Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza. 28/03/2018
¿Qué pasaría con la reforma educativa si AMLO gana las elecciones presidenciales? Es una pregunta que cada vez más ocupa a Mexicanos Primero, la Coalición Ciudadana por la Educación, el INEE, la OCDE, TELEVISA, el CCE, COPARMEX, el PAN, el PRI, Otto Granados, el sargento Nuño, algunos de esos opinólogos de todos los temas habidos y por haber, y varias agencias de publicidad disfrazadas de revistas literarias.
Es una preocupación inevitable. Después de todo, la reforma se ha impuesto a sangre y fuego durante los últimos cinco años. Se han invertido miles de millones de pesos, se ha comprometido el presupuesto educativo por décadas, se han creado instituciones, dilapidado capital político y realizado todas las triquiñuelas jurídicas y administrativas posibles para llevarla a cabo. Además, las encuestas parecen darle a AMLO una ventaja difícilmente alcanzable, que se observa también en ese inocultable ensanchamiento de sus filas que antes se denominaba la cargada. Más aún, los centros de inteligencia de EUA, Rusia y las fuerzas armadas mexicanas empiezan a reconocer y admitir la probabilidad nada lejana de la alternancia. Cuando menos desde los hechos, la hipótesis del triunfo de AMLO no es para nada descartable.
Muy bien. ¿Y la reforma educativa? De aquí a las elecciones y al programa de gobierno falta mucho tiempo; pero ya se está configurando la ruta de la reforma a la reforma educativa. En otro texto la hemos llamado la ruta conservadora. ¿Cuáles son sus elementos? Uno primordial: la revisión de la mal llamada evaluación punitiva. Para eso, de acuerdo al compromiso adquirido con las Redes Sociales Progresistas, tendría que revisarse la Ley General del Servicio profesional Docente (LGSPD) (Los acuerdos de Zacatecas). Sin embargo, esos son solo los procedimientos legislativos, faltan los contenidos. ¿Qué significa eliminar la evaluación punitiva?
Para responderlo tendremos que recordar los elementos del dispositivo evaluador de la reforma.
- Son 4 los tipos de evaluación: de ingreso, de reconocimiento, de promoción y de permanencia.
- La evaluación de permanencia es obligatoria, al menos cada 4 años, sus resultados son prácticamente inapelables y tiene repercusiones sobre el empleo.
- Todos son elementos que se encuentran en la Constitución y no sólo en la LGSPD.
- La reforma cambió el concepto de desempeño por el de idoneidad; así, la evaluación se hace sobre la idoneidad de los docentes no sobre su desempeño; de ahí esa peculiar forma evaluadora que casi no revisa lo que se hace, para modificarlo, sino quién lo hace, para establecer su idoneidad, que puede ser tan cambiante como así lo considere la SEP a través de sus perfiles, parámetros e indicadores
- Las evaluaciones de ingreso, de reconocimiento y de promoción casi no han estado en la mira crítica de quienes resisten a la reforma educativa.
- Las resistencias a la reforma se han focalizado en los efectos laborales de la evaluación de permanencia, por eso la han llamado una reforma laboral, no educativa.
- Se ha conformado, entonces, un conjunto de fuerzas heterogéneas que se han alineado y/o aliado con AMLO para reformar, cancelar o revisar la reforma educativa, basados primordialmente en la revisión de la evaluación punitiva, es decir, la evaluación de permanencia.
- Las conexiones del dispositivo evaluador con los otros programas de la reforma, como las Escuelas al CIEN, la autonomía de gestión, el SIGED, las Escuelas al Centro, el Nuevo Modelo Educativo, han pasado casi desapercibidas en los análisis críticos y las propuestas de política.
¿Cómo sería, en la ruta conservadora, la eliminación de la mal llamada evaluación punitiva? Lo primero, como ya lo han dicho hasta algunos de los asesores de la CNTE, es admitir que no hay tanto problema con la evaluación de promoción y la de reconocimiento, esas quedan tal cuales; del mismo modo, la de ingreso es cada vez mas aceptada, así que tampoco se tocaría en lo esencial; la que queda es la de permanencia, las baterías tendrían que enfocarse en ella, que es la causante del descontento magisterial.
