Por: Santiago Navarro F. 03/02/2023
Un viento suave, y otras veces fuerte, revolotea la tierra creando polvaredas que danzan entre los cuerpos de quienes van llegando de distintas geografías de México y unx que otrx extranjerx. Cruzan miradas con cierta complicidad, no es para menos, los tiempos presentes son de tragedia. No hay ningún proceso organizativo que no haya sufrido la represión del Estado; desaparecidxs, presxs, desalojadxs, hostigadxs y, lo peor, asesinadxs. Pero en esta ocasión, la congregación se da en torno a un común que representa la vida, del cual también se comparte el destino: el agua.
Provenientes de al menos 18 entidades de la republica mexicana y asistentes de seis países, más de medio millar de personas fueron llegando al territorio rebelde del Pueblo Otomí, establecido desde tiempos ancestrales en la comunidad de Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco, Querétaro. La gran mayoría pisaba por primera vez estas tierras y asistían animosamente a la 2ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
Durante dos días, compartieron sus sentires, sus estrategias y los retos que tienen que enfrentar para impulsar acciones coordinadas en conjunto “ante el despojo del agua y la crisis hídrica que provocan empresas nacionales y multinacionales”, han declarado.
Las mujeres Otomí, quienes portan sus vestimentas tradicionales, con colores contrastantes que hacen más imponente la mirada y la certeza de su palabra, lo saben: el haber elegido su comunidad para realizar este evento no fue casualidad. “En el estado de Querétaro han iniciado con las leyes de privatización del agua. Pero este vital liquido se encuentra principalmente en nuestros territorios, en los pueblos originarios”, señala la indígena Otomí, Sara Hernández.
Las leyes a las que se refiere Sara fueron promovidas desde el año 2021, entraron en vigor en julio del 2022 y benefician principalmente al capital privado, ya que, junto a esta ley, “se emitió una gran cantidad de concesiones de agua al sector privado” agrega.
Entre otros beneficios, a la letra, la nueva ley les permite a los concesionarios del agua: “la facultad para prestar en forma temporal, total o parcialmente (…) los servicios públicos de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales”.
Además de permitir el lucro con el oro azul, a los privados se le dejan abiertas las puertas para participar en el establecimiento de políticas, lineamientos y especificaciones técnicas para la construcción, ampliación, rehabilitación, administración, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas de suministro de agua potable y demás servicios. Incluso, esta ley premiará a este sector con un reconocimiento por incentivar lo que han llamado como “participación ciudadana en la cultura del agua”.
La indígena Sara rememora que una de las principales actividades que puso en alerta a toda la comunidad fue en ese mismo año 2021, cuando se comenzaba a cocinar la nueva ley en el parlamento de Querétaro. “En este año empezamos a evidenciar que estaban saqueando el agua en la comunidad a través de tuberías y pipas (tanques cisterna)”, puntualiza la indígena Otomí.
Lo más aberrante, relata Sara, es que la comunidad estaba pagando el servicio de agua a la Comisión Estatal del Agua (CEA), pero no les estaba llegando el agua para su uso cotidiano. El extremo fue que, el único pozo que abastece a toda la comunidad, el agua estaba llegando a su límite y se estaba comenzado a secar. “Entonces la comunidad se organizó y retuvo una de las pipas y decidió tomar el control del pozo”, arremete Sara.
La lucha legal por el agua
En el lugar donde se encuentra el pozo de agua potable del pueblo Otomí, yace el esqueleto de un vehículo oficial de la CEA, un camión cisterna y una frase que reza en su estomago de 30 mil litros de capacidad: “No es sequía, es saqueo”, haciendo alusión a la crisis hídrica que experimentan diversas entidades del territorio mexicano.
El pozo de agua potable del pueblo Otomí forma parte del Valle de Amealco, uno de siete acuíferos de los cuales se sostienen los monstruosos complejos industriales establecidos en esta entidad y zonas urbanas. A la vez, estos resquicios de agua forman parte de 653 acuíferos que permiten la disponibilidad media anual de agua subterránea para México, según los estudios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“El agua sigue siendo manejada de la misma forma que se viene haciendo con los gobiernos anteriores, como se viene haciendo desde que se reformó el articulo 27 (de la constitución política de México). Desde que se promulgo una ley de aguas nacionales, por medio de la simulación del régimen de concesiones, se ha permitido la privatización y el despojo”, señala el abogado Carlos González, del Congreso Nacional Indígena (CNI), quien también acompaña jurídicamente al pueblo Otomí.
El abogado le llama “simulación” al sistema de concesiones, porque “a través de la figura de las concesiones, el agua se ha entregado de manera brutal y desmedida a las grandes empresas y se ha concentrado en unas cuantas manos en este país. En el sector minero, para empresas refresqueras y cerveceras, para el sector industrial e inmobiliario, para la agricultura y ganadería industrial”, resume el asesor del CNI.
Carlos González señala que esta estrategia de privatización es la que se esta llevando acabo en la región del pueblo Otomí, principalmente con la concesión de su pozo ubicado en el Barrio 4 de esta comunidad, que formalmente es administrado por la CEA. “Con esta ley existe la posibilidad, la probabilidad altísima de que este pozo sea a su vez entregado a alguna empresa particular para su administración”, remarca el abogado del CNI.
Es por ello, dice Sara, “también iniciamos una lucha jurídica y fue así que se interpusimos varios amparos en Querétaro. Pero también nos comenzamos a movilizar”.
