de la justicia por desvío de recursos. Les inventan cargos por bloqueo carretero, lo cual carece de sentido. Enrique Guerrero Aviña, abogado defensor de la comunidad, dice que incluso los quisieron acusar por secuestro del chofer del autobús, ¡que ellos mismos habían rentado!
En ese momento, el despliegue represivo ya nada tenía que ver con el conflicto agrario. José Luis Martínez Alonso, miembro del Consejo Comunal Indígena de Arantepacua, nos cuenta la historia de lucha de la comunidad, habitada por personas con una gran capacidad organizativa, que venían apoyando activamente el movimiento magisterial y estudiantil de la región. No duda que esa sea la razón de fondo del golpe que les dio el gobierno de Aureoles; por ejemplo, la misma reunión con el subsecretario la habían conseguido mediante movilizaciones. Son un pueblo originario combativo —a raíz de estos sucesos que derivan en una masacre, su asamblea, que es la máxima instancia de toma de decisiones, va a expulsar a todos los partidos políticos oficiales de Arantepacua—.
La comunidad se entera y el 5 de abril bloquean la carretera de Arantepacua exigiendo la liberación de los suyos. Es entonces que el gobierno escala la represión. Para desalojarlos prepara un operativo al mando del entonces subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán, Carlos Gómez Arrieta —hoy encarcelado por torturador en el caso Ayotzinapa—, con más de trescientos elementos, dos vehículos blindados (los rinocerontes), helicópteros y motocicletas; los disparos por parte de la policía comienzan y el Estado realiza una masacre que dura horas, deja como saldo: 4 comuneros asesinados (entre ellos un menor de edad), 10 casos de tortura, 48 detenciones, 38 casos de tratos crueles, 56 allanamientos ilegales, más de 70 lesionados, 213 víctimas directas y más de mil víctimas indirectas.
En ocho años, la lucha de la comunidad ha logrado avances en cuanto a la reparación del daño, tanto de forma individual como colectiva, mediante la Recomendación por Violaciones Graves 42 VG/2020, que emitió la CNDH en 2020. Guerrero Aviña señala que en esta lógica se está construyendo un hospital. Pero la justicia sigue estando distante ya que ¡no hay un solo detenido por la masacre! ¿Por qué? En 2017, cuando ocurrió, Adrián López Solís era secretario de gobierno, ahora es el fiscal general de Michoacán, es decir, estuvo involucrado directa o indirectamente y por esa razón no puede ser imparcial, ni ser la persona adecuada para la procuración de justicia.
Es por eso que la comunidad de Arantepacua y organizaciones solidarias buscan que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. José Luis Martínez comenta que, la FRG, “en la segunda vez que tuvimos un acercamiento con una movilización, acordó coadyuvar con las investigaciones, ayuda, pero lo que pedimos es que atraiga el caso, porque la fiscalía local sigue teniendo el control de la investigación”. El próximo sábado 5 de abril, se prepara una movilización para continuar con esta exigencia, se realizará a las 10 de la mañana, parte de la Secretaría de Gobernación a la FGR.
Fotografía de portada: tomada de la página de Facebook de la fiscalía de Michoacán
