Por: Pedro Cárdenas Casillas. 04/01/2022
“(…) el narcotráfico desafía al Estado y se convierte en una fuerte amenaza para la seguridad nacional”. Plan Nacional de Desarrollo, Felipe Calderón Hinojosa
“Promover una doctrina de inteligencia que unifique los procedimientos de inteligencia de las instancias de Seguridad Nacional”. Plan Nacional de Desarrollo, Enrique Peña Nieto
“(…) es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. Acuerdo Presidencial, Andrés Manuel López Obrador
Es claro que la seguridad nacional es un concepto que preocupa de sobremanera a nuestros gobernantes sean PAN, PRI o MORENA. Calderón, con la campaña “para que la droga no llegue a tus hijos” justificó un cambio paradigmático en el uso de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública. Peña Nieto continuó con dichos procesos, e incluso, como sabemos, justificó la compra de software de vigilancia, para “la generación de más y mejor inteligencia”. Hoy en día la actual administración de López Obrador utiliza el discurso para la consolidación de la Guardia Nacional y para proyectos de infraestructura.
¿Es muy común el uso del término “seguridad nacional” como un enclave discursivo para la justificación de prioridades de los gobernantes? Sí, de hecho entre los teóricos de relaciones internacionales y ciencias políticas se entabló desde la década de los ochentas la discusión del concepto securitización: “Por definición, algo es un problema de seguridad porque así lo definen las élites” Dicho de otra forma, la seguridad es un discurso, y es lo que nuestros gobernantes quieren que sea.
Pero, ¿por qué seguridad nacional? ¿Acaso la ampliación de la definición de este concepto ha sido efectivo para generar mayor seguridad a la ciudadanía? Las políticas alrededor de la seguridad a nivel nacional en los sexenios de Calderón y Peña Nieto llevaron a la desaparición de al menos 53,500 personas, entre ellas y ellos 19 periodistas, y una tasa anual de homicidios de entre 29 por cada 100 mil personas, en donde se debe incluir a 95 periodistas asesinados por su labor.
Con López Obrador, la seguridad de la ciudadanía no parece haber cambiado. A 3 años de gobierno la tasa de homicidios parece mantenerse, y ARTICLE 19 ha documentado al menos 25 asesinatos de periodistas con posible vínculo a su labor. Asimismo, a la mitad del sexenio, más de 21,500 personas están desaparecidas, entre ellas al menos un periodista.
Si no es la efectividad, ¿qué entonces motiva a nuestros gobernantes a utilizar este término tan continuamente? La seguridad nacional es una de las pocas excepciones que, hasta cierto punto, justifican acciones gubernamentales y ponen límites a los derechos humanos. Por dar algunos ejemplos están los Artículos 12 y 13 (movilidad humana), 14 (acceso a la justicia), 18 (libertad de pensamiento), y por supuesto el artículo 19 (libertad de expresión) en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El uso más reciente y claro de estas justificaciones para limitar derechos a nivel internacional fueron las restricciones a la movilidad que ocurrieron en casi todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19.
El problema es que el uso discursivo de la seguridad nacional es ya un abuso continuo de las autoridades mexicanas. En la administración de Calderón el índice de letalidad del Ejército se elevó marcadamente desde 2008 hasta 2011, pero por seguridad nacional se propusieron cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una garantía clara de impunidad, justificada en que, si el ejército mataba a alguien, es porque tenía que hacerlo. Hasta la fecha, miles de víctimas reclaman procesos de investigación contra las fuerzas armadas, sea cual sea su división.
Con Enrique Peña Nieto el ejército redujo considerablemente sus reportes de civiles víctimas de enfrentamientos, limitando severamente la rendición de cuentas en su mandato. Además, como lo alertaron varias organizaciones, entre ellas ARTICLE 19, el discurso de seguridad se usó para justificar la compra de varios softwares de vigilancia como Pegasus, los cuales se utilizaron para intervenir ilegalmente las comunicaciones de periodistas, activistas de derechos humanos, y de la oposición. Incluso en 2021, ARTICLE 19 sigue documentando nuevos casos de presuntas intervenciones de las comunicaciones telefónicas o digitales contra periodistas.
El discurso de seguridad nacional tomó un nuevo giro con el Acuerdo Presidencial publicado el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Este acuerdo pide a las dependencias de la Administración Pública Federal otorgar una “autorización provisional” expedita, para dar trámite a megaproyectos de desarrollo económico como el Tren Maya, o el Aeropuerto de Santa Lucía. Ante esto, al catalogarse como seguridad nacional, se abre la posibilidad de que se reserve información, afectando el derecho de acceso a la información tanto de periodistas investigando las obras como de la ciudadanía en general. Asimismo, al dar paso expedito a las aprobaciones se da pie a evadir temporalmente algunas etapas de los procedimientos, como las consultas a las comunidades afectadas, quienes podrían ver su derecho a la tierra y al territorio, o de la vivienda incluso, afectadas sin tener una efectiva participación en los desarrollos de estos proyectos.
Los impactos de este acuerdo aún no pueden ser medidas o analizadas propiamente, pero es claro que no basta con buenas intenciones. La protección de nuestros hijos (como propuso Calderón), la infraestructura y capacidades del estado para enfrentar la violencia (Peña Nieto), y la generación de nuevos modelos económicos para luchar contra la desigualdad (AMLO), todas eran y son objetivos loables.
La clave de un cambio para salvaguardar las vidas de la ciudadanía está en la protección de nuestros derechos humanos, no en su limitación. Si se dejara el concepto de seguridad nacional a su estricta definición de la protección de fronteras y del Estado, permitiría el uso de otras políticas públicas. Pensemos en gestionar las drogas como una problemática de salud y no sólo de seguridad, fortalecer al estado frente a la delincuencia organizada, pero a través de transparencia, y por supuesto, tener modelos alternativos de desarrollo a través de la inclusión.
En resumen, es posible que tuviéramos mejores resultados de seguridad a través del derecho de acceso a la información, que nos permita ver con transparencia los contratos y acuerdos de las autoridades con el sector privado; por medio de la justicia, luchando contra una impunidad desastrosa e imperante en este país, y por supuesto, a través de la libertad de expresión, donde el debate libre y plural permitiría un mejor flujo de las ideas para protegernos colectivamente y cimentar los procesos participativos de la democracia Mexicana.
* Pedro Cárdenas Casillas es coordinador de Documentación y Seguimiento de Casos en el programa de Protección y Defensa de ARTICLE 19, México y Centroamérica.
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Fotografía: Animal político
