Por: Carmen Grande. Rebelión. 28/03/2018
En un mundo donde lo único que importa es el dinero, nuestras vidas —las de las trabajadoras— son supeditadas al beneficio económico.
En 2017, según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo, 618 personas murieron en accidente laboral y 4.510 sufrieron un accidente laboral grave que les dejará alguna secuela permanente. De mantenerse la tasa de incidencia actual, en una vida laboral de 37 años —la que se nos exige para disfrutar del total de nuestra pensión—, de cada 107 trabajadoras una sufrirá secuelas permanentes por un accidente laboral y de cada mil, una morirá.
Los datos de enero de 2018 nos presentan un panorama aún más lúgubre: 52 personas murieron en accidente laboral, lo que supone un muy preocupante aumento del 23,8 % respecto a los datos de enero de 2017. Los accidentes graves también se han incrementado un 12.5 % en este periodo.
Por si estos datos no fueran suficientemente alarmantes, hay que tener en cuenta que estas son las cifras “oficiales”, que reflejan solo aquellos accidentes que la ley reconoce como laborales. No están incluidas en esta lista personas que, trabajando sin contrato, temen denunciar a su empleador tras sufrir el accidente —caso frecuente en el servicio doméstico— ni quienes, estando jubiladas, se ven forzadas a trabajar si quieren comer todos los días —no es difícil encontrar noticias en periódicos locales sobre muertes provocadas por maquinaria agrícola donde la víctima tiene más de 70 años—.
Tampoco recogen los sufridos por el 80% de los 3 millones de autónomos, cuyos ingresos no les permiten cotizar las cuotas por accidente de trabajo, muchos de ellos trabajando en los tres sectores de mayor siniestralidad laboral: el agrícola, la construcción y el transporte. Y, por supuesto, mucho menos se recogen los datos de muertes como la sufrida recientemente en Lavapiés por Mame Mbaye, fallecido a consecuencia de algo que forma parte del día a día del trabajo de un mantero: huir de la policía para preservar su medio de subsistencia.
Es también alarmante que se pretenda subir la edad de jubilación a los 70 años, cuando el riesgo de morir en accidente laboral mortal aumenta conforme aumenta nuestra edad —una persona que tiene más de 60 años corre un riesgo un 400% más alto de morir trabajando que una de 50 años—. Otro motivo que nos parece de peso para rechazar la ampliación de la edad de jubilación.
Es importante también reseñar que tampoco están incluidas las enfermedades profesionales. Si en el caso de la siniestralidad laboral hemos visto que la estadística oficial está lejos de la realidad, en el caso de las enfermedades laborales el subregistro de los datos oficiales es escandaloso. Los datos del observatorio de enfermedades profesionales recogen 20.600 nuevos partes, de los cuales 717 ocasionaron lesiones permanentes. En el resumen no se indica la existencia de muertes, pero dentro
del informe encontramos que han sido reconocidos cinco fallecimientos en 2016 —consecuencia de enfermedades profesionales iniciadas a partir del 1 de enero de 2007— y que han muerto 337 pensionistas de incapacidad permanente derivada de la enfermedad profesional, sin que se especifique si la muerte ha sido causada o no por la enfermedad profesional que padecían.
Los datos que maneja la OIT sobre muertes ocasionadas por el trabajo son de 2 millones de muertes anuales en el mundo, de las cuales 360.000 serían por accidente laboral y el resto por enfermedad profesional, lo que supone que, por cada persona que muere en accidente de trabajo, mueren cinco por enfermedad laboral —en nuestro país se reconocieron 0,008 muertes por enfermedad laboral respecto a las reconocidas por accidente—. Creemos que la comparativa no requiere de más explicaciones.
De nuevo tenemos que hacer hincapié en el silenciamiento de las muertes ocasionadas por el trabajo. La OIT informa de 2 millones de muertes anuales relacionadas con el trabajo, y para saberlo hay que realizar una intensa revisión de noticias. Aún más doloroso, el mismo informe estima en 12.000 las niñas que mueren cada año por accidente laboral. ¿Alguien ha oído hablar de ellas? ¿cuánta gente sabe que el 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y también el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos?
Indigna también que, en los artículos sobre muertes relacionadas con el trabajo de los organismos supranacionales, los datos vayan siempre acompañados de su coste económico. Desgraciadamente, en un mundo donde lo único que importa es el dinero, nuestras vidas —las de las trabajadoras— son supeditadas al beneficio económico, lo que implica que las políticas de prevención no vayan encaminadas a alcanzar una siniestralidad 0, sino una siniestralidad asumible.
Muestra de esto es la clara vinculación entre precariedad y muertes por accidente laboral en nuestro país. Las estadísticas muestran que, desde 2013 —año en que se aprobó la última y drástica reforma laboral—, las muertes en el trabajo suben de año en año. El incremento de accidentes laborales desde 2013 es de un 12,72%, mientras que las horas trabajadas solo han aumentado unas décimas por encima del 6%. La subcontratación es también causa directa de siniestralidad.
Si nuestro Estado pretendiera reducir a cero las muertes causadas en el trabajo, lo primero que tendría que hacer es terminar con la precariedad laboral y con la subcontratación. De nada sirven políticas y normativas de prevención si quienes trabajamos nos vemos obligadas a elegir entre nuestra seguridad y la miseria a causa de un mercado laboral cada vez mas asfixiante.
Es importante mencionar la altísima incidencia de enfermedades provocadas por causas psico-sociales. Son varias las enfermedades mentales vinculadas con el trabajo. La ansiedad y el estrés son las más frecuentes, quizás esto explique que la primera causa de muerte por accidente laboral, por delante de los accidentes de tráfico —aun incluyendo los ocurridos in itinere— son infartos y derrames cerebrales. Pese a ello, las enfermedades psíquicas no están incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales del Estado español. Otro claro indicador de que la precariedad, la inseguridad laboral y el exceso de carga de trabajo son causas directas de las muertes en el trabajo.
¿Veremos alguna vez que los grandes medios se ocupen de tratar este asunto? ¿Se ocupará algún gobierno de proteger nuestras vidas eliminando la inseguridad laboral? Como no creemos que esto vaya a ocurrir, a las trabajadoras no nos queda más remedio que tomar conciencia de que, cada mañana, cuando nos levantamos para ir a trabajar, nos estamos jugando la vida y tener presentes los riesgos que corremos para poder evitarlos.
Carmen Grande, afiliada el Sindicato de Oficios Varios de CNT-Madrid.
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Fotografía: Rebelión
