Por: Sarah Posner. 10/07/2022
Nota: Este artículo, que avanza algunas de sus consecuencias, se publicó pocas semanas antes de la derogación del derecho federal al aborto por parte del Tribunal Supremo norteamericano. SP
El borrador que se ha filtrado de una aparente opinión mayoritaria del juez Samuel Alito en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, el cual anularía la sentencia de Roe contra Wade, se regodea en avergonzar y castigar a las mujeres que abortan y a los médicos que lo hacen. Es la coronación de un movimiento nacionalista cristiano que ha llegado a dominar la política estadounidense, consolidando su poder en la era Trump. Centrado en lo que afirma son imperativos bíblicos sobre la pureza sexual, este movimiento representa una opinión minoritaria en el conjunto del país, pero mayoritaria en el Tribunal Supremo y en las legislaturas de los estados republicanos.
La decisión del Tribunal Supremo, si se lleva término, supondrá el respaldo más poderoso a la tendencia del movimiento a imponer medidas cada vez más punitivas contra los derechos reproductivos. Sólo en el último año se han producido una serie de intentos (y algunos éxitos) por parte de los líderes y legisladores republicanos de criminalizar el aborto, y de convertir a los ciudadanos de a pie en cazarrecompensas para que denuncien a sus vecinos, a sus novias e incluso a completos desconocidos si practican un aborto o ayudan a otra persona a llevarlo a cabo.
Pero estas tácticas no se limitan a los derechos reproductivos: los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales también se encuentran amenazados por ataques legislativos igualmente regresivos. Empezando por el estado de Arkansas en 2021, los republicanos han tratado de criminalizar la atención sanitaria de los menores trans, lo que ha dado lugar a leyes de imitación en otros estados y a una campaña estatal en Texas para que la agencia de servicios de protección de la infancia investigue a los padres de los niños trans que reciben tratamientos médicos de afirmación de género. La opinión de Alito en el caso Dobbs no sólo cumple con la ambición desde hace décadas de la derecha cristiana de anular Roe, sino que les da explícitamente licencia para promulgar el régimen más duro que puedan imaginar para defender lo que afirman son los valores bíblicos de una nación cristiana. Crea un mundo post-Roe en el que las asambleas legislativas de los estados se sienten más facultadas para intensificar sus ataques no sólo a los derechos reproductivos sino también a los derechos LGBTQ.
El borrador desvela a un juez empeñado en minar los registros históricos para apoyar su afirmación de que la tradición legal angloamericana ha perseguido y castigado el aborto durante siglos hasta que un tribunal sin ley, en 1973, lo puso todo patas arriba. Como señaló la historiadora Cassandra Berman en Twitter, es una “burda caracterización errónea” afirmar, como hizo Alito, que en los Estados Unidos ha “persistido una tradición ininterrumpida de prohibición del aborto so pena de castigo penal desde los primeros días del derecho consuetudinario hasta 1973”, cuando se decidió sobre Roe. De hecho, a lo largo del siglo XVIII y hasta el siglo XIX, el derecho consuetudinario estadounidense permitía el aborto antes de la “aceleración”, el momento en el que se podían percibir los movimientos del feto. Alito parece deleitarse con los detalles feroces de cómo un régimen jurídico dirigido por hombres podía humillar a las mujeres; para ser un jurista que afirma que los casos deben decidirse basándose en el texto constitucional, como argumenta en su propia opinión sobre el caso Dobbs, le dedica mucho tiempo al derecho consuetudinario inglés, citando incluso un tratado jurídico que data del siglo XIII.
Cita una publicación de 1732, el Gentleman’s Magazine, la cual, según afirma, informó del caso de Eleanor Beare, condenada por “destruir el feto en el vientre materno”, y sentenciada a dos días en la picota y tres años de prisión. Eso significa que Beare, si esta historia contada en una revista “para caballeros” es exacta, pasó dos días sujeta por la cabeza y las manos para poder exponerse al escarnio público y al ridículo. La cita del caso por parte de Alito recuerda el momento, en 2009, en que la activista antiabortista Lila Rose sugirió en la Cumbre de Votantes con Valores que los abortos tuvieran lugar “en la plaza pública” para que la gente se rebelara contra ellos con desagrado. Alito dedica mucho tiempo a detallar cómo estos comentaristas jurídicos masculinos creían que el aborto era “un asesinato”, un “gran crimen” y “un delito muy atroz”. El juez del caso Beare, se tomó el tiempo de señalar, declare que “nunca se había encontrado con un caso tan bárbaro y antinatural”.
