Por: Cencos. 25/03/2018
El relator especial, “atónito por la extrema violencia en México”.
Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, aseguró que en México no sólo se obstaculizó su trabajo sino incluso se criminalizó.
Ante el pleno de Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde presentó su informe, afirmó que “las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas a través de un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los poderes punitivos de las autoridades, tanto por actores estatales como no estatales, para entorpecer e incluso paralizar los esfuerzos de ejercer su legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos”.
En una visita a México el año pasado, se entrevistó con diversas autoridades y poderes del Estado, además de que se reunió con 800 defensores de los derechos humanos.
“El relator especial quedó atónito por la extrema violencia en México, el clima de casi absoluta impunidad y la supuesta corrupción e infiltración de las fuerzas fiscales y de seguridad por elementos criminales”, afirma Forst en el informe que redactó tras su visita al país norteamericano.
“Esta criminalización normalmente empieza con la denuncia de alegaciones infundadas (…) después siguen múltiples violaciones a los derechos humanos, que incluyen acoso, persecución por cargos inventados, y detención sin una orden judicial”.
“Parece que la criminalización del trabajo de derechos humanos se lleva a cabo tanto por elementos federales como estatales, incluyendo la Policía, el Ejército, la Marina, las autoridades de Gobierno, y la Judicatura”.
“El bajo nivel de independencia del sistema judicial, la corrupción entre los funcionarios públicos, y la explotación del sistema de justicia por compañías, que presentan quejas criminales contra los defensores de derechos humanos, todo contribuye a la criminalización de su trabajo“, subraya el informe.
Recordó que los Estados tienen la obligación de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, pues anotó que en la actualidad enfrentan un entorno de amenazas, restricciones, descalificación y criminalización sin precedentes, y añadió que la respuesta de los Estados a la problemática es en general insuficiente.
“Han pasado dos años y medio desde que la sórdida imagen del cuerpo de Alan Kurdi, un niño de tres años que huía de la guerra en Siria y que fue encontrado sin vida en una playa de Turquía, convulsionó la opinión popular en todo el mundo. Hoy, esas imágenes continúan emergiendo, provocando profunda indignación entre nosotros. En el contexto de las crisis humanitarias que atraviesan diferentes regiones, los defensores/as de derechos humanos juegan un papel clave para la prevención de tragedias similares y la protección los derechos de los grupos más vulnerables de nuestras sociedades”, dijo Forst.
“El objetivo central de mi informe es subrayar la importancia de que el tema de los defensores/as sea incluido en las discusiones globales sobre las problemáticas relacionadas con las personas en movimiento”, dijo Forst. “Esto incluye en particular la negociación de los dos pactos mundiales sobre refugiados y sobre migración segura, ordenada y regular”.
El estudio muestra cómo los defensores enfrentan en la actualidad un contexto de restricciones para acceder a las personas en movimiento, de seria criminalización y estigmatización, y de amenazas de actores no estatales, tales como el crimen organizado o las entidades subcontratadas por el Estado que prestan servicios a personas en movimiento.
En el caso de México señala que “las personas en movimiento se enfrentan a la violencia, la extorsión y la trata a manos de las bandas delictivas”.
En sus recomendaciones a los Estados, pide que “velen por que las disposiciones legislativas y administrativas internas y su aplicación faciliten la labor de todos los agentes que prestan asistencia humanitaria a las personas en movimiento y defienden sus derechos humanos, entre otros medios, evitando toda criminalización, estigmatización, obstaculización, obstrucción o restricción de dicha labor (incluida la asistencia prestada por autoridades locales como organismos regionales o municipales) que sea contraria al derecho internacional de los derechos humanos”.
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Fotografía: Cencos
