Por: La Redacción. 04/11/2018
Compartimos comunicado enviado a nuestra Redacción.
Córdoba, Veracruz. 3 de noviembre de 2018, 20:00 horas.
Por apoyar la asistencia humanitaria del éxodo de migrantes centroamericanos en su paso por el centro de Veracruz, agentes de Migración y de la Policía Federal amenazaron con iniciar procesos judiciales en contra del sacerdote Julián Verónica, de la Parroquia de Paraje, Amatlán de los Reyes e integrante de la Misión de Observación-Veracruz, e incluso a la presidenta municipal de Córdoba, Leticia López Landero.
El intento de criminalizar las acciones de apoyo en esta emergencia representa un cambio drástico en la política de atención a la situación de los centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos, que hasta el día de ayer recibieron la atención y el paso libre por parte de las corporaciones policiacas en territorio oaxaqueño y veracruzano.
Pese a las declaraciones públicas del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que ayer aseguró vía redes sociales que el gobierno daría asistencia humanitaria, los integrantes de la Misión de Observación de Derechos Humanos en Veracruz, fueron tratadas de “polleros”, inhibiendo así las acciones de por sí complicadas ante la dispersión de la caravana en el tramo más riesgoso para migrantes y no migrantes de la entidad.
Cabe mencionar que la alcaldesa había contratado 10 camiones para dar certeza del tránsito hacia Puebla a mujeres, niños y familias completas que se dirigían a dicha entidad, tras una larga jornada de traslado desde el sur de Veracruz, mismos que fueron cancelados luego de recibir las amenazas de la policía estatal de frenar esta acciones, lo que inhibe claramente la capacidad de ayuda de las autoridades locales.
Haciendo eco de nuestros reportes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dijo estar “profundamente consternada” por la desprotección en que se ha dejado a la Caravana Migrante en el estado de Veracruz, luego de que la oferta de traslado humanitario del gobierno estatal a la Ciudad de México fuera cancelada, y que ha resultado en su fragmentación, cuya unidad, aseguró el organismo, era su principal fuente de protección, por lo que “una gran parte de las personas de la Caravana están no localizadas”.
En el comunicado, indicó que según información recabada en el terreno actualmente las personas migrantes están “desesperadamente’ subiendo en camionetas privadas, “mismas que no se sabe si pertenecen o no a grupos del crimen organizado, en un estado en el que sin necesidad de situaciones extremas, como la actual, se reportan de manera regular secuestros y desapariciones de personas migrantes, a menudo destinados a trata de personas”.
El organismo llamó a que con urgencia los tres niveles de gobierno aseguren las condiciones necesarias para que la Caravana permanezca junta y protegida, con particular énfasis en prevenir los riesgos diferenciados que podrían sufrir mujeres, mujeres embarazadas y niños, ofrezcan la asistencia humanitaria y de protección necesarias, de la mano con entidades eclesiásticas, organizaciones no gubernamentales y Naciones Unidas presentes en el terreno, y garanticen una asistencia policiaca suficiente. La Oficina en
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que es preciso garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y del Comité de Trabajadores Migratorios en relación con la protección de las personas migrantes de las caravanas que actualmente cruzan el territorio mexicano.
Como Misión de Observación en Derechos Humanos del Éxodo Migrante-Veracruz,
• CONDENAMOS enérgicamente las acciones criminales del Gobierno del Estado y Gobierno Federal que ponen en mayor indefensión a los integrantes del éxodo que aún permanecen en la entidad.
• Condenamos las amenazas e intimidaciones de policías estatales y federales, así como de agentes migratorios a choferes, ciudadanos, colectivos, defensores de derechos humanos, ciudadanía, pastores, sacerdotes y personas que solidariamente han respondido ante la necesidad de asistir a los migrantes vulnerados, especialmente a los menores, familias, mujeres embarazadas y enfermos.
• Denunciamos la impostura del Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que no solo desatiende el mandato constitucional y de atención a tratados internaciones que fundamentan la atención humanitaria en situaciones como ésta.
• Insistimos en el llamado a redes solidarias para hacer eso del cuidado, la protección, defensa de la vida y el acompañamiento a los hermanos centroamericanos.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
Centro de Derechos Humanos “Bety Cariño”, Sur de Veracruz.
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, de Orizaba.
Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.
Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH)
Pastoral social de Paraje, Amatlán de los Reyes-Veracruz
Colectivo Vive Migrante de Amatlán de los Reyes
Redes de Resistencia y Rebeldía (R3) de Xalapa, Veracruz, Grandes Montañas y Sur
Fotografía: proceso/eduardomiranda
