Por: Claudio Rossetti Conti. pressenza. 29/05/2020
¿Hay vidas que no valen la pena vivir? En Chiapas parece que sí. Los médicos pertenecientes a instituciones de salud pública se atribuyen el derecho de decidir en lugar de las madres la posibilidad de quedar embarazadas o no, a menudo mediante engaño o coerción.
El Estatuto de Roma, el Tratado Internacional por el que se establece la Corte Penal Internacional, considera la práctica de la esterilización forzada «un crimen de lesa humanidad», mientras que las Naciones Unidas en 2013 consideraron esta práctica «un acto de tortura». En México, la esterilización forzosa sigue vigente en las clínicas rurales y en algunos hospitales; Chiapas es un triste ejemplo de ello, a pesar de que el artículo 67 de la Ley General de Salud establece que «se castigará a quienes practiquen la esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para aceptarla». La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya denunció en 2002 que «el personal médico de las instituciones de salud pública en las clínicas rurales obliga a las mujeres indígenas a someterse a procesos de esterilización» bajo la amenaza de perder la ayuda financiera de los programas gubernamentales.
Desde hace años, jóvenes mujeres indígenas tzeltales y tojolabales, tanto en sus comunidades rurales de origen cerca de Altamirano como en el hospital (IMSS) del mismo pueblo, afirman haber sido sometidas a prácticas de esterilización forzosa por parte del personal médico de salud pública. «Hace unos veinte años vinieron a la clínica de la comunidad médicos que nos dijeron que viniéramos para el control del virus del papiloma. Nos hicieron firmar papeles diciendo que era por nuestro propio bien, pero no sabemos leer. Pronto nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos embarazadas y nos dimos cuenta de que nos habían engañado», informa una mujer tojolabal de una comunidad a seis horas a pie de Altamirano. «Ya no confiamos en los médicos ni en el hospital del país. Nos llaman indios y se burlan de nosotros sólo porque somos pobres. No explican las enfermedades que tenemos (refiriéndose a los tecnicismos verbales utilizados por muchos médicos durante las explicaciones clínicas, que son incomprensibles sobre todo para las personas cuya lengua materna no es el español). ¿Cómo podemos curarnos? Cuando les pedimos que repitan, algunas personas nos miran con desprecio. El hospital carece de medicinas y no siempre somos capaces de tratarnos con plantas medicinales», dice la Sra. Tojolabal. La misma señora me mostró una fotografía con el DIU, el dispositivo anticonceptivo intrauterino colocado engañosamente en el cuerpo de las mujeres de la comunidad; en algunos casos los propios padres o maridos de las mujeres víctimas de estos abusos se presentaron en el hospital y obligaron a los médicos a retirar estos dispositivos bajo amenaza de denuncia.
A pocas horas de camino de Altamirano vive una joven familia en una comunidad de tzeltales: «Desde que mi hija salió del hospital con su bebé recién nacido hace un año, no ha podido tener hijos. Lloró durante mucho tiempo. Descubrimos que los médicos del hospital del pueblo la habían operado (cierre del conducto) sin avisarle. A menudo las parteras de la comunidad, formadas por el gobierno, intentan convencer a las jóvenes madres de que se operen en el hospital después de la cesárea. Los médicos aprovechan la oportunidad para operar a nuestras hijas», dice el padre de la víctima.
«Hace unos meses di a luz a mi hijo; en el hospital los médicos me preguntaron si quería seguir teniendo hijos. Intentaron convencerme de que me operara, diciendo que era por mi propio bien y que viviría una vida feliz sin tantos hijos. Insistieron durante mucho tiempo y me sentí incómoda», dijo una chica mestiza de Michoacán que emigró a Altamirano para casarse con un tzeltal indígena. «Conseguí salir del hospital sin ser operada, pero mis parientes (refiriéndose a las mujeres tzeltales de la familia de su marido) estaban más presionadas», continúa.
En una pequeña comunidad a pocas horas de camino de Altamirano, una señora tojolabal me mostró su brazo derecho y me señaló un dispositivo electrónico bajo la piel que le fue implantado hace poco menos de dos años, después de dar a luz a su hija Guadalupe, por algunos médicos del IMSS del país. «Me dijeron que era por mi propio bien y que mi marido estaba de acuerdo. No paraban de entrar y salir de la sala de partos. Estuve de acuerdo, pero ahora me arrepiento. Cuando salieron del hospital, cuando le pregunté por qué había aceptado la propuesta de los médicos, mi marido dijo que no sabía de qué estaba hablando. Nos engañaron; me encanta tener a las criaturas en mis brazos. Son un regalo», dice la madre de Guadalupe. Lamentablemente, pocas víctimas de estas prácticas denuncian al personal médico; la mayoría de estas mujeres por vergüenza, impotencia, resignación, sentimiento de inferioridad hacia los mestizos, falta de información o por la fuerte corrupción del propio sistema, no presentan una denuncia o no la llevan a cabo.
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Fotografía: pressenza.
