Por: Isabel Clavijo y Daniel Castrejón. 17/12/2022
I. Introducción
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho público, en reiteradas ocasiones, su rechazo al modelo neoliberal que ha permitido desde los años ochenta el despojo y entrega de la tierra y el territorio a manos de empresas privadas, la explotación de los recursos naturales y la violación de los derechos humanos. El resultado ha sido favorecer a los intereses de grandes empresas, ignorando la libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas.
Sin embargo, incluso antes de asumir su encargo, esta administración anunció el proyecto del Tren Maya como una de las principales obras de transporte y comunicación con la que el gobierno federal, de acuerdo con la información oficial, busca “incrementar la derrama económica del turismo en la península de Yucatán”.1 Con ese argumento, la implementación del proyecto que correspondería a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue asignado directamente a Fonatur.
Una de las primeras acciones de esa entidad fue el cambio de razón social de su filial Fonatur Operadora Portuaria S.A. de C.V. a Fonatur Tren Maya S.A. de C.V. Posteriormente, se debía formalizar la asignación por parte de la SCT a Fonatur Tren Maya S.A. de C.V. para que ésta última tuviera la posibilidad de construir, operar y explotar la vía de comunicación Tren Maya. Esa asignación se formalizó unos días antes de iniciar las obras para su construcción, el 21 de abril de 2020.
2 No obstante, Fonatur ya había lanzado una serie de licitaciones y entregado contratos de manera directa a varias empresas para la elaboración de los análisis financiero, legal y técnico del proyecto.
A esto se suman una serie de elementos que han generado incertidumbre sobre sus impactos reales, tales como la negativa para dar a conocer el proyecto ejecutivo, la falta de manifestación de impacto ambiental previa al inicio de la construcción de la vía férrea, así como un proceso de consulta indígena alejada de los estándares internacionales.
3 Es por ello que el Tren Maya ha levantado fuertes cuestionamientos entre los pueblos indígenas, las comunidades, la academia y organizaciones de la sociedad civil, quienes han señalado las afectaciones que tendría en el medio ambiente, en el patrimonio histórico de la región y en los derechos de los pueblos y comunidades.
El objetivo de este informe es analizar el papel que juega este proyecto en la visión económica de la región sureste del país, así como conocer la manera en la que se ha llevado a cabo y cuáles son los actores realmente beneficiados con su construcción. El documento se estructurade la siguiente manera: en una primera parte se establecen los antecedentes y principales características del proyecto, su avance, inversión estimada y costos. El siguiente apartado trata de las empresas beneficiadas durante el proceso de asesoría técnica e ingeniería básica y describe las principales características corporativas de las empresas contratadas, hasta la fecha de publicación de este documento, para las obras de rehabilitación y construcción del ferrocarril durante la primera y segunda fase. Posteriormente, se analiza el proyecto del Tren Maya como una pieza estratégica para el sector energético en la región a partir de una revisión de los principales proyectos que se ubican en los estados donde pasará el Tren Maya. Finalmente, aborda la manera cómo el proyecto representa una serie de riesgos para los derechos humanos, teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria actual que impone restricciones a los derechos a la reunión y manifestación de las ideas, la libertad de expresión y a la defensa de la tierra y el territorio.
El pasado 23 de abril, en medio de la emergencia sanitaria a propósito de la pandemia mundial que se vive a causa de la propagación del SARS-COV-2, el Presidente de la República emitió el decreto mediante el cual se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).
4 Este decreto señala qué programas sociales y proyectos gubernamentales no serían afectados por estas medidas y, por tanto, tienen garantizados los recursos necesarios para su operación. Entre estos se encuentra el proyecto del Tren Maya, lo que implica que en este contexto sanitario no ha sufrido suspensiones. Sin embargo, la entidad que ha llevado a cabo todas las contrataciones es el Fonatur, el cual, de acuerdo con las fuentes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) no ejerce funciones prioritarias para este gobierno, por lo que sus plazos para entregar información pública estuvieron suspendidos hasta el 18 de septiembre de 2020.5 Lo que ha impedido a las personas acceder a la información referente a este proyecto, sin que el sujeto responsable (Fonatur) lleve a cabo alguna acción proactiva para la publicación de la información.
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Fotografía: Poder Latam