De acuerdo con el abogado, entre las diversas estrategias de lucha que este pueblo decidió sostener, han sido los recursos legales, entre ellos, tres amparos en contra de la ley. En contra de la omisión de entregarle la administración del pozo a la comunidad, la cual ha sido solicitado, en diversas ocasiones, por la comunidad. También por la posible concesión del pozo a alguna empresa privada.
“Entonces se logró que dos amparos resultaran a favor de la comunidad. Se obtuvo la suspensión en contra de estos actos inconstitucionales y tan lesivos para nuestros pueblos”, afirma el asesor jurídico.
La lucha debería de ser en todo el país
Cual, si fueran espejos, las problemáticas sociales y legales que se desprenden de la crisis hídrica que ya sufren diversos pueblos originarios de México, reflejan el mismo escenario de despojo. Esta 2ª Asamblea, que fue llevada acabo los días 18 y 19 de febrero en esta comunidad Otomí, inició en un pueblo donde decidieron accionar ante el saqueo descarado por la multinacional Danone.
La historia comienza en Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, Puebla, donde esta empresa de capital francés, con su filial Bonafont, que se instaló desde el año 1992 en esta comunidad, “extraía un millón 642 mil litros de agua por día. Además, explotaban a los trabajadores por los sueldos de miseria. Esta empresa nos dejo sin agua. En 2021, los 20 pueblos que nos hemos organizado ya no teníamos agua en nuestros pozos”, relata una activista de esta comunidad, quien, por seguridad, tan solo se presenta como Adela.
Esta empresa ofrece, en el mercado mexicano, un litro de agua a casi el mismo costo de un litro de gasolina. “Entonces si el robo del petróleo es un delito grave, ¿Por qué el gobierno permite el robo del agua y no lo tipifica como un delito?”, cuestiona el indígena Alejandro Torres de la organización de Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes.
Estos pueblos en una acción directa retomaron y clausuraron las actividades de la planta Bonafont. “Desde ese momento nuestros pozos comenzaron a tener agua de nuevo. Calculamos qué, desde que esta empresa dejó de explotar nuestra agua, más de mil 200 millones de litros de agua han vuelto a fluir hasta el día de hoy. Esa cuenta va a seguir creciendo porque no vamos a permitir que esa empresa vuelva a nuestros territorios a despojarnos del agua”, agrega Adela.
Es así que, tras este ejemplo, diversos pueblos de distintas entidades de México decidieron convocar a la 2ª Asamblea para fortalecer la defensa del agua y los territorios indígenas. Entre los acuerdos que decidieron fue que, como pueblos originarios, se apegarían la libre determinación y que no pedirán permiso al gobierno para administrar su agua. “Porque tenemos las fuerzas y las formas de organizarnos, sabemos administrar y cuidar nuestra agua, como lo hemos hecho desde tiempo atrás”, afirma el indígena Miguel López Vega, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala.
Los asistentes a esta 2ª Asamblea alertan que, de no actuar, la crisis que se avecina será mucho peor y esto no solo corresponde a los pueblos originarios, sino que también a las zonas urbanas. “La lucha debería de ser en todo el país”, acrecienta Adela.
Quienes participaron y suscribieron esta asamblea han nombrado este nuevo tiempo de despojo como “una guerra de exterminio” y los ejemplos son claros, al mencionar diversos proyectos que han escalado al ámbito de seguridad nacional para el Estado.
Entre las muestras están: “El saqueo, la extracción, el tráfico, la venta y la explotación del agua. B) El exterminio de nuestros bosques, ríos, mares, minerales, flora, fauna, riqueza y diversidad tanto cultural como lingüística. C) La imposición de megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos y D) Por todos los medios buscan acabar con la autonomía de nosotros, los pueblos indígenas”, denuncian en sus acuerdos.
Para dar continuidad a sus trabajos organizativos han acordado realizar la 3ª Asamblea, que será realizada los días 12 y 13 de agosto, en el Pueblo Originario de Xochimilco, si así lo aprueba la comunidad.
Entre las distintas actividades a las que convocan previamente, serán los días 8, 9 y 22 de marzo, que van desde distintas movilizaciones, pero sobre todo una “Acción Global en contra del despojo de Agua y por el derecho a la Vida”, en el marco de la conmemoración de la Organización de las Naciones Unidas sobre la importancia del acceso al agua potable como una necesidad básica de la humanidad.
En contraparte, buscan denunciar el despojo, la privatización y el saqueo del agua, sobre todo de “las empresas saqueadoras como Nestle, Bonafont, Danone, Coca Cola y empresas inmobiliarias turísticas”.
Al cierre de este encuentro, el día lunes (20), en conferencia de prensa remomoraron al activista que se opuso al Proyecto Integral Morelos (PIM), asesinado cuatro años atrás, el indígena Samir Flores Soberanes.
“Su lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) y su oposición abierta a la Termoeléctrica de Huexca generaron que el narco estado ordenara su ejecución. Cuatro años después, no solamente condenamos la dilatación de la justicia y la impunidad, demandamos verdad y justicia para Samir. Hoy refrendamos que las semillas que sembró en el andar de su lucha, florecen en esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida”.
Esta Asamblea fue dedicada a los activistas Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Garza, quienes desaparecieron desde el pasado 15 de enero en Aquila Michoacán. En todo el evento se hizo énfasis en la exigencia de la presentación con vida de los activistas.
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Fotografía: Avispa. Participantes de la 2ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida posan sobre un camión cisterna para enfatizar la crisis hídrica que experimentan diversas entidades del territorio mexicano. Foto: Santiago Navarro F
