«Existe una vinculación directa entre la impunidad y la desigualdad»

Juan Antonio Le Clercq Ortega es uno de los expertos que desarrolla el Índice Global de Impunidad. Aquí explica cómo está posicionada América Latina.

Recientemente se ha publicado el Índice Global de Impunidad 2017 en un informe del cuál usted fue coordinador. ¿Qué es lo que mide exactamente este índice? ¿Qué parámetros toma en cuenta para definir a aquellos países en los que es más frecuente el fenómeno?

El Índice Global de Impunidad (IGI) es un esfuerzo académico para medir estadísticamente el fenómeno de la impunidad. Nos interesar la impunidad porque representa un fenómeno que multiplica y retroalimenta las consecuencias de otros problemas sociales como la inseguridad, la violencia o la corrupción. Nuestra propuesta metodológica mide la impunidad a partir de analizar el funcionamiento y la estructura de los sistema de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos. En el IGI 2015 pudimos medir grados de impunidad en 59 países a partir de catorce indicadores, mientras en IGI 2017 extendimos la muestra hasta 69 casos y analizamos doce indicadores. En ambos casos utilizamos información reportada por los propios países a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC por sus siglas en inglés) y datos sobre derechos humanos en sistemas de bases de datos internacionales. La diferencia entre un año y otro consiste en que aumentamos un indicador para el sistema de justicia y tuvimos que comparar las cuatro variables utilizadas para derechos humanos en un indicador único. Para nosotros también son importantes los casos que no se incorporan pues representa impunidad estadística, falta de voluntad y capacidad para reportar. En 2016 pudimos también medir el caso mexicano (IGI-MEX 2016) a partir de 18 indicadores con información que reportan las entidades federales al INEGI.

El informe afirma que la riqueza de los países, medida a través de sus capacidades económicas de producción, no es un factor determinante de la impunidad. ¿Esto es verificable con los datos? ¿Sucede lo mismo con el bienestar social o, por el contrario, aquellos países en los que hay mayores niveles de bienestar también hay menos impunidad?

En 2015 realizamos correlaciones entre los resultados del IGI y el PIB nacional, el Índice de Desarrollo Humano y la desigualdad. Lo que encontramos es que globalmente no había correlación con el PIB, pero que si existía vinculación con la desigualdad y el desarrollo humano: a mayor impunidad menor desarrollo humano y mayor desigualdad. Sin embargo, para el caso de América Latina sí había correlación con el tamaño de la economía. En 2017, con más casos de estudio, incluyendo países de África, Asia y una muestra más completa de América Latina, encontramos que hay una correlación negativa entre impunidad y PIB, por lo que conforme aumenta la impunidad disminuye el PIB per capita y una correlación positiva entre desigualdad e impunidad, lo que implica que mientras más aumenta la desigualdad también lo hace la impunidad. Esta es una conclusión importante, pues si bien no implica una relación causal, nos señala el nivel de vulnerabilidad que enfrentan las personas que enfrentan condiciones exclusión socioeconómica ante la inseguridad, la violencia o la corrupción.

¿Cómo están ubicados los países de América Latina en este índice? ¿Cuáles son aquellos que tienen mayores índices de impunidad y cuáles son los motivos más frecuentes?

Para el IGI 2015 se incluyen 21 países del continente, considerando a Estados Unidos y Canadá. El promedio regional de impunidad es de 62,1% y representa la región con más impunidad sólo después de África, aunque en este caso sólo se analizan tres casos. Hasta seis países latinoamericanos se encuentran entre los diez peores niveles de impunidad y trece entre los veinte peores (incluyendo a Estados Unidos), lo cual nos habla del tamaño del problema para la región. México es el caso con el nivel más alto de impunidad, seguido de Perú, Venezuela, Brasil y Colombia. El caso venezolano, sin embargo, lo consideramos atípico ante la falta de certidumbre sobre la información reportada y el contexto particular que atraviesa este país. Para explicar la problemática particular de esta región hay que considerar que el peor resultado por subdimensión, considerado como proporción de su impunidad total, está en la estructura del sistema de justicia (28,3%), respeto a los derechos humanos (24,6%) y estructura del sistema de seguridad (21,9%). Esto significa que no se han desarrollado las capacidades suficientes para garantizar seguridad pública y acceso a la justicia y que estos países permiten o toleran en forma cotidiana violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esta es sólo una perspectiva promedio de la región. Para comprender mejor la situación se requiere requiere del análisis caso por caso y del desarrollo de estudios cualitativos complementarios.

¿Cuáles son las políticas que deberían adoptar los estados para reducir los márgenes de impunidad? ¿Existen experiencias exitosas que puedan ser tenidas en cuenta en nuestra región?

A nivel regional se debe trabajar, en primer lugar, para mejorar diseños institucionales y las capacidades instaladas en seguridad y justicia. En especial, cuando hay una correlación con la desigualdad que nos hace pensar que quienes tienen ingresos y posiciones sociales más altas tienen también un mejor acceso a estos bienes públicos. En segundo lugar, debe haber un mayor compromiso en el respeto a los derechos humanos y las autoridades nacionales deben demostrar que están comprometidas en sancionar a los agentes del Estado responsables. Nuevamente, esta es una perspectiva promedio de la región y requiere profundizar caso por caso. Las buenas prácticas son fundamentales, pero deben ser adaptadas a cada caso y requieren estar sujetas a procesos permanentes de evaluación. Un ejemplo interesante lo representan países de Europa del Este que han salido bien evaluados en IGI 2015 e IGI 2017. En estos casos, el incentivo para ingresar a la Unión Europea implicó el compromiso de seguir buenas prácticas y ser evaluados desde esa perspectiva. Tal vez América Latina requiere asumir estándares comunes y aceptar la evaluación del desempeño de la justicia, la seguridad y los derechos humanos por parte de alguna organización o agencia internacional o por parte de las Naciones Unidas.