Por: Cecilia Vergara Mattei – CLAE. 13/04/2023
Tras el homicidio del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma durante un operativo policial en el barrio Matta de Santiago centro que aceleró la agenda, el presidente chileno Gabriel Boric promulgó la Ley Naín-Retamal, medida que busca fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y Gendarmería. De manera reservada, el mandatario también confirmó el trámite de otras tres nueva iniciativas dirigidas a combatir la situación actual de delincuencia y crimen organizado en el país.
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Tras la decisión del Ejecutivo, la diputada Catalina Pérez declaró que desde Apruebo Dignidad no acudirán al Tribunal Constitucional para impugnar algunos artículos de la iniciativa. La promulgación «inmediatamente descarta la alternativa del Tribunal Constitucional y nos hace más bien cambiar el rumbo hacia el trabajo en otras medidas», aseguró.
El gobierno llamó a votar a favor de la ley en la Cámara de Diputados y terminó pactando con la derecha una reformulación de “legítima defensa privilegiada” que fue aprobada ampliamente. El Partido Comunista y el Frente Amplio, pese a votar en contra del proyecto en general en el Senado, patrocinaron y aprobaron la indicación (modificación) consensuada con la derecha que estableció la presunción de legítima defensa.
Para analistas, la aprobación de estas leyes constituye un avance de los rasgos autoritarios y “bonapartistas” del régimen político, que han dado un salto durante el gobierno de Gabriel Boric. Hace décadas que Carabineros no recibía tantos beneficios, prerrogativas y financiamiento como sucede con este gobierno.
La legislación establece una serie de beneficios procesales a Carabineros y un endurecimiento en la aplicación de penas para quienes los agredan a Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. Por ejemplo, se establece que los condenados por delitos contra la integridad física de éstos, no podrán optar a penas sustitutivas, independiente de la intensidad de la agresión. También se limita la aplicación de atenuantes para estos casos.
El corazón del proyecto dice relación con la figura de legítima defensa. Recordemos que ésta funciona, en general, como un eximente de responsabilidad penal. Por lo mismo, la ley ha sido bautizada como ley de “gatillo fácil” y como una garantía de impunidad, pues la nueva legislación permite presumir que Carabineros y militares actuaron en legítima defensa al usar sus armas en un amplio arco de circunstancias.
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El Senado aprobó sin modificaciones varias de las disposiciones votadas en la Cámara y en la Comisión de Seguridad Pública del Senado (presidida por el ultraderechista Felipe Kast) en cuanto a beneficios procesales, tales como evitar que Carabineros que hicieron uso de sus armas sean imputados, sino que sean considerados víctimas o testigos. A su vez, no podrán ser separados de sus funciones ni ver afectada su remuneración.
Respecto a la propia formulación de la legítima defensa privilegiada, todos los partidos, desde el Partido Comunista hasta la derecha, acordaron una nueva formulación que finalmente fue aprobada en la votación en particular. Así, en los hechos, la idea de un veto presidencial quedó descartada.
La nueva norma establece que se presumirá legalmente la legítima defensa, es decir, se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado, cuando Carabineros o militares (en labores de seguridad pública) repelan o impidan una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o la de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa. Aunque se atenuó la formulación original, la presunción de legítima defensa o “defensa legítima privilegiada” fue recogida y quedó en el Código Penal.
La norma invierte la carga de la prueba para el caso en que Carabineros y militares asesinen o hieran a personas. No deberán probar que concurren los requisitos de la legítima defensa y la proporcionalidad de los medios utilizados (como cualquier persona debe hacer en tribunales). Por el solo hecho de usar el uniforme estarán protegidos por esa presunción en el caso de agresión indicado más arriba.
Incluso si durante el juicio se logra demostrar que no hubo defensa legítima ni un uso racional de los medios, se aplicará una atenuante y los Carabineros o militares que asesinen a personas inocentes, podrán ver sus penas rebajadas, salvo que concurra dolo.
Aunque en las horas y días previos parecía que entre el gobierno y la oposición se libraba una batalla sin cuartel, lo cierto es que el gobierno nunca cuestionó que se creara la figura de legítima defensa privilegiada, que es una figura de impunidad. La disputa legislativa se concentró en aspectos técnicos y jurídicos: si se incluía en el Código de Justicia Militar o en el Código Penal y cuál era la formulación más precisa de la norma.
De hecho, en este punto el gobierno coincidió con los editorialistas de El Mercurio, que apostaban por una mayor precisión técnica sin cuestionar, obviamente, el fondo del proyecto. Por ello nadie puede decir que los dichos de Gabriel Boric, el Frente Amplio o el propio Partido Comunista sobre los Derechos Humanos, implicaban una oposición real a la ley Naín Retamal.
Por el contrario, el gobierno es totalmente responsable de la aprobación de esta ley. Fue la propia ministra del Interior quien llamó a votar la ley en la Cámara de Diputados, aún afirmando que podía abrir la puerta a legalizar el “gatillo fácil”. Las modificaciones, decía, se podrían realizar en el Senado, apelando al buen criterio de la derecha.
La derecha respondió doblando la apuesta. No sólo rechazó las indicaciones del gobierno en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, sino que incluyó nuevas indicaciones aún más duras como la liberación de responsabilidad penal de los mandos superiores o nuevos obstáculos para que proceda el delito de apremios ilegítimos cuando son perpetrados por Carabineros y los militares.
Estas normas las usaron como fusibles en la negociación para que la “legítima defensa privilegiada” quedara en el Código Penal. El gobierno incluso retrocedió en este punto y no insistió en el traslado de las normas al Código de Justicia Militar.
El Partido Comunista había declarado que se opondría con todas sus fuerzas a la aprobación de esta ley. Pero fue la propia ministra Camila Vallejo quien participó de las negociaciones con la derecha para acordar una formulación final. En el Senado el Frente Amplio y el Partido Comunista se opusieron en la votación en general, pero tanto el senador Latorre de Revolución Democrática, como Daniel Núñez del Partido Comunista suscribieron y aprobaron la indicación de consenso sobre legítima defensa.
Los diputados de Convergencia Social, formación política del presidente Boric, no se opusieron a la ley, sino que se abstuvieron. Mientras que las diputadas Karol Cariola, Carmen Hertz, Lorena Pizarro, entre otras, se ausentaron de la votación.
A su vez, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, principal responsable en la cadena de mando de las violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social y popular, es una figura clave para el gobierno. Así, tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas están adquiriendo una fortaleza y autonomía.
Por otra parte, las negociaciones entre el gobierno y la oposición, en donde es la derecha quien impone los términos del debate, constituye una especie de “cogobierno” entre Gabriel Boric y la derecha. El concepto de “política de los consensos” al estilo noventista, se queda corto para explicar cómo la derecha termina imponiendo toda su agenda, con un gobierno que no sólo cede en las negociaciones, sino que termina haciendo suya esta agenda y transformándola en propuestas legislativas y ejecutivas.
*Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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Fotografía: Sur y sur