Eso tiene varias dificultades. La primera es la jurídica; como los tipos y criterios de la evaluación se encuentran en la Constitución, entonces la nueva LGSPD no podría alterar ni el nombre, ni la duración, ni la obligatoriedad, esos son candados, que de no considerarse podrían causar problemas de constitucionalidad en las nuevas leyes. Por tanto, lo que queda es revisar los procedimientos; es decir, las cuestiones de contenido, de técnica y de gestión de la evaluación de permanencia.
La segunda es política. El INEE es un instituto autónomo, definido constitucionalmente, con un área gris en sus atribuciones, responsabilidades y jurisdicción. Los enfrentamientos en este sexenio con la SEP son ejemplares; los que podrían venir con un gobierno de signo adverso serán de pronóstico reservado. Mexicanos Primero y todas las fuerzas empresariales, comunicativas y académicas de la reforma no permitirán retroceso alguno, excepto en cuestiones administrativas y de implementación.
La tercera es técnica. Aquí se centrarán todos los análisis y cambios jurídicos y administrativos. En un texto como este, no podremos ocuparnos de todas las minucias que esto requiere, nos detendremos solo en cuatro:
a). El propósito: se cambiará la evaluación de permanencia por la de desempeño; para revisar lo realizado, detectar fallas que sirvan para la retroalimentación, atender recomendaciones, proporcionar atención, cursos, talleres, posgrados y actualizaciones: lo que ya conocíamos en las estrategias de profesionalización del magisterio.
b). Los procedimientos: se revisarán los mecanismos de notificación, las evaluaciones serán regulares y permanentes, a todo el magisterio.
c). Las técnicas: se suspenderán los exámenes estandarizados por formas cada vez más localizadas de la autoevaluación, personal, por pares, por alumnos , padres de familia y directivos.
d). La gestión: los resultados serán más transparentes, por estar vinculados a la planeación escolar, la formación de docentes y la actualización del magisterio.
Hay, indudablemente, más focos de atención en la LGSPD; sin embargo, esos cuatro puntos sirven para mostrar nuestro argumento, que se puede sintetizar del siguiente modo: la ruta conservadora de la reforma consiste en focalizar los cambios en la evaluación de permanencia; dejar incuestionado el dispositivo evaluador en la Constitución; volverla una evaluación efectiva de desempeño, con propósitos de retroalimentación y planeación educativa; con distintas formas de autoevaluación y evaluación localizada; con modalidades de transparencia y legitimación, atendiendo los casos particulares como excepciones y o reglas en la gestión del desempeño de los docentes.
Esos son los elementos más importantes de lo que en estos años se ha llamado la evaluación punitiva; quitarlos, en la ley reglamentaria, acabaría con la fuente mayor de la insatisfacción docente; ese ha sido el trabajo soterrado de la crítica oficial a la reforma, que ahora rinde frutos en los compromisos de AMLO con los charros del antiguo régimen.
Esa, se ha dicho, sería la primera responsabilidad del gobierno de AMLO; así cumpliría lo firmado, atendería a los maestros; no cambiaría la Constitución; y, last but not least, atajaría los ataques de MP, las demandas del PRI, PAN Y PRD, y de todas las organizaciones que se agrupan en las redes de la Coalición Ciudadana. Sería problemático, pero muy posible.