El asco constituye asimismo la principal herramienta que la derecha cristiana está desplegando en su campaña contra los derechos LGBTQ. Tal como he informado en Type Investigations, los líderes del movimiento han sido inequívocos en cuanto a que su estrategia para erosionar y eventualmente anular Obergefell contra Hodges, el caso histórico de 2015 que anula las prohibiciones de la igualdad matrimonial, será un reflejo de la que desplegaron contra Roe. En otras palabras, hasta que llegue el momento en que el Tribunal Supremo esté dispuesto a anularlo, trabajarán en y con las asambleas legislativas de los estados para socavar ese derecho, alegando, por ejemplo, que la libertad religiosa exige que estén exentos de las leyes que protegen a las personas LGBTQ de la discriminación, o intentando restringir los derechos de las parejas del mismo sexo a adoptar niños u otros derechos contiguos a sus derechos matrimoniales constitucionalmente protegidos.
Una de sus primeras campañas en el mundo post-Obergefell fue tratar de prohibir a las personas trans el acceso a los baños y vestuarios adecuados a su género. También esto se basó en el asco. Más recientemente, los activistas y sus aliados en las asambleas de los estados republicanos han subido la apuesta: no sólo hay que avergonzar y desterrar a las personas trans, sino que su propia atención médica debe considerarse abuso infantil y criminalizarse.
Los legisladores republicanos han conseguido en esto resultados porque los activistas antiabortistas y anti-LGBTQ tienen una influencia considerable en las cámaras de los estados republicanos. Por eso es tan peligrosa la extraña afirmación de Alito de que los que se oponen a Roe “ya no pueden tratar de persuadir a sus representantes elegidos para que adopten políticas coherentes con sus puntos de vista”. No sólo es errónea desde el punto de vista fáctico – la razón por la que el caso Dobbs estaba ante el tribunal era porque los activistas antiabortistas habían pasado décadas tratando de encontrar un caso para anular Roe aprobando leyes cada vez más draconianas en las asambleas legislativas de los estados- sino que perpetúa la sensación de victimismo de la derecha cristiana en una cultura secular.
No sería esta la primera vez que Alito insiste en ese tropo. En su disentimiento en el caso Obergefell, escribió Alito: “Asumo que aquellos que se aferran a las viejas creencias podrán susurrar sus pensamientos en los recovecos de sus hogares, pero si repiten esos puntos de vista en público, se arriesgarán a ser etiquetados como fanáticos y tratados como tales por gobiernos, patronos y escuelas.”
En el borrador de su dictamen sobre Dobbs, Alito protesta que el aborto es “único” y que por lo tanto su opinión no pone en peligro otros derechos, incluyendo los derechos LGBTQ. Alito cita los casos de Obergefell y Lawrence contra Tejas, el caso de 2003 que revocó las leyes que criminalizaban la sodomía, como prueba de que el tribunal puede y revocará los precedentes defectuosos, como justificación de por qué cree que debe revocarse Roe. Pero en otras partes de su dictamen señala que, al igual que con Roe, los derechos garantizados en Lawrence y Obergefell no tienen “ninguna pretensión de estar profundamente arraigados en la historia”. Según la lógica de su opinión -y las conocidas ambiciones de la derecha religiosa- esos derechos están en grave peligro, al igual que los derechos reproductivos.
Las consecuencias no son difíciles de imaginar. Una anulación de Lawrence podría envalentonar a los legisladores anti-LGBTQ para revitalizar las leyes contra la sodomía. Millones de estadounidenses podrían verse expuestos a responsabilidad penal por su conducta sexual privada.
En la conclusión de su dictamen, Alito deja libres a sus soldados de a pie, virtuosos pero supuestamente reprimidos. “La Constitución”, escribe, “no prohíbe a los ciudadanos de cada estado regular o prohibir el aborto”. Al anular Roe, escribe, el tribunal “devolverá esa autoridad al pueblo y a sus representantes elegidos.” Se equivoca al decir que antes se sentían desprovistos de poder, pero tiene ominosamente razón en que ahora van a sentirse aún más empoderados.
periodista de Type Investigation, experta en la derecha cristiana norteamericana (sobre la que ha escrito dos libros: “God´s Profits” y “Unholy”) y en las relaciones entre religion y política, ha colaborado con medios como The American Prospect, The Nation, The Guardian, The Atlantic, The Daily Beast, The Washinton Post o Salon,
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Sin permiso
