Por: Demián Revart. Ruptura Colectiva. 13/10/2017
Por la tarde de este jueves 5 de octubre, entré en shock por un dualismo de situaciones tan parecidas a pesar de encontrarse distancialmente lejanas.
I
Al mediodía, pobladores, comuneros y mujeres organizadas de la comunidad p’ur’hépecha de Arantepakua arribaron a las oficinal alternas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán para entregar las más de 300 denuncias formales que han elaborado por saña propia, en las que responsabilizan –como pan de cada día en los conflictos sociales de nuestro país- al Estado mexicano por el asesinato de 3 comuneros, un estudiante de 16 años, decenas de personas heridas, viviendas allanadas y daños materiales a manos de un operativo policial el pasado 5 de abril. Ha transcurrido medio año y aún no se da de alta NINGUNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN –ni mucho menos, se ha resuelto el problema agrario con la localidad vecina de Capacuaro que desembocó en un proceso de autonomía que sigue vigente en Arantepakua-.
“Venimos a dejar la denuncia formal que nosotros queremos que proceda, estamos exigiendo que se haga justicia en todos los sentidos de la palabra; aquí están las familias afectadas, estamos autoridades civiles y comunales. Estamos pidiendo que se esclarezcan los hechos y que se abran las carpetas de investigación”, comentó una de las autoridades comunales ante los medios de comunicación.
Con esto, ¿quién puede afirmar que entre un pueblo indígena y un ciudadano no-indígena existe la misma dosificación de justicia?
“La muerte es sagrada para nosotros y esto no lo respetan”, nos han comentado los comuneros hasta el cansancio, por lo que además de las negligencias en la aplicación de justicia –que probablemente nunca llegue como en el caso de múltiples masacres en el sur de México-, aquí las autoridades estatales están valiéndose de la violencia epistémica a manera de absurdo, ya que a pesar de las evidencias fotográficas y videográficas que demuestran la innegable participación de las fuerzas policiales en los cuatro asesinatos y el uso de sus armas, la PGJE busca a expensas de sus procedimientos de exhumación de los cuerpos, faltarle el respeto al pensamiento ancestral p’ur’hépecha: “todo ser humano merece dignidad al morir y alistarse en la tierra”.
Con la paz en sus playeras blancas y la acción comunitaria en los hilos de su tejer mientras esperan sentados una respuesta, el pueblo no se agota todavía…
II
Por la tarde, las páginas de contrainformación de varios países de Latinoamérica comenzaron a subir imágenes de algo que no podía creer.
Los rostros derivados en lágrimas y los cuerpos cargados con lonas improvisadas colgadas en troncos de madera, no hicieron más que situarme en el recuerdo del fatídico 5 de abril.
Unos 700 efectivos de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios –ESMAD- y Ejército Nacional de Colombia, atacaron violentamente con armas de fuego a las comunidades en la zona de Alto Mira y Frontera del Corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco en Nariño. El saldo –hasta el momento de escribir este texto- es de 9 campesinos asesinados y 18 más heridos de gravedad.
Los hechos se dieron después de una protesta pacífica de las comunidades campesinas por el cumplimiento del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que como su nombre lo expresa, es un plan gubernamental en el que se promete el apoyo estructural, integral y territorial en las zonas de cultivos ‘ilícitos’. ¿Cómo podemos traducir el uso de balas y gases lacrimógenos en la acepción de “apoyo gubernamental”?
Según el Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz de la Habana, se establece que toda implementación agraria debe contar con la consulta pública y comunitaria, lo que en el caso de Tumaco, se aprobó entre varias familias cocaleras. No obstante, grupos móviles de erradicación forzada fueron escoltados por la policía y el ejército hasta la vereda de Puerto Rico, lo que dio paso al descontento de los pobladores y su posterior masacre.
El Centro de Educación Popular: Enraizando, explica que tanto en las zonas donde se llega o no a los acuerdos del PNIS con el Gobierno Nacional, se han presentado fumigaciones forzadas, la persecución judicial de líderes comunitarios e incluso la apropiación estatal de los territorios con la ayuda de sus fuerzas paramilitares y militares.
Si hablamos de los problemas que acarrea el PNIS a manera de lista [1]:
– Sin consulta y diálogo real con las comunidades
– Sin recursos suficientes
– Sin redistribución de la tierra
– Sin transformación de la política agraria neoliberal
– Sin inversión en las vías veredales
– Sin subsidios a la producción y comercialización agrícola
– Amenazando con el despojo de tierras
Como era de esperarse, las fuentes oficiales y el Ministerio de Defensa ofrecieron la versión de que «al parecer alias ‘Guacho’ y su grupo de GAO residual de la Daniel Aldana de las FARC, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades» [2]
Esto ya lo vimos repetidamente en la Minga Nacional, Agraria, Campesina, Étnica y Popular de 2013, en los consecuentes actos de Liberación de Uma Kiwe en el Norte del Cauca, así como en incidentes personificados como el del doctor de sociología Miguel Ángel Beltrán y el estudiante Mateo Gutiérrez de la misma carrera, ambos acusados de contraer vínculos directos con grupos guerrilleros. ¿Qué acaso el gobierno colombiano siempre usa la misma “vieja confiable”?
Tanto en Colombia como en México, tenemos una clara disyuntiva moral en forma de política de Estado sobre la problemática de los cultivos ilícitos y la distribución del territorio agrario, pero la cuestión es… ¿quién ha orillado a los pueblos a la marginación y el olvido?
Tanto en Arantepakua como en Tumaco… ¡FUE EL ESTADO CAPITALISTA!
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Fotografía: Ruptura Colectiva