Nosotros hemos insistido, a contracorriente, que la reforma de 2012-2013 no era laboral, sino educativa; que los efectos de las evaluaciones no sólo eran laborales, sino que se enlazaban con otros programas para producir modificaciones importantes en el sistema educativo nacional y, sobre todo, en los procesos de subjetivación. Que la evaluación de permanencia era una más de las técnicas de subjetivación neoliberal, al responsabilizar al docente de su idoneidad, al amoldar sus expectativas, sus prácticas, sus saberes, sus valores, con lo que dispongan los perfiles, parámetros e indicadores de la evaluación, al despojarlo de su plaza para toda la vida, de desligarlo de las redes sindicales que lo protegían y garantizaban empleo, movilidad social y profesional; en fin, que el dispositivo evaluador es una tecnología de subjetivación neoliberal, y no un procedimiento laboral mal hecho, como insistieron tanto los críticos oficiales de la reforma.
Los críticos no leyeron bien la reforma porque ignoraron una cuestión clave: la problematización de la que surgen todas las estrategias, líneas de acción, programas y técnicas; creyeron que estaba mal hecha porque primero hicieron la reforma laboral y al final la curricular (que confunden con la educativa), pero en realidad desdeñaron lo que enfáticamente se encuentra en las iniciativas de reforma, en los análisis de la Coalición, de MP y de los organismos financieros internacionales: la calidad educativa está ligada a los mecanismos corporativos de gestión institucional. Eso es lo que la reforma corta, eso es lo que se propone acabar para formar nuevas instituciones, nuevas modalidades de control político, sindical y profesional, nuevas modalidades de gestión educativa y una reformulación completa del sistema educativo nacional.
Esa será la mayor resistencia a cualquier modificación de la reforma. Los recientes zipizapes en relación al sindicato, la alianza de los gordillistas con AMLO, la incomunicación de la maestra, los reconocimientos de MP a AMLO sobre sus rectificaciones en la cancelación de la reforma y demás, son parte de los conflictos soterrados que se viven actualmente, cuando la hipótesis del triunfo de AMLO no es para nada despreciable ya.
¿Nosotros qué opinamos? Así como la reforma evidenció que la política en educación es un juego estratégico, los cambios a la reforma no son menos. En el caso de un eventual gobierno de AMLO, las modificaciones que se perfilan alterarían sustancialmente los efectos institucionales y subjetivos de la evaluación de permanencia – o de desempeño más propiamente ahora-, pero mantendrían otros procesos y tendrían que buscarse en otras direcciones, como los de la subjetivación de los procesos mercantiles, con cursos a la carta, talleres, diplomados y demás que ya están ofreciendo las empresas de Slim, las empresas educativas del grupo Monterrey, entre tantos otros participantes del mercado educativo nacional (Actualización y capacitación docente).
Tendríamos entonces, en el caso de triunfar AMLO, una reforma de la reforma que puede modificar la evaluación punitiva, para mantener los procesos objetivos y subjetivos de la mercantilización educativa y las transferencias de fondos públicos a empresas privadas. Por supuesto, debidos no sólo a la dinámica empresarial de la reforma, sino a la franca colaboración de críticos y dirigentes que denunciaron la reforma como únicamente laboral.
No quisieron ver los ensamblajes, creyeron que quitando lo punitivo se modificaban las estrategias de subjetivación neoliberal. ¡No es así!. Recambio de mecanismos, si acaso, de los procedimientos salvajes de la evaluación a la Mexicanos Primero, a la subjetivación mediada, subsumida en los cursos, los talleres, las actualizaciones del magisterio en el ITESM.
¿Pasaríamos entonces de una reforma educativa neoliberal a la Nuño, es decir, a sangre y fuego; a otra reforma neoliberal a la Slim, es decir, con proyectos eficaces, eficientes y dulcificados de profesionalización, con un corporatismo acotado?
¿El triunfo de AMLO serviría para modificar los procesos de implementación de la reforma, sin renunciar a sus objetivos estratégicos; es decir, a los objetivos de recomposición neoliberal de los sujetos educativos y de reconformación institucional de los mercados educativos?
No sería la primera vez que una alternancia de centro, con lenguaje de izquierda, sirva para quitar los obstáculos de las resistencias, otorgando unas pocas cosas, mientras se profundiza en otras. ¿No es cierto?
Fotografía: pedroecheverria
