Por: El Evaluador. 01/03/2016
Con toda soberbia, arrogancia y sin el mínimo pudor, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, hizo público que con ley en mano se despedirá a tres mil trecientos sesenta profesores que no presentaron la evaluación del desempeño.
Que en apego a la Ley General del Servicio Profesional Docente (el octavo transitorio), los profesores que no asistieron a la perversa evaluación estandarizada del desempeño docente (en la cual el CENEVAL hizo, deshizo sin considerar el contexto), serán despedidos sin responsabilidad alguna para las autoridades educativas. A estas acciones maquiavélicas, responden algunos grupos sociales aplaudiendo como elefantes marinos, santificando a esta reforma como la mejor acción para mejorar el servicio educativo del país.
Pero lo que se desconoce de la Reforma Educativa, es que es una reforma laboral que pretende solo denigrar al docente, de hacerlo el único responsable de la mala calidad educativa, aun cuando constitucionalmente para mejorar la calidad educativa, se requiere que las escuelas cuenten con:
- Los materiales (libros de textos actualizados, los cuales en telesecundaria no existe desde hace cinco años, amplio acervo de libros en las bibliotecas escolares, servicio de internet, que con el deficiente programa de México Conectado se pretende simular la cobertura, entre otros y que es responsable el Estado de proporcionarlo) y métodos educativos.
- La organización escolar con personal completo independiente del número de alumnos.
- La infraestructura educativa (aulas, bibliotecas, laboratorios, áreas deportivas, todo acorde al contexto) y,
- La idoneidad de los docentes y los directivos. En este aspecto el Estado solo se ha ido a la parte de evaluar al docente, utilizando los medios de comunicación para señalarlo como el verdadero judas del sistema educativo.
Pero ¿dónde queda la responsabilidad del Estado para cumplir con los materiales educativos o con la infraestructura escolar? O ¿En verdad el Estado garantiza la idoneidad de docentes y directivos? ¿Qué pasa cuando el que violenta la ley es una autoridad educativa?
Para muestra basta solo un botón, reza un viejo refrán. Existe el caso de un grupo de profesores de telesecundaria del estado de Tabasco. Que en la pasada evaluación de promoción a la función de dirección, obtuvieron resultados de IDÓNEOS. La Secretaria de educación de Tabasco (SETAB) publicó con dolo y mala fe, cero plazas para promoción, aun cuando desde la entrada en vigor la Reforma Educativa, se generaron cerca de sesenta plazas directivas que según la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), debieron someterse a concurso y ser otorgadas a los idóneos.
Sin embargo el estado de Tabasco, otorgó de marzo de 2014 a enero de 2016, plazas de director de telesecundaria a docentes que NO PRESENTARON EL EXAMEN DE PROMOCIÓN establecido en la LGSPD y que de acuerdo al tercero constitucional, que a letra expresa “serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley” y que la misma LGSPD establece que todo aquel que otorgue y reciba una plaza por otro medio, serían sancionados.
Con estos argumentos los afectados denunciaron ante el Secretario de Educación, Aurelio Nuño y ante la Coordinación General del Servicio Profesional Docente, la violación cometida por el estado de Tabasco al tercero constitucional y a la LGSPD. La respuesta del que hoy dice apegarse a la ley para poder despedir a los docentes que la infringieron, fue la siguiente:
“Hago de su conocimiento que uno de los logros más significativos de la reforma educativa implantada en 1992, fue la federalización de los servicios educativos por parte del gobierno federal a los gobiernos de los estados, con lo cual a partir de mayo de 1992 las entidades federativas son las responsables directamente de operar el sistema educativo, estableciendo ambos gobiernos las facultades y atribuciones jurídicas y de relaciones laborales, así como los recursos financieros y materiales indispensables para su buen desarrollo, por lo tanto, las autoridades educativas estatales son las únicas facultadas y responsables para la atención y desahogo del asunto que usted plantea”
Dos puntos resaltan es esta respuesta: la Reforma de 1992 está por encima de la Reforma Educativa de EPN, aún cuando la LGSPD establece que se deroga todo aquello que impida la implementación de la falsa reforma de 2013. Que los estados, es decir, las autoridades educativas son las únicas facultadas de decidir como manejar sus recursos tanto material, como humano. Tienen la facultad de asignar plazas a quienes ellos deseen (con o sin examen de aposición), de despedir a los docentes aun cuando presenten la evaluación punitiva. Por estas razones, son a los estados que cada sector magisterial debe exigir, la no aplicación de la Reforma Educativa.
Por último, pregunto al señor Secretario de Educación, Aurelio Nuño, ¿con qué calidad moral despedirás a tres mil trecientos sesenta profesores que no presentaron la evaluación del desempeño, cuando eres un cómplice al encubrir al estado de Tabasco en la violación al tercero constitucional y a la LGSPD?, ¿es la Reforma Educativa y sus leyes solo aplicables a los docentes de México y no a las autoridades de los tres niveles de gobierno?, ¿hasta cuándo dejaran sus incansables mentiras de que la Reforma Educativa es para mejorar la educación del país?
Los tres mil trecientos sesenta profesores tienen para demostrar que la LGSPD es parcial y dolosa. Documenten los casos donde la SEP no aplica con justicia e imparcialidad las leyes de la reforma.
Ni un paso atrás contra este gobierno represor. Alza la voz, exige tus derechos como docente y como ciudadano.
